La liberación en México del general Francisco Gallardo, a quien grupos humanitarios consideraban un preso de conciencia, apuntala el esfuerzo del presidente Vicente Fox para superar la mala imagen en materia de derechos humanos forjada por sus antecesores.
El gobierno anunció en la noche del jueves que había conmutado la pena de 28 años que le restaba cumplir a Gallardo, preso desde 1993 por malversación de fondos, injurias y destrucción de archivos, a partir de cargos que, según aseguran los activistas por los derechos humanos, fueron inventados por la justicia militar.
El general, quien es además licenciado en ciencias políticas, fue acusado y arrestado poco después de demandar por diversas vías la creación de un defensor de los derechos humanos dentro del ejército.
El caso muestra el autoritarismo con que actuaron las Fuerzas Armadas durante sucesivos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo Alfonso Zárate, director del Grupo Consultor Interdisciplinario, institución privada que edita estudios políticos y brinda servicios de asesoramiento.
Fox es el primer presidente mexicano en siete décadas que no integra el PRI.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pedía desde 1996 la liberación inmediata de Gallardo, y tras varias negativas del gobierno encabezado por Ernesto Zedillo (1994-2000) dispuso que el caso fuera trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aún no se había expedido sobre el caso.
Uno de los grupos humanitarios que definieron al general como un preso de conciencia fue la organización no gubernamental Amnistía Internacional, con sede en Londres.
Gallardo se define como una víctima del autoritarismo militar, y anunció que no cejará en el intento de que la justicia civil lo declare inocente de todos los cargos en su contra.
Su liberación añadió un eslabón más a la cadena que inició Fox hace 14 meses, en diciembre de 2000, cuando asumió la Presidencia y anuló prohibiciones impuestas al ingreso de activistas humanitarios al estado meridional de Chiapas.
El mandatario prometió luego liberar a indígenas acusados de integrar el insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que opera en ese estado, y cumplió tal promesa en varios casos. También creó una fiscalía especial que investiga la desaparición de más de 500 opositores al PRI en los años 70 y 80.
Los principales sospechosos de esas desapariciones son mandos militares de la época.
Fox gestionó la liberación de dos campesinos ambientalistas, quienes alegaban haber sido torturados e inculpados en forma injusta por militares, y de dos pescadores que sostenían ser presos políticos.
Además, otorgó la extradición a España de Ricardo Cavallo, acusado de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura argentina de 1976-1983, y estableció contactos sin precedentes del gobierno con grupos humanitarios.
Uno de los resultados de esos contactos es el compromiso de instalar en el país una oficina de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Uniadas, que se espera cumplir este mes.
Esas y otras decisiones de Fox tocaron delicadas fibras de las Fuerzas Armadas, pero los mandos militares las han acatado sin que existan evidencias de rebeldía.
El anuncio de la liberación de Gallardo no es un caso aislado, sino que confirma el compromiso gubernamental con los derechos humanos, afirmó el secretario de Gobernación (ministro del Interior), Santiago Creel, tras destacar la disciplina de las Fuerzas Armadas al aceptar la medida.
La conmutación de la pena del general y otras iniciativas de FOX eran impensables durante los gobiernos del PRI, reconocieron organizaciones humanitarias locales.
El último presidente del PRI, Ernesto Zedillo (1994-2000), tuvo mumerosos conflictos con los activistas humanitarios, a varios de los cuales expulsó de Chiapas y tildó de mentirosos.
El canciller Jorge Castañeda aseguró que las acciones de Fox en relación con los derechos humanos han cambiado la mala imagen internacional del país y aumentado su autoridad para hablar de la la materia en cualquier foro internacional.
Sin embargo, algunos grupos humanitarios locales sostienen que el cambio es sólo de imagen.
Hay un nuevo discurso oficial sobre derechos humanos, pero no una estrategia en la materia, y muchos asuntos siguen pendientes, sostuvo Edgar Cortez, director del no gubernamental Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Esa institución, dirigida por la católica Compañía de Jesús (jesuitas), opinó que la liberación de Gallardo fue una decisión de último momento para librarse de presiones internacionales.
Los críticos de Fox destacan la principal mancha del gobierno en materia de derechos humanos: el asesinato en octubre, tras recibir una serie de amenazas, de la abogada y activista humanitaria Digna Ochoa. (FIN/IPS/dc/mp/hd ip/02
