El secretario general de la ONU, Kofi Annan, autorizó la creación de un tribunal especial para investigar los crímenes en la guerra civil de Sierra Leona, que duró nueve años y costó más de 10.000 vidas.
Annan decidió establecer el Tribunal Especial para Sierra Leona pese a la falta de recursos financieros adecuados, según lo manifestó en una nota dirigida el jueves al Consejo de Seguridad.
El tribunal debía ser financiado con aportes voluntarios de los 189 países miembros de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y establecerse sólo tras obtener fondos seguros para sus tres años de mandato.
Hasta ahora, la ONU recibió contribuciones y compromisos por 35,2 millones de dólares, 20 millones menos de lo necesario.
«Sin embargo, estoy convencido de la voluntad política de los estados y de su compromiso con el éxito y la viabilidad de la corte», escribió el secretario general al Consejo.
A diferencia de los tribunales de crímenes de guerra de Ruanda y la antigua Yugoslavia, ambos creados por el Consejo de Seguridad, el Tribunal Especial para Sierra Leona fue establecido por el gobierno de ese país de Africa occidental con ayuda legal de la ONU.
El tribunal de Ruanda tiene su sede en Tanzania, y el de la ex Yugoslavia en Holanda.
La decisión de establecer el tribunal de Sierra Leona fue adoptada en 2000, pero su creación se demoró por diversas razones, incluso la financiación y desacuerdos acerca de su mandato.
Annan anunció el envío de una misión de planificación de la ONU a Freetown la semana próxima para discutir con el gobierno asuntos prácticos como el edificio de la sede, el suministro de personal y servicios locales, y el lanzamiento de las investigaciones y los procesamientos.
La misión, integrada por funcionarios de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU y representantes de la comisión administrativa del tribunal, estará en Sierra Leona entre el 7 y el 18 de enero.
La última diferencia entre la Secretaría de la ONU y Freetown – sobre la jurisdicción temporal de la corte- ha sido resuelta, señaló Annan.
La guerra civil de Sierra Leona terminó cuando el gobierno elegido democráticamente de Ahmed Tejan Kabbah asumió el poder en noviembre de 1996.
Sin embargo, en mayo de 1997, Kabbah fue derrocado por un golpe militar, y luego reinstaurado en el gobierno en marzo de 1998, con la ayuda de una fuerza de paz regional, el Grupo de Control de la Comunidad Económica de Países de Africa Occidental (Ecomog), encabezado por Nigeria.
En julio de 1999, Kabbah firmó el acuerdo de paz de Lomé con el líder rebelde Foday Sankoh. Pese al pacto, fuerzas insurgentes continuaron su lucha y desestabilizaron a Sierra Leona.
Antes de la firma del acuerdo de paz, los rebeldes fueron acusados de crímenes atroces, como la mutilación de los brazos o piernas de sus supuestos enemigos, muchos de ellos civiles inocentes e incluso niños.
Pero el gobierno de Kabbah ofreció a Sankoh una amnistía que la ONU se negó a reconocer.
El nuevo tribunal juzgará por crímenes de guerra a Sankoh, un ex ministro de gobierno. El líder rebelde está acusado de incumplir su promesa de deponer las armas y actualmente se encuentra bajo custodia del gobierno.
Una de las cuestiones más sensibles es el procesamiento de menores de edad que fueron utilizados como combatientes. El año pasado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estimó que unos 5.000 niños y adolescentes participaron en la guerra civil de Sierra Leona.
El Consejo de Seguridad opinó que todos los menores que hayan cometido crímenes deben comparecer ante la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona, no ante el tribunal especial.
Además, la corte debe tener jurisdicción personal sólo sobre «las personas que tengan la mayor responsabilidad» por los crímenes de guerra, incluso las mutilaciones de civiles.
El grupo neoyorquino Human Rights Watch exhortó el año pasado a los miembros del Consejo de Seguridad a establecer «un tribunal creíble, imparcial y bien financiado para juzgar a los responsables de las atrocidades perpetradas en Sierra Leona».
Human Rights Watch documentó numerosos abusos cometidos por los rebeldes, incluso testimonios sobre amputaciones luego del pacto de Lomé de 1999, así como violaciones, saqueos, secuestros, reclutamiento forzado de niños y adolescentes, y ejecuciones sumarias.
También se han publicado informes sobre abusos cometidos por las fuerzas del gobierno. (FIN/IPS/tra-en/td/aa/mlm/ip-hd/02
