La reforma agraria, una prioridad que costó al gobierno de Venezuela un fuerte enfrentamiento con el sector privado, comenzará a aplicarse en terrenos ociosos en manos del Estado.
La aplicación de la llamada ley de Tierras también se verificó con la designación el día 6 de Adán Chávez, hermano del presidente Hugo Chávez y hasta entonces su secretario privado, al frente del Instituto Nacional de Tierras (INT), y la devolución del rango ministerial al Viceministerio de Agricultura.
Chávez, al momento de tomar esas decisiones y asignar 14 millones de dólares de presupuesto inicial para el INT, remarcó que la reforma agraria está orientada a otorgar tierras y asistencia técnica a campesinos pobres, a la par de regular la propiedad de las grandes extensiones.
Por su parte, Adán Chávez explicó que se comenzará a implementar la ley con las tierras en poder del Estado, 70 por ciento de las cuales están ociosas y son productivas, y «lo demás vendrá después», dijo en referencia a terrenos privados.
La ley de Tierras, que el gobierno la ubica en el punto central de su «revolución social bolivariana», fue aprobada el 12 de noviembre y es uno de las cuatro docenas de instrumentos legales para los cuales Chávez recibió poderes especiales por parte del parlamento.
La nueva norma prevé las expropiaciones en razón de interés social, mediante un proceso judicial. Sin embargo, no presenta criterios claros de indemnización y tampoco fija compensación para aquellos que han hecho inversiones o trabajado tierras que no son de su propiedad.
Fedecámaras, la principal organización empresarial del país, consideró que la ley de Tierras, al igual que la de Pesca y de Zonas Costeras, fue aprobada de manera «atropellada e inconsulta» y que no garantiza la propiedad privada.
Pero las críticas empresariales fueron respondidas con dureza por el gobierno, que se mantuvo firme en su decisión pese a la huelga organizada por Fedecámaras el 10 de diciembre y la demanda presentada ante la justicia.
En 2001 se cumplieron 40 años de la primera ley de reforma agraria en Venezuela, que fue letra muerta porque no se cumplió con la distribución equitativa de tierras y tampoco se implementaron políticas de desarrollo agrícola sustentable.
Estadísticas del estatal Instituto Agrario Nacional, que ahora dio paso al INT, elaboradas a partir del censo agrícola de 1998, señalan que el Estado repartió 11,5 millones de hectáreas entre 230.000 familias desde 1961.
Sin embargo, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) indicó a IPS que, tras una lectura detallada de esos datos, se constata una transferencia de tierras en las últimas cuatro décadas a los productores que van de 50 a 1.000 hectáreas.
En ese marco, los grandes propietarios pasaron de tener 23 por ciento de la tierra explotada del país a 42 por ciento del total, mientras que los pequeños productores, supuestos beneficiarios de esa ley, sólo aumentaron su propiedad de 4,9 a 5,9 por ciento en los últimos 40 años.
«El proceso de reforma agraria implementado a partir de 1961 transfirió enormes cantidades de tierras a quienes no eran sujetos de ella», concluyó Provea.
Así, se calcula que hoy 70 por ciento de las tierras propicias para la agricultura están en poder de tres por ciento de los propietarios del sector, en un país que aún tiene grandes extensiones improductivas.
Sólo cuatro por ciento de las tierras aptas de Venezuela están cultivadas, mientras que permanecen sin utilizar 30 millones de hectáreas. El medio rural, como consecuencia, también está despoblado, pues sólo viven 12 por ciento de los 24 millones de venezolanos.
Venezuela vivió un acelerado proceso de urbanización a partir de la década del 30, cuando comenzaron las exportaciones masivas de petróleo.
En el área agropecuaria coexisten la desigual distribución de la tierra, que data de la época colonial, junto a la ausencia de organizaciones que defiendan los intereses de los campesinos pobres, al tiempo que el Estado ha tenido un discurso vacío de acciones concretas en el sector, apuntan los expertos.
El propio Chávez, desde que llegó al gobierno en febrero de 1999 y comenzó a ejecutar un plan de reformas políticas e institucionales, ha tenido una política zigzagueante en relación con el campo.
En octubre de 1999, Chávez rebajó el rango del Ministerio de Agricultura, que pasó a ser una dependencia del Ministerio de Producción y Comercio, y dos años después cambia de dirección y anuncia la reactivación del despacho «para darle mayor importancia a lo que es el desarrollo agropecuario».
El mandatario recibió poderes especiales para dictar la ley de Tierras en 2000, pero no había sancionado ese instrumento legal hasta ahora, pese a que contaba con una vía expresa para ello. El año pasado nuevamente recibió ese poder especial y la ley sólo estuvo lista el 12 de noviembre, el día límite después de un año.
Por otra parte, expertos como Juan Luis Hernández y asociaciones del sector, como la Federación de Agroindustriales, acusan al gobierno de Chávez de continuar con la política «aperturista» neoliberal e «importadora», sin un apoyo constante, coherente y fluido para quienes trabajan la tierra.
Mientras, la cuestión del financiamiento podría tener un giro. La nueva ley obliga a los bancos a destinar 15 por ciento de su cartera a créditos agrícolas, decisión que, pese a la protesta de los banqueros, deberá comenzar a aplicarse de inmediato, como anunció el nuevo ministro de Agricultura, Efrén Andrade.
Según el abogado Marino Alvarado, activista de derechos humanos, lo destacado de la ley es que restringe parcialmente el latifundio y pretende darle un impulso a la producción y desarrollo agrícola vinculada a la seguridad alimentaria del país.
La nueva norma indica que quienes deseen legalizar extensiones de tierra superiores a las 5.000 hectáreas deberán demostrar que las están utilizando en planes productivos, que además deben estar vinculadas a las prioridades alimentarias fijadas por el Estado.
Otro aspecto positivo de la ley es que ayudará a realizar un completo censo sobre la situación agraria en el país, pues hoy el propio Estado desconoce la cantidad de tierras que están en sus manos y las que son, legalmente, de propiedad privada. (FIN/IPS/ac/dm/dv/02
