La Corte Internacional de Justicia (CIJ) invalidó este jueves una ley de Bélgica que faculta a los tribunales de ese país a juzgar a gobernantes extranjeros por crímenes de guerra y genocidio.
Organizaciones de derechos humanos consideraron que la decisión constituye un enorme retroceso en el combate internacional contra la impunidad.
La Corte, con sede en La Haya, rechazó una orden internacional de arresto librada por Bélgica contra el ex canciller de la República Democrática del Congo, Yerodia Abdoulaye Ndombasi, y estableció que los tribunales belgas no pueden despojar al acusado de su inmunidad diplomática, aun cuando sea juzgado por actos cometidos fuera del cargo.
Yerodia, ahora ministro de Educación, integra una larga lista de líderes mundiales, como el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, y el presidente de Cuba, Fidel Castro, acusados de crímenes de lesa humanidad según la ley belga.
Según expertos en derecho, esos gobernantes, así como los presidentes de Costa de Marfil, República del Congo, Ruanda y República Centroafricana, estarían amparados por el fallo de la CIJ.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel saludó la decisión e instó a Bélgica a detener los procedimientos contra Sharon.
«La corte falló en forma terminante que los gobernantes y jefes de Estado gozan de total inmunidad para ser juzgados», reconoció el asesor legal de la cancillería belga, Jan Devadder. A su juicio «el proceso contra Sharon está terminado».
En su presentación del caso, el presidente de la CIJ, Gilbert Guillaume, afirmó que la corte ha «concluido que no existen excepciones en el derecho internacional a la ley que establece la inmunidad en procesos penales ante tribunales de una nación extranjera».
Guillaume citó como precedente la decisión adoptada en 1999 por la Cámara de los Lores de Gran Bretaña, que permitió retornar a Chile al ex dictador Augusto Pinochet, en lugar de extraditarlo a España, como reclamaba el pedido de captura internacional librado por el juez español Baltasar Garzón.
Garzón investigaba el asesinato y la desaparición de miles de personas durante el régimen de Pinochet.
Dada la inmunidad de Yerodia como canciller, el magistrado belga no podría «respaldarse en una jurisdicción universal que no es reconocida por el derecho internacional», según Guillaume.
Esta decisión subraya la urgente necesidad de establecer el Tribunal Penal Internacional con facultades para tratar los casos de genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad, afirmaron organizaciones de derechos humanos.
Cincuenta y dos países ratificaron el Protocolo de Roma, que requiere 60 ratificaciones para su entrada en vigor y la conformación del Tribunal. La mayoría de los observadores estiman que las ocho ratificaciones necesarias se alcanzarán en los próximos cuatro meses.
«Esto es decepcionante, pues protege efectivamente a algunos gobernantes de ser juzgados por atrocidades» opinó Reed Brody, de la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
«Los ministros que comenten crímenes contra la humanidad seguramente no serán juzgados en su país, y este fallo determina que también gozarán de impunidad en el exterior», agregó.
«Esta decisión contradice una creciente tendencia del derecho internacional y los notables esfuerzos de jurisdicciones nacionales por poner fin a la impunidad», afirmó la organización Amnistía Internacional, con sede en Londres.
La legislación belga, aprobada en 1993 y ampliada en 1999, procuraba cumplir con convenciones internacionales de derechos humanos, al otorgar facultad de juzgar crímenes extremos como genocidio.
La ley permite a los tribunales nacionales entender en delitos no cometidos en su territorio y sin participación de ciudadanos belgas.
Hasta ahora, sólo concluyó un juicio. En 2001 un jurado civil halló culpables de complicidad en el genocidio de 1994 en Ruanda a cuatro ciudadanos de ese país, entre ellos dos monjas.
El proceso contra Sharon fue el más difundido por la prensa. La denuncia fue presentada el año pasado por sobrevivientes de la masacre de palestinos cometida en 1982 en los campamentos de refugiados de Sabra y Shatila, en Líbano, que permanecía bajo ocupación militar de Israel.
Sharon era entonces ministro de Defensa. Una comisión investigadora de su país lo halló «responsable indirecto» de la matanza, por lo cual se vio obligado a renunciar a su cargo.
El proceso contra Yerodia se basó en su supuesta incitación a la masacre de varios cientos de tutsis en la región occidental de República Democrática del Congo, en 1998, cuando servía como jefe de gabinete del ex presidente Laurent Kabila.
Un tribunal de Bélgica libró un pedido de captura internacional contra Yerodia en 2000, cuando ejercía el cargo de canciller de su país.
El pedido solicitaba la detención preventiva del ministro y la posterior extradición a Bélgica por «graves violaciones al derecho humanitario internacional».
Tras un breve paso por la cancillería en 2000, Yerodia asumió como ministro de Educación, cargo que aún ejerce. (FIN/IPS/tra- eng/jl/dc/hd ip/02
