La visita a China del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, este jueves y el viernes, puede ser decisiva para el aumento en Asia de las libertades políticas, civiles y religiosas, según activistas por los derechos humanos.
Beijing y otros gobiernos de Asia verán si la mejora de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China, tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, implica que el gobierno estadounidense será más tolerante ante abusos de las autoridades chinas, sostienen.
«Los derechos humanos deben ser prioritarios en el diálogo de Bush con China», afirmó el experto en leyes tailandés Vitit Muntarbhorn, copresidente de la organización no gubernamental (ONG) Grupo de Trabajo por un Mecanismo de Derechos Humanos en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
El presidente estadounidense «debe plantear esa cuestión en términos constructivos, para promover más acciones por la defensa de los derechos humanos», opinó.
La actual búsqueda estadounidense de apoyo a la campaña contra el terroristmo lanzada tras los ataques de septiembre hace crucial que Bush «no finja ceguera ante la represión aplicada por Beijing», dijo Mike Jendrzejczyk, director de la División Asia de la ONG Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.
«Sería un desastre que Bush diera la impresión de que Estados Unidos abandona sus compromisos previos con la promoción de los derechos humanos en China, a cambio del involucramiento de Beijing en el esfuerzo antiterrorista», explicó.
«Algunos gobiernos de Asia pueden interpretar que Estados Unidos ha cambiado su política humanitaria para Asia, si Bush disminuye la presión en la materia sobre China, comentó Sartika Soesilowati, conferencista sobre ciencias políticas en la indonesia Universidad de Surabaya.
Eso puede conducir a que esos gobiernos reivindiquen una vez más el derecho a «implementar 'valores asiáticos'», como excusa para mantener regímenes autoritarios y reprimir a sus pueblos, destacó.
Bush afirmó el fin de semana que plantearía al gobierno de China su inquietud por los derechos humanos en ese país, incluyendo la libertad de culto, antes de iniciar su actual gira de una semana por Asia, que incluye escalas previas en Japón y Corea del Sur.
«Expresaré mi esperanza en que China avance y responda a la demanda mundial de dignidad humana, libertades de conciencia y religiosa, y respeto por el valor de cada vida», sostuvo.
Beijing sostiene que cuestiones como la de la libertad religiosa son asuntos internos.
Antes de la partida de Bussh, HRW dio a conocer un informe sobre violaciones de los derechos humanos en China durante 2001.
Esos abusos incluyen desde restricciones de la libertad de expresión hasta «decenas de miles» de condenas anuales a periodos de tres años de «reeducación mediante el trabajo», que se dictan «sin procesos formales de acusación y juicio», aseguró.
«La Organización de las Naciones Unidas ha condenado ese sistema (de campos de trabajo forzado) por su inherente arbitrariedad», destacó, e instó a Bush a «procurar un compromiso concreto de China con la abolición de la 'reeducación mediante el trabajo'».
La ONG también señaló la dura actitud de Beijing en relación con minorías étnicas y religiosas, entre ellas las de los integrantes de la secta Falun Gong, los tibetanos y la comunidad musulmana que habla turco en la sudoccidental provincia de Xinjiang.
La semana pasada, la ONG humanitaria estadounidense Freedom House (Casa de las Libertades), con sede en Washington, divulgó otro informe sobre la situación en China, en el cual acusó a Beijing de perseguir en forma sistemática a «grandes comunidades religiosas no autorizadas, cristianas y de otros credos».
«Las medidas contra grupos religiosos prohibidos incluyen vigilancia, infiltración mediante agentes secretos especiales, investigación de presuntos crímenes, completa demolición de estructuras organizactivas, interrogatorios, arrestos, y confiscación de propiedad eclesiástica», afirmó.
Funcionarios estadounidenses han expresado preocupación por la condena a prisión dictada en Hong Kong contra el hombre de negocios Li Guangqiang, bajo cargos de «comercio ilegal», por introducir biblias a China de contrabando.
A comienzos de este mes, medios de comunicación estatales chinos informaron que esa condena podía ser cumplida en la modalidad de arresto domiciliario, porque el sentenciado padece hepatitis de tipo B.
La ONG humanitaria Amnistía Internacional instó a Bush a ejercer presión sobre Beijing para que libere a más de 200 personas encarceladas a quienes ese grupo considera presos de conciencia.
Una de esas personas es la empresaria y activista humanitaria Rebiya Kadeer, de Xinjiang, arrestada en agosto de 1999 «mientras intentaba reunirse con funcionarios del Congreso estadounidense en visita oficial a China», señaló.
Otra cuestión humanitaria en países asiáticos jerarquizada por activistas es la opresión de comunidades musulmanas opositoras de Tajikistán y Uzbekistán.
El gobierno estadounidense es criticado por no condenar violaciones de los derechos humanos y corrupción por parte del gobierno de Uzbekistán, otro nuevo aliado de Washington tras los atentados de septiembre.
En los últimos meses, Filipinas, India, Indonesia y Malasia han endurecido sus políticas de seguridad nacional, a expensas de las libertades políticas y civiles según los críticos.
Otras naciones asiáticas que ya aplicaban severas doctrinas en materia de seguridad nacional, como Pakistán, han hecho poco por moderarlas en los últimos tiempos.
Todos esos países, al igual que China, han procurado justificar sus medidas represivas en nombre del apoyo a la «guerra contra el terrorismo» lanzada por Bush.
«Se ha demostrado que es más fácil ganar apoyo y simpatía estadounidenses con una diplomacia del antiterrorismo que con una de los derechos humanos», aseveró Soesilowati.
«Debemos estar en guardia contra falsos argumentos de Estados y otros grupos que intentan disimular con ellos sus violaciones de los derechos humanos», sostuvo Vitit.
«No debería existir contradicción entre el respeto de los derechos humanos y el antiterrorismo. Las medidas que se adoptan en nombre de la lucha contra el terrorismo no deben ser aceptadas como si fueran una verdad revelada, sino vigiladas y evaluadas por la comunidad internacional», añadió. (FIN/IPS/tra-eng/mmm/js/mp/hd ip/02
