La organización de derechos humanos Amnistía Internacional manifestó su preocupación por las torturas y malos tratos a civiles de Argentina cometidos por policías, y por el eventual impacto de esa conducta impune ante un seguro aumento de las protestas sociales.
El jefe de la delegación de Amnistía que visitó Argentina hasta el viernes, Esteban Beltrán, advirtió que este país sufre un problema «crucial» de impunidad policial que se arrastra desde la dictadura militar (1976-1983) y que tiene como consecuencia torturas y malos tratos constantes.
«Desde enero de 2001 hay más de 900 denuncias de violaciones de derechos humanos de este tipo en comisarías e instituciones carcelarias, con métodos propios del régimen militar», puntualizó Beltrán, de nacionalidad española.
Sin embargo, agregó, «hay apenas algunos casos en los que se llegó a proceso judicial y ninguna condena a un policía».
Amnistía entregó al gobierno un memorando en el que advierte que la situación de los derechos humanos en Argentina «está empeorando desde hace algunos años» y «puede empeorar» de manera más acelerada en el corto plazo a raíz de la crisis social y económica, que se manifiesta también en una crisis política.
Según la experiencia de la organización, el problema de los apremios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad es un asunto «muy grave» en Argentina, aun en comparación con la situación en el resto de América Latina, sobre todo por la impunidad de los perpetradores.
La aparente indiferencia de las autoridades es consistente con una política según la cual se sigue negando la extradición de militares acusados de violaciones de derechos humanos durante la dictadura y requeridos por la justicia de otros países, y en las leyes de amnistía que los protegen, advirtió Amnistía.
Organizaciones de derechos humanos creadas en Argentina especialmente para recoger denuncias de malos tratos, torturas y muerte cometidas por la policía han advertido en los últimos años sobre el elevado número de víctimas fatales de la represión, sobre todo en personas jóvenes.
La Coordinadora contra la Represión Policial, organización encabezada por la abogada penalista Maria del Carmen Verdú, denunció en marzo pasado que en los primeros tres meses de 2001 habían muerto por balas policiales 25 personas inermes, con una edad promedio de 17 años.
Pero si se contabilizan las muertes perpetradas por la policía en los 18 años transcurridos desde el final de la dictadura, la cifra supera el millar de casos, con apenas 15 por ciento de resolución judicial con esclarecimiento de los hechos y condenas — cuando las hay— para los responsables.
Se trata de «un problema muy grave» que «puede hipotecar el futuro de los derechos humanos en el país», sobre todo en tiempos de inestabilidad institucional con aumento de las protestas, sostuvo Beltrán, director de la Sección Española de Amnistía, cuya sede central está en Londres.
Desde diciembre, cuando se precipitaron las protestas en las calles y renunció el presidente Fernando de la Rúa, hubo saqueos y manifestaciones callejeras con un saldo de 30 muertos. La justicia investiga ahora los abusos perpetrados por la policía en al menos cinco casos ocurridos cerca de la casa de gobierno.
A partir de entonces, las protestas, marchas, cortes de rutas y asambleas de vecinos son casi cotidianas en todos los distritos del país, y los problemas de pobreza, desempleo, y recesión económica agravan el cuadro de crisis. A De la Rúa lo sucedió Adolfo Rodriguez Saá, y, pocos días después, Eduardo Duhalde.
La semana pasada, una vecina del barrio de Palermo comentó a IPS que cuando se presentó junto a un grupo de vecinos a presentar reclamos ante el consejo vecinal, fueron seguidos por un vehículo de la policía en actitud intimidatoria, más que de protección.
En otros casos, ocurridos en provincias del interior, la policía reprimió a manifestantes que se acercaron a pedir bolsas de alimentos ante intendencias y supermercados.
El alcalde de la localidad de Villa Dolores, en la central provincia de Córdoba, Héctor Zanni, dijo que la policía atacó a los solicitantes con balas y gases.
«En ese contexto, nos preocupa mucho la represión policial como la que ya se vio en las protestas de diciembre, donde hubo 30 víctimas fatales. Sabemos que varias de ellas fueron muertas por policías que tiraron a matar», sostuvo Beltrán, aludiendo a los uniformados ya detenidos por la justicia.
El representante de Amnistía visitó a Argentina entre el domingo pasado y el viernes. Durante su estancia se reunió con jueces, embajadores, representantes de organismos locales de derechos humanos, legisladores y dirigentes políticos, pero no logró una reunión con el presidente, habitual en estas visitas.
Duhalde, designado como mandatario por una asamblea legislativa el 1 de enero, derivó la entrevista a funcionarios de tercera línea, pertenecientes a la Subsecretaría de Derechos Humanos, lo cual agravó la preocupación del organismo.
«Más que el desaire lo que nos preocupa es que la indiferencia del presidente pueda ser un síntoma de que los derechos humanos no ocupan un lugar alto en la agenda», sostuvo Beltrán, no obstante lo cual destacó el hecho de que el mensaje de su organización sí encontró una sociedad muy permeable.
«El éxito de nuestra misión se verá en lo que ocurra una vez que nos vayamos», concluyó el activista. (FIN/IPS/mv/mj/hd/02