El despliegue en Burundi de 700 soldados de Sudáfrica para proteger al gobierno de transición, sin un acuerdo previo de cese del fuego, es un precedente valioso para la comunidad internacional según autoridades sudafricanas.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Aziz Pahad, afirmó que esa intervención «abre camino» para futuras acciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Uno de los requisitos planteados por la ONU para enviar a un país misiones de mantenimiento de la paz es que exista y esté en plena vigencia un cese del fuego entre todas las partes en conflicto.
La mayoría de los bandos involucrados en la guerra civil de Burundi acordaron la formación del gobierno de transición, cuyo cometido es supervisar la reconstrucción y democratización de ese país, pero por lo menos dos grupos armados se mantuvieron al margen del proceso de paz, y se rehúsan a un cese del fuego.
Sudáfrica era conciente de que asumía un riesgo al desplegar tropas en Burundi, pero lo hizo por la convuicción de que el proceso de paz no avanzaría si se esperaba el cumplimiento de todos los requisitos de la ONU para enviar pacificadores, señaló el ministro de Defensa sudafricano, Mosiuoa Lekota.
Asumir ese riesgo tuvo resultados positivos, porque el gobierno de transición se ha fortalecido y está decidido a llevar adelante el proceso de paz, pese a la persistencia de acciones armadas de quienes no partipan en ese proceso, opinó.
La próxima etapa prevista de la intervención sudafricana será entrenar a soldados de Burundi para que asuman por sí mismos la protección del gobierno de transición.
Pahad comentó que el despliegue de pacificadores de la ONU points suele requerir un largo proceso burocrático, y afirmó que Sudáfrica «abrirá camino» para una nueva modalidad de mantenimiento de la paz en Africa, si su intervención en Burundi es exitosa.
Lekota y Pahad expresaron las opiniones citadas esta semana, durante una reunión en el parlamento para considerar las prioridades internacionales del país en 2002.
El ministro de Defensa enfatizó que la principal prioridad es llevar adelante «la fase crítica de implementación» de la Nueva Sociedad para el Desarrollo de Africa (NEPAD, por su acrónimo en inglés), que busca promover la creación de infraestructura, el acceso a mercados del Norte industrializado y la democracia.
Representantes del Grupo de los Ocho, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia, se reunirán este jueves en Ciudad del Cabo con el equipo encargado de implementar la NEPAD, para ajustar detalles del apoyo a proyectos económicos.
Pahad se negó a dar detalles sobre esos proyectos, con el argumento de que aún están en discusión, pero aseguró que serán financiados con «nuevo dinero», y no mediante transferencia de recursos destinados a iniciativas previas de asistencia al desarrollo.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiamiento del Desarrollo que se prevé realizar en México del 18 al 22 de marzo, será vital para asegurar el compromiso de los países industrializados con la NEPAD, cuyos promotores también esperan que el sector privado invierta en varios proyectos, apuntó.
Los proyectos de la NEPAD serán presentados en forma detallada en la próxima cumbre del G-8, que se prevé realizar en junio en Canadá, y en la Cumbre de la Unión Africana que se prevé realizar en julio en Sudáfrica, para que sean aprobados pro los gobiernos participantes.
«A menudo se afirma que la crítica situación de Zimbabwe es la prueba decisiva para la NEPAD, pero estamos en completo desacuerdo con quienes piensan que todo el continente debe ser castigado por lo que ocurra allí. Ningún país debe impedir el avance y el desarrollo del conjunto de Africa», comentó Lekota.
«No podemos estar bajo la constante amenaza de un castigo colectivo, para el cual se puede invocar hoy a Zimbabwe y mañana a otra nación», sostuvo Pahad.
De todos modos, Lekota enfatizó que Africa debe mostrar con claridad al mundo que es capaz de resolver sus conflictos y que la democracia en el continente se fortalece, para lo cual es vital que las elecciones presidenciales de Zimbabwe, previstas para los días 9 y 10 de marzo, sean «libres, justas y creíbles».
El gobierno sudafricano enviará a Zimbabwe un grupo de 50 observadores electorales, que incluirá a representantes de organizaciones sindicales, empresariales y religiosas, entre otras. Los primeros integrantes de esa misión partieron el miércoles.
Otras organizaciones sudafricanas enviarán a sus propios observadores.
Sudáfrica también participa en la fuerza de mantenimiento de la paz desplegada por la ONU en República Democrática del Congo (RDC), donde se desarrolla un conflicto que involucra a por lo menos cinco países vecinos, los cuales apoyan al gobierno o a grupos insurgentes.
La resolución de ese conflicto es clave para poner fin a otros que se desarrollan en Estados miembros de la Comunidad para el Desarrollo de Africa Austral (SADC, por sus siglas en inglés), opinó Lekota.
Sudáfrica aceptó ser sede de la reanudación del diálogo entre las partes en conflicto en RDC, estancado en la actualidad por discrepancias entre el gobierno e insurgentes sobre una eventual transición con elecciones anticipadas, y por el agotamiento de los fondos asignados a la implementación del proceso de paz.
El país también está involucrado en esfuerzos por la pacificación en otros de los 14 Estados miembros de la SADC, y Lekota comentó que ese involucramiento es una consecuencia inevitable del compromiso con el desarrollo de Africa,
«Nada asusta más a los inversores que la proliferación de conflictos en la región», explicó. (FIN/IPS/tra- eng/as/mn/mp/ip/02
