La aplicación de la shariá (ley islámica) desde enero de 2000 en seis estados septentrionales de Nigeria se realiza en forma mucho más estricta contra acusados pobres, según datos y denuncias provenientes de Zamfara, uno de esos estados.
Entre más de 30 personas castigadas por violaciones de la ley islámica en los estados de Kano, Katsina, Níger, Sokoto y Zamfara, sólo dos tenían ingresos altos, el director y un contador de la Agencia Nacional de Orientación de Sokoto.
Esas personas fueron arrestadas bajo cargos que incluyeron fornicación fuera del matrimonio, alcoholismo, realización de apuestas, homosexualidad y transporte en motocicleta de una musulmana.
Los castigos aplicados fueron multas, azotes con varas, periodos en la cárcel y amputaciones.
Ocho pastores sufrieron amputaciones de miembros por robar, y la esposa de unos de los pastores castigados murió debido a un ataque cardíaco cuando su marido regresó al hogar sin un brazo. Magazu Ibrahim, una madre adolescente de Zamfara, recibió 100 azotes.
David Ishaya, ex presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria en Zamfara, dijo a una revista que más de 50 personas habían sido apedreadas hasta morir en ese estado por violar leyes islámicas.
Sanusi Kaura, integrante del Directorio para la Implementación y Supervisión de la Shariá en Zamfara, negó veracidad a la afirmación de Ishaya, en declaraciones publicadas por la misma revista.
De todos modos, la credibilidad de los tribunales que aplican la ley islámica en Zamfara fue cuestionada por denuncias de corrupción y favoritismo.
A mediados de septiembre, tres jueces islámicos de ese estado fueron llevados a juicio bajo cargos de recibir sobornos y fallar a favor de acusados ricos.
La comisión judicial de Zamfara se limitó a suspender a esos jueces en el ejercicio de sus cargos, con percepción de la mitad del salario, hasta que se determine su grado de responsabilidad en el escándalo.
Los críticos destacan que altos funcionarios de Zamfara han sido acusados de estafa, y que el gobernador fue denunciado por distribuir fertilizante sólo a simpatizantes del gobernante Partido de Todos los Pueblos, pero que ninguno de ellos fue castigado o arrestado por esas conductas contrarias a la shariá.
«Un alto funcionario del estado admitió haber comprado 500 carretillas a un precio mucho más alto que el del mercado, pero no se le aplicó la shariá, que no ha sido empleada contra ninguna figura importante del gobierno estatal», afirmó el secretario en Zamfara del opositor Partido Democrático del Pueblo, Bello Maru.
Kaura arguyó que el directorio que integra ha alcanzado importantes logros desde su instalación hace dos años, entre los cuales destacó la clausura de prostíbulos, casas de juego, establecimientos en los cuales se vendía cerveza y cines, así como la prohibición de vender alcohol en los hoteles.
Entre las consecuencias de la aplicación de la ley islámica en Zamfara están el desalojo de mujeres que vivían solas por parte de musulmanes a quienes alquilaban sus viviendas, el cierre de peluquerías dirigidas por mujeres y la prohibición de ejercer la prostitución en las calles.
Las autoridades no permiten que varones y mujeres viajen en el mismo autobús, y circulan muy pocos autobuses reservados para las mujeres, a las cuales se prohibió también viajar en motocicleta. El resultado es que muchas se ven obligadas a recorrer grandes distancias a pie.
Parejas que desean mantener relaciones sexuales sin estar casadas eluden a los vigilantes encargados de hacer cumplir la shariá, al llegar por separado a casa de huéspedes, y es frecuente que los amantes digan que son hermanos si los encuentran juntos en la calle.
Esos vigilantes mantienen severo control sobre las trabajadoras sexuales en las calles de Gusau, la capital de Zamfara, pero Kaura admitió que aún funcionan prostíbulos y clubes nocturnos de los suburbios en los cuales se vende alcohol, frecuentados por los ricos.
Estudiantes de una universidad federal cercana a Morocco, uno de esos suburbios, ejercen la prostitución en clubes nocturnos de la zona, auspiciados por «gente decidida a socavar la vigencia de la shariá», aseguró.
El funcionario dijo que el directorio ha «recibido varios informes y quejas sobre Morocco», y que en una ocasión envió agentes a realizar arrestos, pero que los parabrisas de los automóviles de los vigilantes fueron rotos por estudiantes a quienes instigaron los clientes de los clubes nocturnos.
La rectora de la universidad en cuestión, Amina Abubakar, negó veracidad a las acusaciones de Kaura, y alegó que algunas estudiantes que viven en edificios de la institución reciben allí a sus esposos, parientes o amigos.
El directorio logró que Abubakar redujera a tres horas diarias la recepción de visitas por parte de las estudiantes, pero la rectora advirtió que no aceptará la separación de varones y mujeres exigida por las autoridades a todas las instituciones educativas que funcionan en Zamfara.
«Esta es una institución terciaria federal, en la cual estudian personas provenientes de distintos ambientes culturales, con distintas creencias religiosas. Nadie puede imponernos la segregación de género», enfatizó.
Las estudiantes del cercano instituto politécnico estatal Talata Mafara son obligadas a vestir según la tradición islámica, aunque no sean musulmanas, y no se permite allí ningún contacto en público entre varones y mujeres, quienes deben trasladarse en distintos autobuses y sentarse en partes distintas de las aulas.
Varones que asisten a clases en Talata Mafara acusan a los vigilantes de la shariá en esa institución de tolerar violaciones de las normas islámicas por parte de estudiantes de familias ricas. (FIN/IPS/tra-eng/to/an/mn/mp/hd cr/02
