El gobierno de Rusia da muestras de no cejar en la lucha contra la corrupción, mientras observadores afirman que las investigaciones oficiales están orientadas por disputas entre facciones internas del gobierno.
El presidente Vladimir Putin destituyó a comienzos de este mes al ministro de Ferrocarriles, Nikolai Aksyonenko, acusado de malversar millones de dólares durante su gestión.
Aksyonenko estuvo vinculado con Boris Berezovsky, poderoso empresario que quedó aislado depués que Putin comenzara a distanciarse de magnates sospechosos de corrupción.
Antes del rápido ascenso de Putin al poder en 1999, Aksyonenko era considerado entre los posibles sucesores del ex presidente Boris Yeltsin (1991-1999), durante cuyo periodo fue viceprimer ministro.
También este mes, la Procuraduría General informó que había investigado actividades financieras del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Alexander Voloshin, quien colaboró a comienzos de los años 90 con Berezovsky.
El procurador general, Vladimir Ustinov, decidió que no se iniciaría una demanda penal contra Voloshin, pero la noticia sobre la investigación sugirió a analistas la inminente destitución de Voloshin y de altos funcionarios cercanos al ex presidente Yeltsin.
Voloshin participó con Berezovsky en esquemas financieros piramidales, para los cuales es necesario reclutar a personas que aporten dinero y que a su vez inviten a otros aportantes. Los inversores que quedan en la base de la pirámide pierden, en muchas ocasiones, su dinero.
El militar dirigió varias empresas que habrían malversado millones de dólares, según informaron en la década pasada medios de prensa rusos.
Analistas afirman que la investigación de la Procuraduría reflejó la pugna entre dos podersos grupos que presionaban a Putin, uno integrado por antiguos compañeros del presidente en los servicios de inteligencia y otro por altos funcionarios de gobierno y políticos conservadores.
El actual presidente ruso ingresó al Comité de Seguridad del Estado (KGB) en 1975, y se retiró del servicio activo en 1990, un año antes de la disolución de la Unión Soviética.
Organismos oficiales de contralor investigaron el año pasado a 40.000 funcionarios de diversas instituciones, aunque la mayoría de los casos se referían a violaciones administrativas menores.
En el acto por el 280 aniversario de la Procuraduría General, Putin urgió a los fiscales a hacer más esfuerzos en la lucha contra la corrupción.
Analistas creen que Putin intenta echar por la borda el legado de los primeros años posteriores a la disolución de la Unión Soviética, en que se registraron muchos hechos delictivos mientras grandes magnates, como Berezovsky, lograban gran influencia sobre el gobierno.
En 2001, Putin respaldó el inicio de una investigación sobre la gestión de Rem Vyakhirev, director de Gazprom, la mayor compañía rusa de gas natural, de la que el Estado conserva 38 por ciento de las acciones tras su privatización en 1993.
Ustinov anunció que interrogará a otros ejecutivos de Gazprom para profundizar una investigación sobre la venta de activos de su subsidiaria Sibur por 86 millones de dólares, dinero cuyo paradero se desconoce. Hasta hace poco, los altos ejecutivos de Gazprom eran considerados intocables en Rusia.
El primer vicedirector de Gazprom y además director de la junta de Sibur, Vyacheslav Sheremet, el director de Sibur, Yakov Goldovsky, y el vicepresidente de la subsidiaria, Yevgeny Koxhit, fueron detenidos este mes para ser interrogados. Sheremet fue liberado, pero Goldovsky y Koxhit permanecen detenidos.
Los procuradores abrieron un proceso penal basado sobre documentos incriminatorios enviados por el propio servicio de seguridad de Gazprom. Pero el 17 de este mes el vicedirector de Gazprom, Alexander Ryazanov, negó que la compañía haya propiciado los arrestos.
Cuando Putin designó el año pasado a un antiguo allegado de San Petesburgo, Alexei Miller, para dirigir Gazprom, aclaró que le interesaba detener el desvío de fondos de la empresa. Sibur es señalada por expertos, hace mucho tiempo, como la puerta trasera por la cual podían canalizarse los desvíos.
Medios de prensa aseguraron el año pasado que ejecutivos de Gazprom adquirieron millones de dólares en acciones de filiales de la compañía por una suma simbólica de 10 rublos (30 centavos de dólar).
Pocas personas se sorprendieron cuando la corrupción en Gazprom llegó a las noticias. Lucrativos compañías de productos básicos, como petróleo y gas natural, así como los de aluminio y metales son acusados con frecuencia de actos delictivos y de vínculos con la delicuencia organizada.
La petrolera LUKoil y la monopólica Aluminio Ruso afrontan demandas por 4.800 millones de dólares iniciadas por socios extranjeros por supuesto desfalco.
Observadores afirman que empresas estatales privatizadas han sido objeto de corrupción, en especial de favores de políticos a millonarios bien vinculados, prácticas contra las cuales el gobierno afirmó estar decidido a luchar. (FIN/IPS/tra-en/sb/sm/lp- mj/ip if/02
