Trabajadores estatales, desempleados, educadores, médicos, jubilados, ahorradores y estudiantes de Argentina realizaron este miércoles protestas callejeras, mientras el gobierno intenta evitar el impacto sobre su plan económico de la caída del peso y del alza de los combustibles.
El presidente Eduardo Duhalde admitió que todos los sectores que protestan «tienen razón», porque el país está ante una depresión económica.
«Son todos problemas, y las soluciones llegan con gotitas», dijo el Duhalde, quien pidió a los manifestantes expresarse sin violencia, porque «no se puede vivir sin un mínimo de orden».
Más tarde, el presidente advirtió que no permitirá «una estampida» del dólar —cuya cotización pasó en 50 días de un peso a 2,20 para la venta— y ordenó la intervención del Banco Central en el mercado libre para sostener el peso a una cotización entre 1,60 y 1,70 por dólar, como hasta hace algunas semanas.
Mientras, las compañías petroleras, que se oponen a un gravamen de 20 por ciento a sus exportaciones, comenzaron esta semana a subir los precios cinco por ciento, problema al que el presidente evitó referirse en sus declaraciones.
Duhalde dijo este miércoles que una empresa petrolera, la privatizada Repsol-YPF, no aumentaría sus precios. Pero el propio presidente de la compañía, Alfonso Cortina, sostuvo que el alza de los precios internacionales del crudo obligaría a un aumento de los combustibles.
Cortina aclaró que sus declaraciones no eran una reacción ante el impuesto a las exportaciones petroleras, resistido tanto por empresarios como por trabajadores del sector. La cesta de siete crudos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo aumentó la semana pasada de 18,31 a 19,41 dólares el barril.
Entre tanto, se registraron numerosas protestas en las calles de la ciudad de Buenos Aires y en al menos una docena de las 23 provincias.
Al cumplirse dos meses de las protestas y saqueos que causaron la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y que concluyeron con 30 muertos, la coalición de organizaciones sociales Bloque Piquetero Nacional cortó varias autopistas y avenidas, antes de confluir en una manifestación sobre la céntrica Plaza de Mayo en Buenos Aires.
Jubilados y desempleados también integrantes del Bloque protestaron frente a la sede central de Repsol-YPF en reclamo de «50.000 empleos genuinos», y de la entrega «urgente» de alimentos para evitar que la población sufra «hambruna».
Al mismo tiempo, el movimiento de desempleados en que confluyen la organización izquierdista Corriente Clasista y Combativa y la Federación de Tierra y Vivienda se concentraron, junto a la central sindical Congreso de Trabajadores Argentinos, frente al edificio del Congreso legislativo, al que rodearon con una bandera argentina de 400 metros.
El líder de la Corriente, Juan Carlos Alderete, informó que en sus últimas entrevistas con Duhalde le recomendó que «rompa» con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El organismo multilateral exige ahora, además de la libre flotación cambiaria, un ajuste al presupuesto del Estado que debe tratar el Congreso legislativo esta semana y una reducción de la transferencia de recursos a las provincias.
Duhalde advirtió el miércoles a los gobernadores que, sin recortes en el envío de fondos fiscales del gobierno central a las provincias, no habría ayuda del FMI. Los jefes de gobierno provinciales respondieron que Buenos Aires deberá negociar con más firmeza.
Los manifestantes protestaron este miércoles en torno del Congreso por considerar que el proyecto de presupuesto del gobierno, avalado por el FMI, representa un nuevo ajuste a los salarios, las pensiones y el sostenimiento del Estado en general, incluidas la educación y la salud.
La secretaria general de la confederación que nuclea a los sindicatos de educadores, Marta Maffei, sostuvo en el acto que el crecimiento de la pobreza en este país es «insólito».
Muchos maestros y profesores aún esperan la entrega de salarios no pagados en los últimos meses, además de la deuda por aumentos incumplidos, lo que, según Maffei, pone en peligro la realización de los cursos de este año.
«Cada día se quedan sin empleo otros 1.700 trabajadores que ingresan al circuito de la pobreza, y los que no perdemos el trabajo tenemos que soportar rebajas salariales, falta de pago, recortes y pérdida de puestos en medio de un proceso inflacionario», advirtió la sindicalista.
Además, los trabajadores del sector metalúrgico convocaron a una nueva protesta nacional el 5 de marzo, para advertir contra los casi 1.000 despidos que podrían registrarse en ese mes en empresas del sector automovilístico de la central provincia de Córdoba.
Una de las manifestaciones se registró en la avenida 9 de Julio, en la capital. La mayoría de los que protestaban eran mujeres y niños de comedores de la zona sur de la ciudad. «Tenemos niños con VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida), mujeres con sífilis y tuberculosis, y no nos alcanzan los alimentos para todos», dijo una mujer.
Médicos y enfermeros de 76 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires advirtieron que en 15 días los comedores de los sanatorios se quedarán sin alimentos para los internados, debido a las deudas de varios meses que mantiene el gobierno provincial con empresas proveedoras de esos servicios.
Además de estas protestas realizadas por organizaciones sociales y gremiales, este miércoles se registraron nuevas manifestaciones de ahorradores frente a los bancos del centro de la ciudad, con pancartas, cánticos contra los banqueros y el gobierno y golpes de cacerola.
El Banco Central flexibilizó en la noche del martes el llamado «corralito» financiero (restricciones al retiro de efectivo de las cuentas), al autorizar a los bancos a emitir certificados de depósito que podrían utilizarse para la adquisición de inmuebles, automóviles nuevos y cancelación de créditos bancarios.
«Ladrones», «devuelvannos nuestros ahorros», «puse dólares, quiero dólares» y «respondan con su patrimonio» fueron algunas de las leyendas que inscribieron los manifestantes en las pancartas y el frente de los bancos, muchos de ellos amurallados con paneles metálicos.
El gobierno restringió el 3 de diciembre, en las postrimerías de la presidencia de De la Rúa, el retiro de efectivo de los bancos para evitar la quiebra del sistema financiero.
Miles de ahorradores reclaman desde entonces que se les devuelvan sus cuentas, practicamente inmovilizadas a excepción de los movimientos con cheques o medios electrónicos.
Los ahorradores incrementaron sus protestas en enero, cuando el gobierno liberó el mercado cambiario tras 11 años de paridad entre el peso y el dólar. Los depositantes tuvieron la opción de convertir sus depósitos en divisas a moneda nacional, pero con un dólar cotizado a 1,40 pesos, aunque en el mercado libre la moneda estadounidense ya se vende a 2,15.
Abogados y particulares realizaron una fila de más de un kilómetro ante la sede de un tribunal para presentar recursos de amparo contra el decreto oficial que impide litigar contra el Estado por seis meses a causa del «corralito». «Tengo 40 años de abogado y nunca había visto esto», comentó uno de ellos.
Conductores de programas de radio recomendaban desde la mañana a sus oyentes quedarse en sus casas para evitar complicaciones por las protestas. Pero numerosos oyentes llamaron a las emisoras para quejarse porque de ese modo incitaban a la gente a no salir a protestar.
Residentes de la capital de Argentina que desde hace dos meses se organizan en asambleas barriales decidieron acompañar las protestas de desempleados y trabajadores acompañandolos en la noche con ruido de cacerolas. (FIN/IPS/mv/mj/ip/02
