Cerca de la tercera parte del territorio de Colombia fue alcanzada este miércoles por la ofensiva de las insurgentes FARC contra la infraestructura de servicios públicos, iniciada tras la ruptura de las negociaciones de paz con el gobierno.
Más de 60 municipios carecen de electricidad o sufren racionamiento en los departamentos meridionales de Cauca y Nariño, los centrales de Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Huila y Tolima y el centrooriental de Meta.
Dieciseis municipios de Caquetá, nueve de Huila y siete de Cauca están totalmente a oscuras desde el viernes, cuando guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) dinamitaron una central generadora de electricidad en Huila.
La situación más grave se vive en el departamento de Caquetá, donde cerca de 300.000 personas carecen de agua potable porque ese servicio funciona con elergía eléctrica, indicó el viceministro de Salud, Carlos Castro.
Algunos municipios de Caquetá, como San Vicente del Caguán, sede de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC rotas la semana pasada, están además sin servicio de teléfono, pues los guerrilleros dinamitaron la estación local de la empresa estatal de telecomunicaciones.
Así mismo, 11 localidades de Caquetá y 14 de Tolima también están desde el lunes sin servicio telefónico. Además, fueron destruidos con explosivos dos puentes que unen la localidad de Florencia con Neiva, la capital más próxima.
El alcalde de San Vicente del Caguán, Néstor Ramírez, afirmó que declarará la emergencia sanitaria en la localidad y pidió al gobierno ayuda para afrontar la crisis.
Así mismo, en Cauca fue dinamitada una torre que transmitía electricidad a los municipios de ese departamento y a dos localidades del norte de Ecuador.
El último atentado contra el servicio de telecomunicaciones se registró en Boyacá, departamento donde quedaron incomunicadas 12 localidades.
El gobierno calificó de grave de la crisis de los servicios públicos en la región de San Vicente del Caguán, donde la falta de agua potable, electricidad, telecomunicaciones y transporte terrestre agravó la crisis hospitalaria, informó el viceministro Castro, enviado a la zona para hacer frente a la situación.
El servicio de electricidad podría normalizarse hasta el jueves en algunos municipios, pero en otros, como los de Cauca, se tardará tras semanas, dijo la ministra de Minas, María Lafourie.
Los ataques de las FARC contra torres de transmisión de electricidad y otras instalaciones de servicios básicos «era previsible» tras la ruptura de las negociaciones declarada por el presidente Andrés Pastrana el 20 de este mes, dijo a IPS el diputado independiente y ex guerrillero Antonio Navarro.
El objetivo de los ataques es causar un efecto psicológico en la población y enviar a las Fuerzas Armadas el mensaje de que la guerrilla es capaz de desestabilizar el país, según Navarro.
El legislador consideró probable que las FARC y el gobierno vuelvan a negociar cuando adviertan que no es posible la derrota militar total del adversario.
Tras reunirse este martes con los gobernadores de los 32 departamentos del país, Pastrana anunció que una serie de medidas contra los atentados contra la infraestructura de servicios básicos, a los que calificó de «terroristas».
Entre esos planes, el mandatario incluyó recompensas a quienes colaboren con la captura de dirigentes de las FARC.
«Los días que vienen son difíciles. Las FARC no se están enfrentando» con las Fuerzas Armadas sino con «los indefensos, (con) la población civil, mediante estos actos terroristas», dijo Pastrana.
Las FARC advirtieron que la ruptura de las negociaciones tendrá como consecuencia la guerra total, y que miles de muertos se sumarán a los cerca de 40.000 que ha dejado el conflicto armado en la última década.
El directivo de las FARC Pablo Catatumbo dijo que la ruptura de las negociaciones fue «un error histórico no sólo del presidente Pastrana sino del establecimiento y (de) la oligarquía colombiana».
Por su parte, el ministro de Justicia, Armando Estrada, indicó este miércoles que Colombia «anhela y necesita la colaboración» de Estados Unidos, de modo de utilizar la asistencia destinada por ese país a la lucha contra el narcotráfico en el combate a organizaciones «terroristas».
Las fuerzas de seguridad iniciaron el jueves pasado un operativo para recuperar la zona de 42.000 kilómetros del sudeste donde realizaban las negociaciones con las FARC, con un despliegue de 10.000 soldados.
Funcionarios del gobierno de George W. Bush se reunieron el martes para analizar en qué forma ayudarán al gobierno colombiano contra la guerrilla y contra los paramilitares de derecha, pero aún no hay luz verde para que Bogotá utilice con ese fin recursos asignados a la lucha antidrogas.
Un amplio sector del opositor Partido Demócrata estadounidense se niega a que el Congreso legislativo elimine las normas que restringen la ayuda al Plan Colombia del presidente Pastrana al combate contra el narcotráfico.
El gobierno de Estados Unidos aportó 1.500 millones para la lucha antidrogas del Plan Colombia, que se desarrolla en áreas de alta presencia guerrillera, y estudia un aporte adicional de 400 millones.
Sin embargo, el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos considera con funcionarios del gobierno de Pastrana otras opciones de ayuda, informó la corresponsalía en Washington el canal privado colombiano RCN.
El diario The Washington Times informó que el Departamento (ministerio) de Defensa estadounidense (Pentágono) puede registrar movimientos de los insurgentes a través de fotografías satelitales, e incluso conversaciones entre guerrilleros, pero las leyes le prohíben entregar esa información a Colombia. (FIN/IPS/yf/mj/ip/02
