Dinero de dudoso origen volvió a aceitar en Colombia la maquinaria montada rumbo a los comicios legislativos del 10 de marzo, según candidatos opositores, mientras políticos y religiosos muestran preocupación ante la falta de reglas claras sobre financiamiento de campañas electorales.
En el suroccidental departamento del Valle del Cauca, cuya capital es Cali, la campaña «está permeada por dineros de dudosa procedencia», sostuvo el candidato del opositor Partido Liberal al Senado por esa jurisdicción Jaime Cabal, ex ministro de Desarrollo.
Otro candidato liberal del mismo departamento, Juan Caycedo, afirmó que nunca había visto una campaña con tanta «compra-venta» de votos y un manejo de recursos de tal magnitud que «deja dudas sobre su procedencia».
Mientras, el obispo de Cali —capital del Valle del Cauca—, Isaías Duarte exhortó el 12 de este mes a sus feligreses «abstenerse de votar por los candidatos apoyados por el narcotráfico».
El presidente Andrés Pastrana pidió al religioso revelar la información que conociera sobre financiamiento ilegal de las campañas. «Es una obligación ciudadana» y «un deber pastoral» que diga lo que sepa, sostuvo el mandatario.
Pero Duarte replicó que «la labor de la Iglesia es la de señalar los peligros, pero no la de condenar».
Pastrana, perteneciente al Partido Conservador, manifestó su preocupación de que se repitiera lo ocurrido en 1994, cuando el liberal Ernesto Samper accedió a la Presidencia y fue luego acusado de haber financiado su campaña con dinero aportado por el narcotraficante Cartel de Cali.
Cabal exigió investigar el financiamiento de las abultadas campañas en el Valle del Cauca, donde viven tres de los 40 millones de habitantes de Colombia.
El candidato liberal aseguró que, en algunos casos, se violan los topes autorizados por el Consejo Nacional Electoral y se emplean con fines proselitistas fondos estatales para los que se ha fijado otros destinos.
Los topes varían para los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, y también según las regiones. Un aspirante a diputado de Bogotá, por ejemplo, puede gastar un millón de dólares, suma que se duplica en caso de los postulados al Senado.
Pero, por otra parte, cada parlamentario tiene la facultad de indicar al gobierno proyectos que, según su criterio, deben financiarse con un fondo especial, y cuyo dinero suele terminar en manos de candidatos por los manejos de algunos políticos, empresas pirata y testaferros, advirtieron observadores.
El senador independiente y ex guerrillero Antonio Navarro solicitó el congelamiento de esas partidas —de las cuales hoy están disponibles 320 millones de dólares— hasta después de las elecciones parlamentarias.
Las denuncias relativas al financiamiento de la campaña serán estudiadas por un fiscal especializado, tal como lo decidió la Comisión de Seguimiento Electoral coordinada por el Ministerio del Interior.
Además de las elecciones parlamentarias del 10 de marzo, el 26 de mayo se celebrará la primera ronda de las elecciones presidenciales y en junio se realizará la segunda, en caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta de los votos.
Están habilitados para votar 23,5 millones de colombianos, que elegirán 102 senadores y 166 representantes a la Cámara de Representantes.
Después de lo ocurrido con Samper era de esperar un fuerte control sobre el financiamiento de las campañas electorales, pero eso no sucedió, sostuvo Ingrid Betancur, candidata del movimiento pluripartidista Oxígeno que dedica buena parte de su prédica a la lucha contra la corrupción.
Betancur ha asegurado que varios dirigentes que purgaron prisión en el marco del proceso 8.000, instancia judicial que investigó el vínculo entre política y narcotráfico a propósito del triunfo de Samper, adhieren hoy a los candidatos Horacio Serpa, del Partido Liberal, y Alvaro Uribe, independiente.
Uribe, de origen liberal, es el favorito, con 53 por ciento de la intención de voto de los entrevistados por las encuestadoras Invamer y Centro Nacional de Consultoría para un estudio divulgado el 14 de este mes.
También es objeto de críticas el sistema de registro de los candidatos al parlamento, basado sobre los denominados «avales» emitidos por los partidos y que, según algunos analistas, no cuentan con controles adecuados.
El Partido Conservador, por ejemplo, sólo obliga al aspirante a un escaño parlamentario a asegurar, mediante una declaración firmada, que no tiene problemas con la justicia ni vínculos con organizaciones armadas.
Por su parte, el Partido Liberal también exige la firma de una declaración de 16 puntos, entre ellos el respaldo a la candidatura presidencial de Serpa y a su plataforma.
El Tiempo, único diario de circulación nacional, sostuvo el 13 de este mes en su editorial que sólo una reforma política profunda puede impedir el aporte de narcotraficantes a la campaña electoral y la presencia de «gallos tapados», candidatos que, en realidad, responden a paramilitares de derecha o insurgentes.
«De lo contrario, corruptos y testaferros del narcotráfico y los grupos armados tendrán cada día el campo más libre para hacerse elegir», sostuvo El Tiempo.
La presión ejercida con las armas por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y por guerrilleros a favor o en contra de determinados candidatos también ha puesto en tela de juicio la transparencia de la campaña electoral.
«El poderío de las AUC se verá reflejado políticamente con más de la tercera parte de los escaños del Congreso» legislativo, dijo abiertamente el comandante de la organización clandestina derechista Salvatore Mancuso.
La compra de votos solo se eliminará mediante una reforma política que incluya el voto obligatorio, las listas únicas y la financiación estatal de las campañas, entre otras normas, dijo a IPS el congresista independiente y ex guerrillero Gustavo Petro.
«Las campañas clientelistas buscan recursos para comprar votos. Cualquier infiltración de dinero, ya sea de la mafia, de grandes grupos económicos o del Estado, es perversa», sostuvo Petro, quien aspira en estas elecciones a mantener su escaño en la Cámara de Representantes.
Es necesario impedir que las leyes respondan a grandes intereses mafiosos o de organizaciones armadas, afirmó el legislador. «Estoy convencido de la alianza clientelismo-armas. Al que no compran, lo matan», sostuvo.
Muchos candidatos, en especial de áreas rurales, terminan sirviendo los intereses de organizaciones armadas que dominan esas zonas, indicó Petro. (FIN/IPS/yf/mj/ip/02
