El desarrollo sustentable no será posible sin un mecanismo jurídico que obligue a las empresas multinacionales a cumplir sus responsabilidades, advirtieron activistas en la segunda reunión preparatoria de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable, de agosto próximo en Sudáfrica.
Esta segunda ronda de conversaciones previas a la cumbre conocida también como «Río + 10», terminó el 8 de este mes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, con una mezcla de optimismo y preocupación.
«Hemos hecho grandes progresos», declaró Netan Desai, secretario general de la Cumbre. «Ahora tenemos una idea clara de lo que se trata».
Sin embargo, líderes de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) que siguieron de cerca el proceso de negociación dudan que el debate se haya orientado en la dirección correcta para alcanzar resultados significativos en Johannesburgo.
«Los gobiernos están tan indecisos como siempre», declaró Michael Dorsey, director de Sierra Club, una organización ambientalista estadounidense.
«Es muy decepcionante, porque los gobiernos no permiten la inclusión de cuestiones espinosas en la agenda», expresó Daniel Mittler, de Amigos de la Tierra, una red mundial de grupos ecologistas.
Muchos países industrializados prefirieron excluir la cuestión de la responsabilidad empresarial en las discusiones, pero el Grupo de los 77 (G-77) países en desarrollo la respaldó.
«Las compañías multinacionales se han salido de control», afirmó Dorsey.
Desde la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), las ganancias de las multinacionales aumentaron 300 por ciento, mientras el empleo subió apenas 15 por ciento, señaló el director de Sierra Club.
La creciente movilidad mundial de las grandes empresas hace difícil que los países en desarrollo, carentes de mecanismos de supervisión, puedan responsabilizar a esas compañías por violaciones a los derechos humanos y ambientales, dijo Mittler.
Mittler y otros activistas temen que los negociadores gubernamentales promuevan en Johannesburgo un resultado favorable al actual régimen internacional de comercio.
«Johannesburgo tratará de que la globalización promueva el desarrollo sustentable», pero «eso no significa que se deba rediseñar la estructura y el marco de cada institución», aclaró por su parte Desai. «No se puede esperar que la cumbre cambie la macroeconomía de los países», dijo.
La cuestión de la responsabilidad empresarial está «sobre la mesa», respondió Desai a una pregunta sobre el tema, pero fue evasivo en cuanto a la inclusión en la discusión de un marco legal obligatorio.
Sin embargo, líderes de ONG insistieron en que debe haber una respuesta definitiva. «No podemos continuar dependiendo de iniciativas voluntarias de las empresas. El nivel de regulación debe aumentar», urgió Dorsey.
La sociedad civil organizada exige un marco regulatorio que incluya los derechos y obligaciones de las empresas, los derechos comunitarios, respaldo a iniciativas públicas social y ambientalmente responsables, responsabilidad y mecanismos de ejecución.
Las obligaciones de las multinacionales incluirían la realización de estudios ambientales y sociales, la elaboración de informes sobre condiciones laborales y derechos humanos, y el fomento de la participación comunitaria en la toma de decisiones.
El problema de la falta de regulación de la actividad de empresas privadas se ha agravado desde la Cumbre de la Tierra en 1992, según los activistas.
En 2000, la inversión extranjera directa aumentó a 1,3 billones (millones de millones) de dólares, impulsada por más de 60.000 firmas multinacionales con más de 800 mil filiales en el extranjero.
Las ventas de las 200 empresas más grandes equivalen actualmente a más de un cuarto de la actividad económica mundial, observó Amigos de la Tierra.
Si bien la última década fue un período de crecimiento de la productividad y acumulación de capital sin precedentes, cada año unos 10 millones de personas caen en la pobreza, señala un borrador de declaración elaborado por la comisión preparatoria.
Ahí, se exhorta a los gobiernos a concentrarse en la erradicación de la pobreza cambiando los modelos de producción y consumo, y administrando los recursos y ecosistemas de manera sustentable.
«No estamos cambiando la Agenda 21, sino fortaleciéndola», aclaró Emil Salim, presidente de la Cumbre de Sudáfrica.
Las cuestiones de finanzas y comercio internacional se discutirán sobre la base de los resultados de la última conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada en Doha, Qatar, el pasado noviembre, y de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo, de marzo próximo en Monterrey, México.
«Ahora podemos decir: el espíritu de Johannesburgo existe, hagámoslo juntos, entre ricos y pobres», expresó Salim.
Pero sus palabras no tuvieron eco en ambientalistas como Dorsey y Mittler, quienes observaron que la declaración de Doha dio a la OMC nuevos poderes para restringir más la regulación de las multinacionales.
«La cumbre debe establecer claramente los límites ecológicos y sociales del proceso de globalización económica. De eso debe tratarse Johannesburgo», instó Mittler. (FIN/Tierramérica/hr/en/02
