El gobierno de Zimbabwe empezó a publicar 100.000 nombres de campesinos asentados en tierras que fueron expropiadas a terratenientes blancos, para acallar denuncias sobre la entrega de esas propiedades a partidarios y funcionarios.
El diario estatal The Herald publicó una parte de los nombres de los 100.000 campesinos beneficiados hasta ahora con la redistribución de tierras, que se completarán en los próximos días.
El gobierno espera convencer a quienes critican la reforma agraria, de que la tierra se está entregando a los ciudadanos que la solicitan.
Mientras tanto, el país fue considerado el destino más peligroso del mundo en 2001 en la lista publicada esta semana por la Unidad de Inteligencia Económica, con sede en Londres.
En el programa de tierras, una parte de los aspirantes son instalados en pequeñas plantaciones comerciales, que deberán satisfacer las necesidades productivas del país, mientras otros serán ubicados en asentamientos urbanos.
Aquellos que aún no han solicitado tierras, tendrán una nueva oportunidad para hacerlo, sostuvo el ministro de Tierras y Agricultura, Joseph Made.
No se negará la tierra a nadie, insiste el gobierno. Pero los veteranos de la guerra de liberación colonial (1965-1980) parecen tener prerrogativas sobre el resto de la población.
Opositores y medios de prensa acusaron a los veteranos de guerra de llevar adelante una violenta campaña de ocupación de plantaciones comerciales de propietarios blancos, que provocó el desplazamiento de 70.000 trabajadores agrícolas.
Desde que se iniciaron las ocupaciones, en febrero de 2000, murieron al menos ocho agricultores blancos y cuatro invasores negros. Casi 1.500 plantaciones fueron ocupadas por los veteranos, mientras el gobierno justificaba los actos violentos.
Las tierras agrícolas comprendidas en la reforma agraria constituyen 95 por ciento de las propiedades de agricultores blancos, pero la población blanca suma apenas uno por ciento de los 13 millones de habitantes.
Unos 4.400 blancos poseen 12,2 millones de hectáreas de tierras fértiles, mientras 1,2 millones de pequeñas propiedades ocupan 15,4 millones de hectáreas de tierras pobres y sin riego.
La violencia en las plantaciones y la sequía que azotó a varias zonas del país afectaron los rendimientos agrícolas, por lo cual Zimbabwe deberá importar 1,5 millones de toneladas de cereales.
Aunque todos los partidos políticos respaldan la necesidad de la reforma agraria, muchos consideran que la actual redistribución de tierras es un intento desesperado del presidente Robert Mugabe, en el poder desde 1980, por ganar la elección presidencial de marzo.
La base electoral de Mugabe es la población campesina, para la cual el origen de su pobreza se remonta al periodo colonial, cuando sus ancestros fueron expulsados de las zonas fértiles por los colonos británicos, y confinados a reservas marginales no aptas para la agricultura.
Ante la crisis económica y la lucha del gobernante Frente Patriótico – Unión Nacional Africana de Zimbabwe (ZANU-PF) por perpetuarse en el poder, la cuestión de la tierra se tiñó de sentimientos de venganza, y el gobierno busca extraer réditos políticos de esa situación.
Los críticos aseguran que el gobieno otorga tierras a los campesinos con escasa infraestructura y sin el entrenamiento en agricultura comercial necesario para mantener la producción en marcha .(FIN/IPS/tra-eng/lm/mn/dc/dv ip/02
