Unas 5.000 personas se manifestaron este martes frente al edificio del parlamento de Australia contra la política del primer ministro John Howard hacia los solicitantes de asilo procedentes de Afganistán.
Las protestas populares y de los propios solicitantes de asilo aumentaron desde que el ministro de Inmigración, Phillip Ruddock, propuso a fines de diciembre la repatriación de los inmigrantes indocumentados de Afganistán, con el argumento de que ya no corren riesgo de persecución política desde la caída del régimen Talibán en noviembre.
«Los problemas de Afganistán no se limitan a los causados por Talibán», dijo a los manifestantes Riz Wakil, un refugiado que huyó de Afganistán en octubre de 1999.
«El actual gobierno interino de Afganistán también tiene malos antecedentes. Algunos de sus miembros mataron en 1995 (cuando integraban la opositora Alianza del Norte) a miles de civiles, en su mayoría mujeres y niños, en el oeste de Kabul», denunció Wakil. «Esos hombres son ahora ministros», agregó.
El senador Bob Brown, líder del opositor Partido Verde, fue recibido con vivas por los manifestantes.
«Esta mañana, nuestros líderes nacionales rogaron a Dios 'por aquellos que cada día sufren amenazas, persecución y rechazo, por los refugiados y todos los desplazados',» dijo a la multitud.
«Yo le digo al primer ministro que no le pida a Dios lo que él puede hacer por sí mismo», agregó.
Howard adoptó una política de línea dura contra los solicitantes de asilo que le ha valido un notable aumento de su apoyo electoral.
Sin embargo, las protestas también aumentaron el último mes a raíz de una serie de huelgas de hambre de inmigrantes indocumentados recluidos en centros de detención, en su mayoría afganos.
Un grupo de artistas llamado Australianos contra el Racismo produjo un anuncio publicitario para televisión en apoyo a los refugiados. Otro grupo, Lugares para Refugiados, ofrece alojamiento a inmigrantes y un servicio de apoyo para los detenidos.
Australianos Rurales por los Refugiados, que se fundó hace tres meses con tres personas, tiene ahora 20 grupos independientes en todo el país que reclaman el cierre de los centros de detención para solicitantes de asilo.
Aunque muchos de estos grupos son pequeños, surgieron en un momento político especial. El lunes, tres miembros del gobierno se pronunciaron en la primera sesión del Partido Liberal contra la posición adoptada por Howard.
El creciente disenso en las filas del opositor Partido Laborista lo forzó a anunciar su oposición a la prisión de niños y adolescentes y a respaldar el propuesto cierre del centro de detención de Woomera, donde los detenidos protagonizaron una huelga de hambre en enero, muchos de ellos con los labios cosidos.
Los inmigrantes afganos levantaron su huelga de 16 días tras el anuncio de la reanudación del procesamiento de sus solicitudes de asilo.
Una coalición de grupos religiosos y de apoyo a los refugiados afirmó que las condiciones del centro, donde permanecen recluidos los inmigrantes indocumentados principalmente afganos mientras se evalúan sus solicitudes, son «similares a las de un campo de concentración».
Mientras, el gobierno enfrenta también otros problemas. Un diario de Sidney reveló este martes que el gobierno utilizó a su agencia de inteligencia para espiar llamadas telefónicas a un buque noruego anclado frente a las costas australianas con 438 afganos a bordo, en septiembre y octubre del año pasado.
El capitán del barco noruego Tampa, que había rescatado a los extranjeros en alta mar, procuraba desembarcarlos en la isla Christmas, en el norte de Australia, pero el gobierno se lo impidió y le pagó a la vecina isla de Naurú para que recibiera a los refugiados mientras se resolvía su caso.
Según las leyes australianas, la agencia de inteligencia sólo puede pasar información sobre conversaciones telefónicas y otros mensajes si se trata de un asunto de seguridad nacional.
El ministro Tony Abbott defendió la intercepción de las llamadas y afirmó que se trataba de intereses nacionales. «Haremos lo necesario para proteger los intereses de Australia», declaró a los periodistas.
Brown, del Partido Verde, reclamó la formación de una comisión real para investigar el asunto.
«Los australianos tienen derecho a saber si el gobierno está espiando a sus ciudadanos, a grupos comunitarios o a representantes elegidos por el pueblo», declaró.
Mientras, el gobierno cedió el lunes a la presión nacional e internacional y permitió en una reunión de gabinete que un enviado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos inspeccione el centro de detención de Woomera.
Sin embargo, el canciller Alexander Downer anunció que la visita será postergada al menos hasta mayo, lo cual daría tiempo al gobierno para mejorar los aspectos más criticados de la institución. (FIN/IPS/tra-en/ bb/js/mlm/hd pr/02
