El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, renovó su equipo de colaboradores y entre las bajas figura un importante aliado, aunque sus decisiones parecen ir en sentido opuesto al pedido del Vaticano de evitar «la radicalización del proceso» de cambios que promueve el gobierno.
La sustitución al frente del Ministerio del Interior y Justicia de Luis Miquilena por el capitán retirado Ramón Rodríguez Chacín, especializado en acciones de inteligencia y contrainsurgencia, fue el colofón de semanas de cambios y enroques en el equipo gubernamental.
Chávez anunció el cambio este jueves, pero la salida de Miquilena era aguardada debido al distanciamiento entre ambos, evidente desde fines de 2001, cuando el mandatario dijo que este año «se radicalizará el proceso revolucionario» iniciado con su llegada al poder el 2 de febrero de 1999.
Así mismo, la ex vicepresidenta Adina Bastidas sustituyó a Luisa Romero en el Ministerio de Producción y Comercio.
Los cambios ministeriales coincidieron con un roce público entre Chávez y el nuncio apostólico (embajador del Vaticano), André Dupuy, quien pidió al gobierno «diálogo con todos los sectores» y moderación.
El ingreso de de Rodríguez Chacín en el gabinete alentó especulaciones sobre el inicio de una «radicalización» del gobierno, ya anunciada por el presidente, que además ubicó a militares retirados en posiciones políticas clave.
Rodríguez Chacín, sin trayectoria política, se hizo conocido el año pasado al mediar ante guerrilleros colombianos para lograr la liberación de una joven venezolana secuestrada por insurgentes.
El nuevo ministro integró un grupo contrainsurgente, algunos de cuyos miembros fueron acusados en 1989 por una matanza de campesinos en la zona de El Amparo, fronteriza con Colombia, en un caso por el cual Venezuela fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hace dos semanas, Chávez designó como vicepresidente, en sustitución de Bastidas, al también militar retirado Diosdado Cabello, hasta entonces ministro de la Secretaría, cargo que fue ocupado por el comunista Rafael Vargas. Tanto Cabello como Rodríguez Chacín participaron de las dos insurrecciones militares de 1992.
Chávez, entonces teniente coronel, condujo la rebelión del 4 de febrero, y posteriormente, el 27 de noviembre, se produjo otro levantamiento militar. Ambas acciones formaron parte de la estrategia de un grupo nacionalista de mandos medios castrenses.
El hoy jefe de Estado fue elegido en las elecciones de diciembre de 1998, pero constantemente señala que el 4 de febrero de 1992 fue cuando se forjó su proyecto de «revolución social bolivariana».
La salida de Miquilena, según coinciden este viernes la mayoría de análisis, priva al gobierno venezolano de uno de sus principales negociadores. El ex ministro, de 84 años, militó décadas atrás en el Partido Comunista y durante su gestión tendió puentes con distintos sectores.
«Radicalización podría ser que el gobierno acentuará sus políticas sociales (…). No está en absoluto planteado que la radicalización implique restringir las libertades democráticas», dijo este viernes Guillermo García Ponce, dirigente principal del Comando Supremo de la Revolución, órgano creado este enero por Chávez.
Por otra parte, Chávez perdió en las últimas dos semanas dos embajadores clave: el radicado en Estados Unidos, Ignacio Arcaya, y en el Vaticano, Ignacio Quintana, quienes renunciaron por discrepancias con la política oficial y pidieron la apertura de canales de diálogo en un clima político de moderación.
«Ha habido una violencia verbal excesiva, que se impone sea corregida. Venezuela necesita un clima de paz, concordia y convivencia» comentó Quintana. Ambos ex embajadores son figuras de centro que habían cooperado con Chávez desde 1999. Arcaya, incluso, fue ministro del Interior.
Analistas coinciden que la abrupta renuncia del embajador en Estados Unidos, en medio de una gira de Chávez por Nueva York y tras discutir con el presidente, será un nuevo obstáculo en la ya difícil relación del gobierno con Washington.
Empero, otro frente internacional difícil se le abrió a Chávez este jueves con el pronunciamiento del cardenal Dupuy en medio del acto protocolar de saludo del cuerpo diplomático al jefe de Estado.
«Sería una verdadera lástima si una radicalización o politización excesiva del actual proceso de cambio pusiera en segundo plano (…) los objetivos humanísticos de la revolución bolivariana», dijo Dupuy, quien aseguró que esa opinión representaba un estado de ánimo entre miembros del cuerpo diplomático.
Chávez respondió en forma dura, y en el mismo acto protocolar, dijo que con «otros rostros se ha puesto de moda el intervencionismo». Recalcó que su política es parte de «los asuntos internos del Estado» venezolano y que no le compete a los embajadores extranjeros pronunciarse al respecto.
La Iglesia Católica emitió hace dos semanas un documento a favor del diálogo nacional, y el propio Dupuy se reunió con distintos representantes de los poderes públicos. Los obispos venezolanos criticaron la polarización que se va manifestando en el país.
«No podemos seguir con tanta descalificación, que lo que viene a generar es una brecha mayor como si Venezuela fuera un ring (de boxeo), donde estamos enfrentados los unos con los otros», sostuvo, por su parte, el presidente de la Conferncia Episcopal Venezolana, Baltasar Porras.
Muestra de la polarización fue lo que se vivió en las calles de Caracas este miércoles, con motivo de la conmemoración del 23 de enero de 1958, fecha en que cayó la última dictadura militar.
Dos nutridas marchas recorrieron el centro de la capital. En una, organizada por organizaciones sociales y empresariales junto con partidos opositores, se pedía la salida de Chávez de la presidencia, y en la otra, de carácter oficialista, se aseguraba que sólo el presidente puede garantizar la democracia en este país.
A juicio de Porras, lo que dejaron en evidencia las dos marchas del miércoles es «la necesidad de dialogar, la necesidad de buscar entre todos el camino de nuestra sociedad». (FIN/IPS/ac/mj/ip/02
