Casi 1.600 trabajadores sometidos a régimen de esclavitud en Brasil fueron liberados el año pasado por el Ministerio de Trabajo, el doble que en 2000, pero la Iglesia Católica advierte que aún hay más de 6.000 personas en esa situación.
El aumento de casos solucionados no responde a la expansión de esa llaga, que persiste en algunas zonas rurales del país, sino a una mayor eficacia represiva, aseguró a IPS Claudio Secchin, jefe de la División de Apoyo a la Fiscalización Móvil del ministerio.
Secchin explicó que se mejoraron las condiciones de lucha contra ese grave problema laboral gracias a la proliferación de denuncias, favorecidas por el desarrollo de las comunicaciones en el interior de Brasil, donde se multiplicaron los teléfonos públicos en los últimos años.
El interior brasileño ya no sufre el «abismo de informaciones» que dejaba a la gente vulnerable ante la acción de los «gatos», como se llaman en este país a los reclutadores de mano de obra, observó.
El funcionario del Ministerio de Trabajo informó que 1.433 trabajadores esclavizados fueron sacados de esa condición el año pasado, pero aún falta confirmar otro 10 por ciento de casos, por lo cual la cantidad se acerca a los 1.600.
Sin embargo, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), un organismo de la Iglesia Católica que hace el seguimiento de los conflictos y la violencia en las zonas rurales, registró el año pasado 2.062 casos de esclavitud laboral y que al menos siete de ellos eran menores de 18 años.
Por cada caso descubierto «hay por lo menos tres desconocidos», lo cual demuestra la extensión y continuidad del problema en Brasil, señaló a IPS Antonio Canuto, uno de los coordinadores nacionales del CPT.
Hablar de esclavitud en estos tiempos parece raro, pero es un concepto definido, incluso legalmente, pues contempla la imposibilidad de dejar el local del trabajo y la imposición de condiciones inhumanas, con violación de los derechos laborales.
Esos trabajadores son mantenidos prisioneros en las haciendas por coacción física y moral, controlados por hombres armados y amenazas de muerte, además de que son obligados a una labor casi sin remuneración, debido a que los patrones les imponen el pago de supuestas deudas.
Esas «deudas» corresponden a los gastos de transporte hasta el establecimiento rural, el consumo de alimentos y la compra o alquiler de elementos de trabajo, con lo cual encargos del empleador se convierten en deberes de empleado y se acumulan de manera de «justificar» su detención para evitar una fuga.
Muchos de esos esclavos modernos son analfabetos y, sin ninguna información sobre sus derechos, se sienten moralmente en deuda con sus patrones, aunque vivan en campamentos precarios, lamentó Secchin.
Este fenómeno se concentra en los septentrionales estados de Maranhao y Pará, en los bordes orientales de la Amazonia, aunque se han registrado casos incluso en los sudorientales Minas Gerais y Río de Janeiro, considerado entre los más desarrollados del país.
El combate contra el trabajo esclavo en Brasil comenzó a ser más efectivo tras la creación del Grupo Movil, conformado por inspectores del Ministerio del Trabajo, la policía federal, fiscales y otras autoridades.
Desde entonces creció de manera sostenida la cantidad de trabajadores sacados de esa condición de esclavos. Sin embargo, no se puede asegurar que ese aumento sólo sea el producto de la acción del gobierno.
La «impunidad» fomenta el abuso de los hacendados y de los «gatos», que no hesitan en repetir el mismo delito después de ser identificados por la policía y sólo sufrir penas insignificantes, puntualizó Canuto.
El Ministerio del Trabajo asegura que el año pasado los hacendados tuvieron que pagar indemnizaciones por 1,4 millones de reales (unos 570.000 dólares) a los trabajadores que mantuvieron en condiciones de esclavitud. Pero apenas uno de esos empresarios fue encarcelado, admitió Secchin.
Indefiniciones legales y la lentitud de la justicia impiden una represión más efectiva de los infractores, explicó.
Secchin lamentó que, si bien el Ministerio de Trabajo cuenta con el apoyo de la policía federal y del Ministerio Público, no ocurre lo mismo con las autoridades impositivas, previsionales y ambientales, cuya acción sería necesaria para reprimir con mayor rigor los delitos cometidos en sus áreas específicas.
La deforestación, un delito ambiental, es una de las principales actividades en las que se emplean los esclavos, al igual que en la ganadería, observó el funcionario.
Gran parte de los éxitos del Grupo Móvil se deben a las denuncias de la católica Comisión Pastoral de la Tierra, que tiene representaciones en las áreas de mayor violencia rural, destacó su coordinador Antonio Canuto.
La CPT reclama una acción más eficaz del gobierno y pidió la aprobación de una legislación que permita la expropiación, sin indemnizaciones, de las propiedades donde se explota el trabajo esclavo. Ese tipo de penas ya es aplicado en los casos de tierras donde se cultivan drogas ilegales, como la marihuana.
El proyecto de la organización de la Iglesia está en trámite parlamentario hace varios años, aunque ya fue aprobado en el Senado y depende ahora de la Cámara de Diputados, informó Secchin. (FIN/IPS/mo/dm/hd lb/02
