El asesinato de un partidario de la reforma agraria que impulsa en Venezuela el presidente Hugo Chávez y el atentado contra otro, que resultó herido, sembraron agitación al cumplirse un mes de la entrada en vigor de una polémica ley de Tierras.
En acciones separadas por centenares de kilómetros, pero con poca diferencia de tiempo, hombres armados dispararon en la noche del 10 de enero contra los dirigentes agrarios Alberto Mora, que falleció de inmediato, y José Huerta, quien fue gravemente herido.
Huerta y Mora se desempeñaban al sur del lago de Maracaibo, una importante zona agrícola del occidente de Venezuela donde hacendados y ganaderos rechazan la ley de Tierras promulgada por Chávez y la concesión a campesinos de títulos de propiedad de predios.
El asesinato de Mora, dirigente una organización campesina en el estado de Mérida, y el frustrado intento contra Huerta, comunista y ex director regional en el occidental estado de Zulia del Instituto Agrario Nacional, causaron conmoción en el medio rural.
El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), William Lara, dijo a IPS que estos hechos «buscan crear desestabilización» en perjuicio del gobierno. El Poder Legislativo se dispone a investigar la situación, agregó.
«La violencia ha sido una salida marginal» a los conflictos existentes en diversas materias, «y debemos seguir luchando por que eso sea así, que las diferencias no se resuelvan a través de salidas violentas», sostuvo Lara, perteneciente al Movimiento V República, de Chávez.
Lara indicó que una de las posibilidades para evitar la generalización de la violencia en el sur del lago de Maracaibo sería la extensión de los llamados teatros de operaciones, unidades militares instauradas en el gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) en la frontera de Colombia para detener incursiones guerrilleras.
«La gente ve con buenos ojos a los militares», comentó el legislador.
Estos atentados coincidieron con el agitado debate que rodea a la ley de Tierras aprobada por Chávez. Organizaciones campesinas aseguran que desde 1999 murieron cada año, en promedio, 12 campesinos o líderes agrarios en situaciones relacionadas con la lucha por el derecho a la tierra.
Huerta, quien sobrevivió después de recibir cuatro disparos, es secretario agrario del Partido Comunista de Venezuela. Por su parte, Mora, que recibió 10 balazos, integraba el izquierdista Patria Para Todos, que apoya a Chávez.
«Todo lo que ha rodeado estos asesinatos, porque ya son varios, indica que podría tratarse de sicarios pagados por algunos interesados en acallar y amedrentar las luchas agrarias en Venezuela», expresó el presidente Chávez.
El mandatario enarbola desde el año pasado la reforma agraria como bandera principal de su «revolución social bolivariana», y recibió poderes especiales para aprobar por vía ejecutiva cuatro docenas de leyes, incluida la de Tierras, promulgada el 12 de noviembre y en vigencia desde el 10 de diciembre.
En esa fecha, la principal agrupación empresarial del país, Fedecámaras, realizó una paralización general de actividades en el país para protestar por la forma «inconsulta y atropellada», en que se aprobaron las leyes.
Hacendados y ganaderos afirman que la nueva ley no da garantías plenas al derecho de propiedad, pues no están claramente establecidas las indemnizaciones en caso de expropiación, y porque le da al Estado potestades para fijar cultivos prioritarios, en aras de la seguridad alimentaria.
Mientras, el Poder Ejecutivo se niega a discutir enmiendas con los sectores interesados.
En 40 años de vigencia de la primera ley de reforma agraria, promulgada en 1961, se repartieron 11,5 millones de hectáreas, informó a IPS el no gubernamental Programa Venezolano de Derechos Humanos (Provea).
Los grandes propietarios, con haciendas de hasta 1.000 hectáreas, pasaron en ese mismo periodo de poseer 23 por ciento de la tierra explotada del país al 42 por ciento del total.
Mientras, la superficie explotada por los pequeños y medianos productores, con hasta 50 hectáreas, aumentó apenas de 4,9 a 5,9 por ciento del total en esos cuatro decenios.
«El proceso de reforma agraria implementado a partir de 1961 transfirió enormes cantidades de tierra» a quienes no preveía beneficiar, precisó la ONG.
Por otra parte, los ataques del 10 de enero dieron origen a llamados a un entendimiento en las zonas rurales.
Huerta comentó que resolvió por la vía del diálogo 12 de los 15 casos de disputa de propiedad de la tierra que debió afrontar cuando fue director en Zulia del Instituto Agrario Nacional, a cargo de la reforma agraria.
«Creo en la capacidad de reflexión de la gente, soy militante del diálogo y conversaba mucho con los afectados y siempre busqué la manera de llegar a acuerdos amistosos», comentó.
En relación con la responsabilidad sobre estos hechos, Huerta indicó que no tenía duda de que quienes le dispararon eran «sicarios». Según su testimonio, en ningún momento intentaron robarle ni le dirigieron la palabra, sino que, directamente, le dispararon.
El defensor del Pueblo en la región, Antonio Urribarrí, manifestó su temor a que los ganaderos recurran a la violencia con grupos armados privados, «lo cual nos llevaría a una guerra civil, como en Colombia».
Urribarrí expuso sus sospechas de que los atacantes eran contratados.
En tanto, el ministro de Agricultura y Tierras, Efrén Andrade, dijo que el gobierno tiene como prioridad la reforma agraria. Pero «absolutamente no queremos que sea una guerra», aseguró. (FIN/IPS/ac/mj/ip dv/02
