Comunidades rurales de Colombia apelan a la movilización sin armas para resistir un conflicto interno que en los últimos siete días se cobró casi 50 vidas y causó la destrucción de servicios públicos.
Los habitantes de Corinto, una localidad del meridional departamento de Cauca, lograron evitar el jueves, por segunda vez en menos de tres meses, ser desalojados de sus parcelas por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y por guerrilleros izquierdistas.
Así mismo, indígenas paez de Buenavista, otra localidad de Cauca, habían resuelto poco antes detener el avance de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de las AUC, que se enfrentan por el control de ese territorio.
Reunidos en Cabildo (concejo indígena), los paeces se comprometieron a hacer frente a los grupos irregulares que los asedian armados sólo con pañuelos blancos, con sus bastones de mando y con la legislación indígena, que los favorece.
«Ese es su territorio, es lo único que ellos tienen y lo van a defender sin necesidad de usar fusiles», afirmó a IPS Pablo Tatai, asesor de la Organización Indígena de Colombia (ONIC).
Tatai señaló que la resistencia no armada se viene gestando desde mediados del año pasado, cuando la comunidad paez creó las guardias cívicas (grupos de vigilancia) para impedir el acceso de los rebeldes o paramilitares en sus áreas.
Para Daniel García-Peña, ex asesor de paz del gobierno, la movilización pacífica de comunidades rurales evidencia «el creciente agotamiento de muchos colombianos ante la guerra y sus actores armados».
Los paeces ya habían realizado el 12 de noviembre otra jornada de resistencia civil, en la localidad de Caldono.
Munidos de sus bastones de mando y entonando canciones de la argentina Mercedes Sosa se volcaron a las calles para cerrar el paso a las FARC, una organización que paralelamente negocia con el gobierno para restar intensidad al conflicto armado.
El miércoles, en Bogotá y en 29 municipios del sudoriental departamento del Meta se produjo el primer «cacerolazo» de la historia de Colombia, en su caso contra la ofensiva lanzada por las FARC poco tiempo antes.
Durante casi 15 minutos, cerca de 300 manifestantes en un parque del norte de Bogotá y 15.000 en los centros urbanos del Meta hicieron sonar las bocinas de sus automóviles, utilizaron silbatos y golpearon cacerolas en señal de protesta.
El «cacerolazo» fue una manera de hacer saber a los violentos que los colombianos no están dispuestos a aceptar la destrucción del país, comentó Antanas Mockus, alcalde de Bogotá.
Mockus denunció el pasado lunes a las FARC ante la Fiscalía por violación del derecho internacional humanitario y por «uso de métodos de guerra ilícitos y la destrucción de bienes vitales para la población».
Las FARC fueron identificadas por las autoridades como responsables de un atentado la semana pasada contra la represa del Guavio, que suministra agua a la capital, y de la voladura de 10 torres de transmisión de energía, cuyo colapso determinó el racionamiento de la electricidad.
El gobernador del Meta, Luis Torres, observó que en ese departamento se hallan Mesetas y La Uribe, dos de los cinco municipios que el gobierno desmilitarizó hace tres años para las negociaciones de paz con las FARC.
La población de Mesetas y La Uribe no ha recibido de los rebeldes el tratamiento que se merece, dijo Torres.
«La voladura de torres de energía y de puentes, y el asalto a poblados, se registran a diario y mantienen a la gente paralizada por el miedo», agregó.
James Lemoyne, delegado para Colombia del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, advirtió que la confirmación de la responsabilidad de FARC en los atentados de las últimas semanas sería un hecho grave para el proceso de paz.
Lemoyne, en coordinación con representantes del grupo de países facilitadores de la negociación del gobierno con las FARC, hicieron posible la reactivación del diálogo, que se encontraba en su etapa más critica.
Las FARC, la principal organización guerrillera de Colombia, se comprometieron el 22 de enero a firmar con el gobierno a más tardar el 7 de abril un acuerdo para reducir la intensidad del conflicto armado.
Pero el ejército asegura que ese grupo es el protagonista de la escalada de violencia de las últimas dos semanas. (FIN/IPS/yf/dm- ff/ip pr/02
