Unas 400.000 trabajadoras que se emplean temporalmente en las zonas rurales de Chile para la recolección de frutas tendrán ahora contratos en regla, gracias a las reformas laborales aprobadas hace cuatro meses.
El Ministerio del Trabajo comenzó a aplicar este miércoles el Registro de Contratistas Agrícolas, que hace obligatoria la inscripción de los «enganchadores», como se denomina a quienes llevan a las «temporeras» a laborar con los empresarios agrícolas.
El sistema fue presentado el martes por el presidente Ricardo Lagos, el ministro del Trabajo, Ricardo Solari, y la jefa de la Dirección del Trabajo, María Ester Feres, en un centro de acopio y clasificación de frutas en el municipio rural de San Francisco de Mostazal, unos 70 kilómetros al sur de Santiago.
Solari dijo que con el registro se pondrá fin a la informalidad en la contratación de los casi 400.000 trabajadores temporales del agro, que conforman una masa laboral constituida mayoritariamente por mujeres.
Este ha sido uno de los avances más trascendentales para las temporeras, marginadas de los derechos laborales pese a ser protagonistas del auge de la exportación frutícola de Chile desde la década del 80.
La nueva normativa se puso en ejecución en el marco de las reformas al Código Laboral, aprobadas hace cuatro meses para poner en consonancia la legislación chilena en materia de empleo y sindicalización con las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo.
Las reformas laborales restablecieron las negociaciones sindicales colectivas, ampliaron la protección a trabajadores en huelga y regularizaron los sistemas de contratación, entre otros derechos que habían sido conculcados o restringidos por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Las reformas fueron resistidas por la oposición derechista y por organizaciones empresariales, pero su aprobación final en el parlamento pasó casi inadvertida porque tuvo lugar el 11 de septiembre, el mismo día de los atentados terroristas en Nueva York y Washington.
Sin embargo, representantes de los empresarios agrícolas se declararon satisfechos con la nueva modalidad para la contratación de trabajadores temporales, señalando que da mayor formalidad y transparencia a las relaciones laborales en el sector.
La mano de obra temporal, que se emplea en los meses de recolección, desde octubre a marzo, representa alrededor de 50 por ciento de la fuerza de trabajo rural permanente, que asciende a 780.000 trabajadores, según la empresarial Sociedad Nacional de Agricultura.
Las organizaciones sindicales y de mujeres tomaron como una de sus principales banderas de lucha la denuncia de las malas condiciones de trabajo de las temporeras, desde el restablecimiento de la democracia en Chile, en marzo de 1990.
La alta rentabilidad de las exportaciones frutícolas se vio favorecida durante la dictadura por los bajos salarios de estas trabajadoras temporales, que carecían además de seguro de salud y de pensiones de jubilación, según las denuncias.
Las mujeres carecían de vestimentas y equipos adecuados para su labor, y de condiciones dignas de transporte, alojamiento y alimentación.
La falta de protección en plantaciones frutícolas con alto empleo de plaguicidas y pesticidas provocó enfermedades en muchas de estas trabajadoras e, incluso, el nacimiento de hijos de ellas con malformaciones, según una investigación universitaria realizada en 1994.
Entre las temporeras hay un alto porcentaje de madres solteras y de jefas de hogar, que con frecuencia debían llevar consigo a sus hijos pequeños al trabajo, debido a la inexistencia de salas- cuna o jardines infantiles en las localidades rurales.
El ciclo de educación básica en este país, que en teoría debe cumplir toda la población, es de ocho años, pero el promedio de escolarización entre las temporeras es de sólo 6,8 años, según un informe del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam).
El Sernam creó un Programa de las Temporeras e inició en 1993, en conjunto con la Dirección del Trabajo, la elaboración de algunas normativas para humanizar sus condiciones laborales y de vida.
Gracias a esa iniciativa se registraron varios avances en los últimos años, entre los cuales se destaca la extensión de los servicios del estatal Fondo Nacional de la Salud a las trabajadoras temporales durante todo el año, si demuestran que trabajaron durante cuatro meses.
Un plan piloto permitió también habilitar jardines infantiles y salas-cuna en localidades rurales para brindar atención a los hijos de las temporeras.
María Isabel Cárcamo, encargada del Programa de Temporeras del Sernam, identificó como uno de los problemas fundamentales la falta de acceso a los sistemas de previsión social, por el carácter esporádico de sus relaciones laborales.
«Para poder jubilarse hay que trabajar 20 años o 240 meses. Si las temporeras trabajan en promedio cuatro meses al año, tendrían que trabajar al menos 60 años para poder jubilarse», advirtió Cárcamo hace cinco meses.
El otro aspecto crítico era el de los mecanismos de acceso a los empleos de temporeras, descritos por la diputada y ex dirigente sindical María Rozas, de la cogobernante Democracia Cristiana, como parte de «una red de trabajo ilegal e inhumana».
El sistema funcionaba sobre la base de «enganchadores», que constituían el único vínculo con las mujeres, las cuales no conocían a sus empleadores directos e ignoraban sus condiciones laborales, señaló la diputada.
Esta informalidad permitía violar tanto las leyes laborales como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ya que los «enganchadores» empleaban a menudo a menores de 15 años junto con sus madres, por salarios descritos como misérrimos.
Este tipo de irregularidades quedó dramáticamente al descubierto en febrero de 2001, cuando se accidentó un autobús que transportaba a 79 temporeras, 22 de ellas menores.
El ministro Solari señaló que con el nuevo registro, el «enganchador» está obligado a entregar en la Inspección del Trabajo su identificación completa, así como el lugar de trabajo y los nombres de sus trabajadoras, junto a la copia del contrato laboral.
Gracias a la reforma laboral, las temporeras tienen también la posibilidad de negociar colectivamente sus contratos y los empleadores deberán costear obligatoriamente los gastos de alimentación, alojamiento y traslado cuando las labores se realizan fuera de un radio urbano.
La nueva normativa abre igualmente la posibilidad de que varios empleadores se unan para habilitar en conjunto salas-cuna destinadas a acoger a los hijos menores de las temporeras, destacó también Solari. (FIN/IPS/ggr/dm/hd lb/02
