Colombia no reúne las condiciones en materia de derechos humanos para obtener la ayuda militar adicional que el presidente estadounidense George Bush gestiona ante el Congreso, advirtieron este martes Amnistía Internacional y otras dos organizaciones.
Colombia no ha hecho suficientes progresos para cumplir las condiciones que el Congreso impuso el año pasado a la asistencia militar, según señalaron en un informe Amnistía, Human Rights Watch y la Oficina de Washington para América Latina.
La administración de Bush no puede asegurar de buena fe que hubo en Colombia progresos suficientes para cortar los vínculos del ejército con los paramilitares de derecha ni para el castigo de los oficiales y soldados responsables de violación de derechos humanos, como lo exige la legislación relativa a la ayuda al exterior, observaron las tres organizaciones.
La decisión será tomada por el secretario de Estado (canciller) Colin Powell, encargado de conceder la certificación en materia de derechos humanos, y se aguarda para fines de este mes.
En función del resultado de la visita a Bogotá que realiza uno de sus principales colaboradores, el vicesecretario Marc Grossman, Powell viajaría en marzo a Colombia.
«Los hechos son claros», afirmó Alexandra Arriaga, de Amnistía Internacional-Estados Unidos. «Colombia no reúne las condiciones identificadas por el Congreso en el área de derechos humanos, e incluso hay evidencia de retroceso».
«Una prematura o defectuosa certificación de las condiciones relativas a derechos humanos impuestas por la legislación sobre asistencia puede debilitar la influencia que Estados Unidos tiene en este crucial asunto», se dice en el informe de 32 páginas, que fue entregado el viernes a funcionarios del Departamento de Estado.
Una decisión de ese tipo entrañaría el mensaje «de que el gobierno de Estados Unidos pretende cerrar un ojo ante violaciones de derechos humanos y habilitaría a Colombia a seguir el conocido camino de impunidad, violencia y terror», se agregó.
La certificación del Departamento de Estado se aguarda en Washington entre una creciente preocupación por la situación en Colombia, donde la guerra civil se cobra 20 vidas por día.
Este año se celebrarán elecciones para reemplazar al presidente Andrés Pastrana, que lleva adelante un diálogo de paz con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La mayoría de los analistas de Washington creen que el proceso de paz no podrá subsistir con el cambio de gobierno. En el conflicto colombiano intervienen las FARC y otros grupos rebeldes, por un lado, las Fuerzas Armadas, por otro, y, por último, las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Washington ha entregado a Colombia en los últimos siete años una ayuda militar equivalente a más de 1.000 millones de dólares. La mayor parte de ese costo correspondió a helicópteros y al entrenamiento y equipamiento de tres batallones especiales.
El propósito fue poner en condiciones al ejército para combatir con eficacia en terriorios controlados por los guerrilleros el cultivo de coca, materia prima de la cocaína, y de adormidera, la papaverácea de la que se obtienen opio y heroína, y realizar operaciones contra laboratorios de drogas.
Como resultado, Colombia se ha convertido en el tercer receptor mundial de ayuda militar de Estados Unidos, después de Israel y Egipto.
Bush solicitó el lunes al Congreso, en el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2003, que comenzará en octubre, más asistencia militar para Colombia.
El presidente pidió 98 millones de dólarae para entrenar y equipar a un nuevo batallón colombiano, que será destinado a proteger las obras de infraestructura, especialmente los oleoductos, del sabotaje de guerrilleros. Esa suma forma parte de un paquete de 700 millones de dólares contra las drogas.
En 1999, el Congreso exigió al gobierno que certificara que Bogotá estaba haciendo «un claro y convincente progreso» en áreas clave, como derechos humanos, control civil sobre los militares y combate contra los paramilitares.
Estos, los paramilitares agrupados en las AUC, son los principales responsables de las masacres de civiles, aseguran las organizaciones de derechos humanos.
Pero el predecesor de Bush en el gobierno, Bill Clinton, vio una excepción en la legislación y, pese a admitir que las condiciones establecidas no habían sido satisfechas, dio curso a la ayuda.
Clinton se apoyó en una cláusula legal que le permitía «renunciar» por razones de seguridad nacional a los requisitos impuestos. El Congreso eliminó entonces el año pasado la opción de la renuncia e impuso condiciones más rígidas para la asistencia militar a Colombia.
En primer lugar, debe comprobarse que el gobierno colombiano ha suspendido o dado de baja a los soldados y oficiales bajo sospecha fundada de graves violaciones de derechos humanos o de ayudar a los paramilitares,
En segundo término, también debe verificarse la colaboración de los militares con fiscales y tribunales civiles para investigar informes de violación de derechos y para perseguir y capturar a paramilitares identificados.
Por último, el Congreso exige certificar que las Fuerzas Armadas de Colombia han tomado medidas eficaces para acabar con los lazos de sus miembros con los paramilitares y para cumplir las órdenes de captura de éstos.
«No creemos posible decir que se ha producido progreso en alguno de estos tres capítulos», comentó José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch.
De «toda evaluación honesta y precisa» de los hechos se debe concluir que Colombia no puede recibir ayuda militar, debido a la falta de cumplimiento de las condiciones impuestas en materia de derechos humanos», afirmó Vivanco.
El informe reconoce que centenares de oficiales y soldados fueron dados de baja del ejército colombiano. Pero también señala que no está documentada la razón de su despido, un requisito exigido específicamente por el Congreso. Algunos soldados abandonaron las Fuerzas Armadas para unirse a los paramilitares.
No obstante, la mayoría de los analistas creen que Powell firmará la certificación, para permitir la entrega de la ayuda a Colombia.
«No he sabido que se considere la posibilidad de negar la certificación a Colombia, especialmente después de los atentados del 11 de septiembre» en Nueva York y Washington, advirtió Michael Shifter, vicepresidente del instituto Diálogo Interamericano y especialistas en asuntos de la región andina.
Los activistas consideran la certificación a Colombia la vara que medirá el compromiso de la administración de Bush con los derechos humanos en tiempos de guerra contra el terrorismo.
«Este es un caso crucial», indicó Coletta Youngers, una especialista en cuestiones de Colombia de la Oficina de Washington para América Latina.
Después de los atentados de septiembre, el Departamento de Estado incorporó a las AUC a su lista de organizaciones terroristas, en la que también figuran las FARC. (FIN/IPS/tra- en/jl/ff/hd ip/02
