El Grupo de Río, principal foro intergubernamental de América Latina, formulará reformas para darle «más objetividad» y restarle politización a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Los cancilleres del Grupo de Río aprobaron el viernes la creación de un grupo de trabajo dedicado a proponer transformaciones sustanciales al sistema de derechos humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
El bloque latinoamericano pretende despolitizar el mecanismo de «condenas anuales» contra países como Cuba, que se ha convertido en usual en la Comisión de Derechos Humanos, y promover la integración entre el trabajo de ese cuerpo y el de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El propio presidente de la Comisión, Leandro Despouy, de Argentina, manifestó su coincidencia con la iniciativa de la XXI Reunión de Cancilleres del Grupo de Río celebrada el viernes en San Rafael de Heredia, 30 kilómetros al noroeste de San José.
«La reforma del sistema de Naciones Unidas es necesaria y permanente, aunque es muy compleja y delicada», afirmó Despouy en rueda de prensa, luego de reunirse con los cancilleres.
El diplomático argentino sostuvo que algunos países consideran que las «condenas anuales» emitidas por la Comisión de Derechos Humanos contra ciertos gobiernos están «politizadas», y que esa es una realidad «que hay que corregir».
«Estoy a favor de todo lo que sea mejorar y darle más objetividad a las decisiones de la Comisión», señaló.
Despouy manifestó, sin embargo, que las próximas semanas no serán el momento adecuado para considerar las reformas en ciernes, pues la Comisión de Derechos Humanos está en las vísperas de su reunión anual, que se realizará del 18 de marzo al 26 de abril en Ginebra.
La reforma de la Comisión de la ONU «es la bandera de salida de una serie de reformas que pretendemos impulsar», dijo a IPS la vicecanciller de Costa Rica, Elayne Whyte, portavoz de la reunión del Grupo de Río en San Rafael de Heredia.
«Lo que queremos es eliminar la polarización que ha habido en la Comisión en algunos de sus procedimientos», agregó Whyte.
A la reunión en San Rafael de Heredia asistieron diplomáticos de los 19 países del Grupo de Río, entre ellos ocho cancilleres y 11 vicecancilleres.
Whyte explicó que la propuesta tendrá sus efectos luego de la reunión anual de la Comisión de Derechos Humanos, que se celebrará en marzo y abril. «No podemos forzar a que los cambios se hagan ahora. Es un proceso que pretendemos consolidar tras un largo trabajo», añadió.
Una fuente cercana al Grupo de Río dijo a IPS que los gobiernos latinoamericanos rechazan el manejo de las «condenas anuales» de la Comisión, que, al parecer por intereses políticos, se aprueban contra países como Cuba pero no contra otros en que se cometen notorias violaciones de derechos humanos.
La meta del bloque latinoamericano es que se establezcan «reglas claras» en la evaluación de los países donde eventualmente violen los derechos humanos.
Otro objetivo es fortalecer a la figura de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hoy a cargo de la irlandesa Mary Robinson.
Los 53 países miembros de la Comisión son elegidos por el Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc) por un periodo de tres años, con un número proporcional de plazas por regiones: 15 de Africa, 12 de Asia, cinco del este de Europa, 11 de América Latina y el Caribe y 10 de Europa occidental y otros países.
La Comisión sesionará a partir de marzo por primera vez en 56 años sin la presencia de Estados Unidos como miembro. El país fue excluido en la votación secreta realizada el 10 de mayo pasado en el Ecosoc, que sesiona en Nueva York, por la pérdida de apoyo de Europa occidental.
La ausencia de Washington se notará en las discusiones en que suele operar como acusador, en especial contra China, Chechenia, y en el caso de Israel, cuyas posiciones frente a Palestina y al mundo árabe suele respaldar.
Las autoridades latinoamericanas consideran que el movimiento de reforma que emprenderán será en el mediano y largo plazo trascendental para el futuro del sistema internacional de derechos humanos.
«Si logramos hacer una propuesta coherente y que incorpore muchos puntos de vista creo que sí va a tener mucho eco interncional», dijo a IPS el vicecanciller de Chile, Christian Barros.
Barros sostuvo que América Latina está en el camino correcto al tomar la iniciativa. «Tenemos que tomar el ejemplo de Costa Rica, un país que propuso la creación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que 20 años después vio su iniciativa hecha realidad», añadió.
Con respecto al voto de Chile en la Comisión de Derechos Humanos en una eventual propuesta de censura contra Cuba, Barros aseguró que su país todavía no ha definido una posición.
Actualmente la Comisión es integrada por nueve países latinoamericanos que son Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
Los cancilleres también aprobaron en su cita en Costa Rica dar un enfoque más integral a sus programas nacionales de combate a la pobreza, pues aseguraron que antes se le había dado un cariz muy economicista.
Las autoridades del Grupo de Río ordenaron el establecimiento de una comisión que recopilará los programas latinoamericanos más exitosos en la lucha contra la pobreza, de modo de compartir las experiencias y eventualmente adoptarlos en distintos países.
Los cancilleres también acordaron definir una posición unificada hacia la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Financiamiento al Desarrollo, en la ciudad mexicana de Monterrey del 18 al 22 de marzo, y hacia la Segunda Cumbre de América Latina y el Caribe con la Unión Europea, en Madrid el 17 y 18 de mayo. (FIN/IPS/nms/mj/hd ip/02
