Los cancilleres de la Unión Europea (UE) se aprestan a imponer sanciones contra Zimbabwe, ante la falta de garantías para la libertad de prensa y de transparencia hacia las elecciones presidenciales de los días 8 y 9 de marzo.
Diplomáticos dijeron que una carta recibida el lunes por la UE del ministro de Relaciones Exteriores de Zimbabwe, Stan Mudenge, fue una respuesta insuficiente a las dudas sobre la capacidad del gobierno de Robert Mugabe de asegurar comicios libres y limpios y sobre su intención de aceptar observadores internacionales.
El parlamento de Zimbabwe votó el 10 de este mes leyes que prohiben la participación de observadores internacionales en las elecciones y dan a la policía poderes para dispersar actos políticos.
El representante de la UE Javier Conde exhortó a Zimbabwe, en una reunión con Mudenge en Bruselas el 12 de este mes, a acabar con la violencia política y con la ocupación de haciendas de propietarios blancos, a organizar elecciones transparentes y a asegurar la libertad de prensa y la independencia judicial.
El Acuerdo de Cotonou, pacto comercial y de asistencia entre la Unión Europea y 77 ex colonias de Africa, el Caribe y el Pacífico establece que el bloque puede suspender la ayuda al desarrollo e imponer sanciones por mal gobierno, violación de derechos humanos y de la libertad de prensa, entre otros asuntos.
Antes de decidir las sanciones, la UE debe realizar consultas oficiales con el estado en cuestión. El inicio de esas consultas, en el caso de Zimbabwue, fue en la reunión con Mudenge, a quien se le solicitó respuestas a las inquietudes planteadas con una carta a la Presidencia Europea en el plazo de una semana.
La carta del canciller de Zimbabwe, recibida el lunes con varios días de atraso, fue considerada agresiva por diplomáticos europeos.
«Creemos que 'exigir' o 'insistir' sobre el envío de observadores europeos a nuestra elección presidencial es inconsistente con el espíritu del acuerdo de Cotonou», indicó Mugende en su respuesta.
Mugabe enfrentará su mayor desafío electoral tras 21 años en el poder cuando compita en marzo contra Morgan Tsvangirai, el candidato del opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC).
La economía de Zimbabwe registra una inflación de más de 100 por ciento anual, y el pan y el maíz son casi un lujo para la población. Se calcula que el desempleo es de más de 50 por ciento.
Las sanciones, promovidas en primer lugar por Gran Bretaña, poder colonial en Zimbabwe hasta 1980, podrían incluir prohibiciones a la entrega de visas y el congelamiento de activos en el exterior de altos funcionarios de gobierno.
El secretario de Relaciones Exteriors británico Jack Straw amenazó el mes pasado con emprender una «acción diplomática» después que un portavoz de Mugabe llamó «terroristas» a varios periodistas y anunció una posible «guerra contra el terror».
El parlamento de Zimbabwe anunció este martes un sorpresivo receso, minutos después de iniciada la sesión para debatir restricciones a la prensa propuestas por el partido de gobierno, el Frente Patriótico de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe (ZANU-PF).
El proyecto en cuestión exigiría a los medios de prensa locales solicitar licencia todos los años para ser publicados, con penas de hasta dos años en caso de omisión. Además, prohibiría informaciones que causaran «alarma» y «desaliento».
En este contexto, varios miembros británicos del Parlamento Europeo se manifestaron a favor de imponer sanciones inmediatas contra el gobierno de Mugabe.
La parlamentaria británica Glenys Kinnock dijo que la misiva del canciller Mudenge «es otra evidencia de que el gobierno de Zimbabwe no tiene intenciones de cumplir» con sus obligaciones en materia de libertad de prensa y transparencia electoral.
«No comprenden que la violencia y la intimidación deben desaparecer y que deberían haber dado plazos para el ingreso de observadores electorales», agregó Kinnock.
El opositor MDC responsabiliza al gobierno de Mugabe y a sus simpatizantes de la muerte de 100 de sus seguidores desde febrero de 2000. (FIN/IPS/tra-en/bk/sm/lp-mj/ip/02
