El gobierno de Burkina Faso fue acusado de cometer ejecuciones extrajudiciales por activistas defensores de los derechos humanos que hallaron en los últimos cuatro meses 106 cadáveres abandonados en áreas rurales.
El Movimiento de Burkina Faso por los Derechos Humanos (MBDHP, por sus siglas en francés), integrada por partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, afirmó la semana pasada que los muertos fueron «ejecutados en forma sumaria y extrajudicial por fuerzas de seguridad desde octubre».
Numerosas víctimas fueron encontradas boca abajo, con las manos atadas a la espalda, aseguró la organización, que dijo disponer de fotografías para probarlo.
Los cadáveres estaban «a merced de los buitres y los perros vagabundos», tras asesinatos «criminales e inhumanos», y fueron hallados en muchos casos por denuncias al MBDHP de residentes en las áreas en las cuales fueron abandonados, indicó el secretario general del grupo, Chrisogne Zougmore.
«Las fuerzas de seguridad emplearon métodos de asesinato bárbaros y primitivos para ejecutar a ladrones en pequeña escala, que quizá se habían apropiado de un pollo o de algún pequeño objeto», afirmó.
En los últimos tres meses, ha aumentado en el país la actividad de pandillas que suelen disponer de armas de guerra, entre ellas rifles de asalto AK-47. En ese periodo se produjeron 165 ataques de pandillas, en los cuales murieron 34 personas, según datos del Ministerio de Seguridad.
«Las fuerzas de seguridad están bien entrenadas y son capaces de desbaratar a cualquier organización criminal del país» sin apelar a las ejecuciones extrajudiciales, sostuvo Zougmore, quien acusó al gobierno de «trivializar el valor de la vida humana».
El ministro de Seguridad, Djibril Bassolet, reaccionó en forma airada contra las acusaciones del MDBHP, y arguyó que algunos criminales han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, sin que se produjeran ejecuciones extrajudiciales.
«Es forzoso emplear métodos rigurosos al combatir contra criminales organizados y armados», sostuvo.
«Esos criminales no son niños que cantan en el coro de la iglesia, sino malhechores mejor equipados que las fuerzas de seguridad», que han invadido el país para «sembrar el terror», alegó.
El ministro criticó al MBDHP por permanecer «en silencio» cuando los criminales matan a personas honestas, pero «permitirse una descripción macabra y detallada de lo que ocurre cuando las exhaustas fuerzas de seguridad logran hallar a criminales».
La conducta de esa organización «se parece más a la de un partido político que a la de un grupo defensor de los derechos humanos», opinó.
El MBDHP fue creado tras el asesinato en 1998 del periodista Norbert Zongo, con la intención de presionar al gobierno para que investigue delitos graves no aclarados, y alega que siempre pidió a las autoridades combatir al crimen organizado, pero no acepta una campaña de represalias mediante ejecuciones extrajudiciales.
«El combate contra el crimen debe ser implementado con repeto por las leyes vigentes», aseveró Zougmore.
Los activistas informaron sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales a la Federación Internacional por los Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones no gubernamentales humanitarias, y les pidieron que presionen al gobierno para que respete los derechos humanos.
«Sería una cuestión grave para el país que se haya producido una sola ejecución extrajudicial», comentó la secretaria de Estado para los Derechos Humanos, Monique Ilboudo.
«En una guerra contra el crimen es preciso adoptar medidas excepcionales, pero esas medidas deben tener un límite, y la preservación de la paz exige no cometer excesos en el uso de la fuerza», añadió. (FIN/IPS/tra-eng/bo/sz/mn/mp/hd ip/02
