El Grupo de Acción de la Comunidad Británica decidió esta semana no recomendar la suspensión de Zimbabwe en el bloque, pese a la solicitud de sanciones contra el gobierno de Robert Mugabe efectuada por grupos de derechos humanos.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Australia, Bangladesh, Barbados, Botswana, Canadá, Gran Bretaña, Malasia y Nigeria, que conforman el Grupo de Acción, reclamaron al presidente Mugabe que permita la presencia de observadores en las elecciones presidenciales del 9 y 10 de marzo y que ponga fin a la violencia política.
Los ministros, reunidos el miércoles en Londres, también condenaron la nueva ley de seguridad y un restrictivo proyecto de ley de prensa que considera el parlamento.
Tres periodistas fueron detenidos el miércoles por la policía y acusados de realizar una reunión ilegal, según la ley de seguridad en vigor desde la semana pasada, cuando unos 40 reporteros protestaban frente a la sede parlamentaria contra el proyecto.
Mientras, organizaciones de derechos humanos y sindicatos de Sudáfrica llamaron este miércoles al gobierno e instituciones benéficas a establecer campamentos para auxiliar a los refugiados de Zimbabwe que huyen de la crisis política y económica en su país.
Unos 500 campesinos abandonan Zimbabwe por semana en busca de mejores pasturas en las vecinas Sudáfrica y Botswana, mientras otros escapan de la violencia rumbo a Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Australia.
En respuesta a la presión internacional, Mugabe invitó a varias organizaciones regionales e internacionales a participar como observadoras en los comicios.
«Comprendemos que la democracia está en peligro en Zimbabwe y estamos preocupados por las violaciones a los derechos humanos», sostuvo la red sudafricana, integrada por el Centro de Estudios sobre Violencia y Reconciliación, la Red de Inspectores Independientes, la Coalición de Organizaciones no Gubernamentales y el Congreso de Sindicatos.
La red enviará la semana próxima una delegación a Zimbabwe para verificar el proceso electoral.
El dirigente Simon Boshielo, del Congreso de Sindicatos Sudafricanos, dijo que la inestabilidad política puede desembocar en una crisis humanitaria y propuso establecer campamentos de refugiados en la sudafricana Provincia Septentrional.
Pretoria destinará para ese propósito algunas bases militares fuera de servicio.
En un comunicado entregado el martes al Grupo de Acción, Human Rights Watch (HRW) sostuvo que los jefes de gobierno y de Estado de la Comunidad deben suspender a Zimbabwe del bloque, en su próxima reunión prevista para marzo, a menos que Harare ponga fin a las restricciones a la actividad política y detenga la violencia contra los opositores.
Amnistía Internacional reclamó el martes a Zimbabwe que acepte la presencia de observadores internacionales en las próximas elecciones.
«Los observadores regionales e internacionales, que sean autorizados a ingresar a Zimbabwe, trabajarán mejor junto a observadores de la sociedad civil que tienen experiencia en detectar la manipulación de votos», sostuvo Amnistía.
Mugabe, en el poder desde la independencia del país, en 1980, intenta obtener su reelección mientras la Comunidad Británica y la Unión Europea (UE) blanden la amenaza de sanciones si no crea las condiciones para un proceso electoral limpio.
Pero las advertencias han tenido poco efecto, pues la represión se incrementó en las últimas semanas.
«Si no se toman medidas significativas ahora, Harare continuará creyendo que puede actuar con total impunidad», dijo el vicedirector del Grupo Internacional de Crisis, con sede en Bruselas, John Prendergast.
Los ministros de la UE establecieron este domingo como fecha límite para asegurar el libre acceso al país de los observadores, o de lo contrario impondrán sanciones selectivas contra 20 altos funcionarios de Harare, incluyendo a Mugabe y su familia, que comprenden prohibición de viajes, confiscación de activos y embargo de armas.
Washington prevé la imposición de sanciones similares, si un enviado que destinará a Harare la semana próxima no encuentra cambios significativos.
Londres y Washington identificaron en las últimas semanas activos y depósitos en el exterior, a nombre de Mugabe y sus aliados más cercano, pasibles de ser incautados.
En su reunión del miércoles, los ministros de la Comunidad también evaluaron el cumplimiento de los acuerdos firmados en septiembre en Abuja, Nigeria, que establecían condiciones para detener las violentas ocupaciones de tierras, a cambio de fondos de Gran Bretaña para dar cumplimiento a la reforma agraria.
Human Rights Watch acusa a Harare de no cumplir con sus compromisos. «Miles de ciudadanos, opositores, agricultores y trabajadores agrícolas, han sido víctimas de violencia política o relativa a la propiedad de la tierra desde los acuerdos de Abuja», aseguró HRW.
Las nuevas leyes sólo autorizan a efectuar el recuento de votos a funcionarios públicos seleccionados, pese a que en las elecciones legislativas de 2000, los observadores locales jugaron un papel importante en la detección de posibles fraudes electorales, sostuvo Amnistía.
El opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC) obtuvo entonces más de un tercio de los escaños del parlamento, un fenómeno que puso por primera vez en duda la victoria de Mugabe en marzo, frente a su principal adversario, el líder del MDC, Morgan Tsvangirai.
La semana pasada, 25 seguidores del MDC fueron detenidos por la policía, cuando partidarios del gobernante Frente Patriótico-Unión Nacional Africana de Zimbabwe, impidieron un acto del MDC, aseguró Amnistía. (FIN/IPS/tra-eng/jl/as/aa/mn/dc/ip hd/02
