El consenso entre el gobierno y la oposición de Chile para comprar aviones de guerra estadounidenses contrasta con la preocupación de los países vecinos, en especial de Perú, que propuso reducir los gastos militares en América Latina.
El gobierno centroizquierdista de Ricardo Lagos confirmó la compra a Estados Unidos de 10 cazabombarderos F-16, luego de contar con la anuencia de la oposición derechista, en una inversión que tendrá un costo de 660 millones de dólares a pagar en los próximos nueve años.
Lagos destacó «el gesto de unidad nacional» de la opositora Alianza por Chile para concretar la operación, que permitirá reemplazar a los 19 aviones A-37 Dragonfly y Mirage de la fuerza aérea, pero que posterga el llamado «Plan Tridente» de renovación de flota de la marina de guerra.
Sin embargo, las quejas se hicieron escuchar en particular en Lima, pues la compra chilena va en rumbo contrario a la propuesta del presidente peruano, Alejandro Toledo, de abatir el gasto en armamento en la región.
Portavoces de la comisión de Asuntos Exteriores del parlamento de Perú dijeron que la adquisición de los aviones por parte de Chile significa un duro golpe al esfuerzo que realizan los países latinoamericanos por disminuir sus gastos en defensa.
La nueva ministra chilena de Defensa, Michelle Bachellet, respondió a las críticas, asegurando que la modernización de la fuerza aérea de su país «acompaña la decisión de reforzar la paz y concordia que hemos logrado en las relaciones con nuestros vecinos de América Latina».
Bachellet precisó que el año pasado su país dio «un paso significativo para la transparencia de las relaciones en defensa con Argentina, con la aprobación de un método común para comparar adecuadamente los gastos de los dos países en esa área».
Con Perú también se acordó en avanzar hacia una perspectiva semejante, aclaró la ministra.
Por su parte, Lagos justificó la compra de aviones, al indicar que cada dólar gastado se recuperará en inversiones que llegarán al país.
Explicó, además, que decidió la operación con Estados Unidos «pensando en el interés superior del país, en lo que Chile requiere para los próximos años».
«Este material no llegará antes de 2006 y, por lo tanto, es una visión de país a largo plazo lo que está de por medio», añadió el mandatario.
En ese sentido, Bachellet comentó que «en las negociaciones de compra de estos aviones hemos asegurado que por cada dólar que gastará Chile ingresarán al país, como contrapartida, su equivalente en inversiones en sectores de alta tecnología y generadores de empleos calificados».
La ministra informó que el acuerdo entre Santiago y Washington contempla la instalación en Chile de un centro de alcance mundial de la empresa estadounidense General Electric para brindar asistencia técnica a distancia en el área de motores de aviación, tanto de aeronaves civiles como militares.
Chile concretó la compra de los aviones militares en momentos que negocia un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos, factor al que muchos atribuyen que la decisión se haya inclinado por ese país y no por Europa.
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, confirmó días atrás su intención de concretar ese tratado.
«Trabajamos para construir el Area de Libre Comercio de las Américas, y estamos decididos a completar esas negociaciones para enero de 2005, y planeamos completar el tratado comercial con Chile este año», dijo Bush ante el Congreso de su país.
Las autoridades chilenas también explicaron que para la compra de los F-16 estadounidenses se utilizarán los fondos producidos en el marco de la llamada Ley Reservada del Cobre, que destina 10 por ciento de las ganancias que deja la exportación ese mineral para los gastos de defensa de las Fuerzas Armadas.
En tanto, la armada lamentó que la compra de aviones F-16 signifique el aplazamiento de su Plan Tridente, que contemplaba la construcción de cuatro fragatas a un costo de 950 millones de dólares.
«La decisión presidencial se ha inclinado por la postergación de su aprobación en este momento, entre otras razones porque dada la actual modalidad de financiamiento, la ejecución del proyecto imponía compromisos que se extenderían por un periodo de tres mandatos presidenciales sucesivos», respondió Bachellet. (FIN/IPS/as/dm/ip/02
