La crisis social y económica de Argentina mantiene a la deriva a miles de personas cuya vida depende de medicamentos que están en las farmacias, pero no pueden comprar. Algunos cuentan su supervivencia día a día: son enfermos de cáncer o diabetes o receptores de órganos.
Sin ministro de Salud desde el 20 de diciembre, cuando Fernando de la Rúa renunció a la presidencia, el director de la no gubernamental Red Solidaria, Juan Carr, no da abasto. «Llámeme mas tarde porque me quedan 19 horas para conseguir inmunosupresores para un transplantado de riñón de 28 años», dijo a IPS, en tono dramático.
La falta de fármacos para los transplantados -niños y adultos- pone al borde del fracaso operaciones hechas en algunos casos hace años. Los órganos pueden ser rechazados en los próximos días si no se ingieren productos que, sin apoyo del Estado o de los sindicatos, exigen un gasto de 2.000 dólares mensuales.
«Aunque sea que me presten una caja», decía desesperado Darío Gómez, de 29 años, que recibió un riñón hace cinco años y necesita los inmunosupresores, cuyo costo es de 250 dólares la caja.
Gómez necesita una caja por semana, y en la farmacia sólo aceptarían vendérsela si la pagara con dinero en efectivo, que no tiene.
A este problema crítico de los transplantados se agrega el de los pacientes oncológicos, que dependen de la quimioterapia y aguardan que ceda la crisis y otra vez fluyan los fármacos que podrían salvarles la vida o, al menos, mejorar la calidad de su supervivencia.
También el tratamiento para los enfermos de VIH/sida podría interrumpirse en los próximos días por la falta las drogas antirretrovirales, que comenzó a detectarse en hospitales junto con la desaparición de antibióticos, broncodilatadores, anestésicos, materiales descartables y suero.
Néstor Loreto, presidente de la Liga Argentina de Protección al Diabético, explicó a IPS la crítica situación de los diabéticos que dependen de la insulina y no consiguen comprarla en las farmacias porque hay retención de mercaderías, con distintos argumentos.
Un diabético insulino-dependiente no puede vivir más de una semana sin inyectarse la insulina, que le garantiza el nivel de azúcar en sangre y que su páncreas no produce naturalmente. En estos días, algunas personas llegan a la Liga en busca de ayuda con niveles de glucemia que los colocan cerca del coma diabético.
Uno de esos casos es el de Alberto Rodríguez, de 39 años. Su esposa, Marcela, fue a la Liga en busca de un frasco de insulina para «al menos» 10 días, porque en el hospital de la provincia de Buenos Aires en que se atiende su marido le dijeron que de momento no se la pueden suministrar.
«Esto es un acto criminal que merece una denuncia penal», dijo indignado Loreto, que desde el sábado recibe pedidos de urgencia de los enfermos más críticos -de la capital y de las provincias- y que son respondidos con donaciones realizadas el viernes por algunos laboratorios.
Rodríguez explicó a IPS que tiene diabetes desde los 19 años, cuando cumplía el servicio militar y, a punto de obtener la baja, en 1982, estalló la guerra entre Argentina y Gran Bretaña por las islas Malvinas. «Me retuvieron en servicio tres meses más y eso para mí fue terrible», señaló.
Durante muchos años, Rodríguez se controló con insulina. Pero en 1999 su diabetes se complicó y desde entonces quedó en lista de espera para trasplante de rinón. Tuvo también un desprendimiento de retina y está ciego de un ojo. Tres veces por semana, una ambulancia lo lleva a su sesión de diálisis.
«Son cinco horas de diálisis, tres veces por semana, para filtrarme la sangre y extraerme el líquido. Mi mujer había querido darme un rinón, pero no somos compatibles. Por eso estoy a la espera. Y ahora esto. No hay tampoco insulina para mí, ni siquiera las tiras (reactivas) para controlarme», lamentó.
Su esposa cuenta que además, la crisis la obligó a cerrar su comercio de venta de artículos sanitarios. Asi que ahora también ella está desocupada.
Hay en Argentina 2,5 millones de diabéticos, 300.000 de los cuales dependen de la insulina. El costo de ese tratamiento es de 300 dólares mensuales entre la insulina misma, las tiras reactivas para control de la glucemia y los materiales descartables. Los hospitales y servicios de salud de los sindicatos cubrían esa demanda.
Pero las deudas millonarias acumuladas en más de cuatro meses por los sindicatos con las farmacias, más las prácticas especulativas de quienes retienen productos que podrían subir de precio tras la devaluación dispuesta el domingo, causaron el desabastecimiento. Los enfermos no pueden seguir su tratamiento.
Loreto informó que los laboratorios le mostraron en estos días comprobantes de que en diciembre aumentaron 50 por ciento su venta de insulina respecto de los meses anteriores. En esos papeles consta que una droguería, que compraba por mes 250 equipos de control de la enfermedad, pidió 1.000 en diciembre.
Esta demanda demostraría que las droguerías y farmacias se hicieron de un excedente de productos para obtener ventajas de la devaluación que aguardaban.
Las farmacias niegan estar especulando y dicen en su descargo que los servicios de salud de los sindicatos y servicios de salud privados no les pagan hace cuatro meses los medicamentos vendidos con descuentos.
Esa deuda llega a 600 millones de dólares y el gobierno de Eduardo Duhalde prometió que atenderá con urgencia el problema mediante un cronograma de cancelación de pasivos que comenzaría al menos con 100 millones.
Mientras, un juez resolvió favorablemente este martes un recurso presentado por favor de la Liga de Protección al Diabético y por el Defensor del Pueblo. La decisión judicial ordena retrotraer la situación de provisión de medicamentos al 3 de diciembre, cuando comenzó el desabastecimiento. (FIN/IPS/mv/ff/he/02
