Las autoridades peruanas estudian como reformar el caótico y tugurizado comercio informal del centro de la capital, mientras se investiga posible negligencia y corrupción como causas de fondo del incendio que dejó 292 personas muertas y 919 desaparecidas.
El ministro del Interior, Fernando Rospigliossi, que podría ser la primera víctima política del accidente, anunció este miércoles la próxima demolición de los edificios destruidas el sábado de noche por las llamas y por el estallido de toneladas de cohetes y fuegos artificiales acumulados para su venta.
Hay incertidumbre aún sobre el destino de la llamada «Mesa Redonda», el centro comercial de seis manzanas incendiado, que surgió de manera espontánea en los años 80.
Las autoridades trataron infructuosamente de erradicar en los últimos años ese espacio de comercio informal, que, sin embargo, se impuso con el tiempo, convirtiendo en galerías comerciales a edificios construidos para viviendas u oficinas.
El centro Mesa Redonda, situado a 300 metros de la sede del Congreso legislativo y a 800 metros del Palacio de Gobierno, era el punto de encuentro de los importadores de mercancías de bajo costo procedentes de China, Taiwan, Singapur o Corea del Sur, y de las decenas de miles de vendedores informales de Lima.
El comercio en Mesa Redonda se caracterizaba por su extrema flexibilidad, donde la mayor parte de las transacciones de confecciones, artefactos domésticos y de otros productos se hacían por docenas, que es la «medida mayorista» de los micro y pequeños comercializadores peruanos.
En los días próximos a las fiestas de Navidad y de fin de año la mayor parte del comercio de Mesa Redonda está dedicado a los juguetes y a los artefactos pirotécnicos.
La gran cantidad de víctimas se debe, precisamente, a la acumulación de artefactos explosivos y a la tugurizada infraestructura del centro, constituida por calles atiborradas de vendedores ambulantes y por minúsculas tiendas en galerías de cinco pisos, sin condiciones para una evacuación masiva rápida.
Las autoridades presumen que el incendio fue desatado por el encendido de un cohete en la calle, lo cual provocó el estallido en cadena de los artefactos de pirotecnia acumulados en manos de vendedores, en tiendas y en depósitos.
La zona se convirtió en pocos minutos en un infierno que, según los expertos, alcanzó durante varios segundos una temperatura de entre 600 y 1.000 grados.
Rospigliossi afronta la responsabilidad de que un organismo de su cartera, que autoriza la importación de explosivos y de armas, admitió este año la compra de 1.100 toneladas de artefactos pirotécnicos procedentes de China.
El legislador democratacristinao Antero Flores Araoz, de oposición, explicó que en 1995, después de un incendio que ocasionó ocho muertes, fue promulgada una ley que prohíbe la comercialización e importación de productos pirotécnicos.
Sin embargo, esa norma no impidió que en Perú se siguiera cultivando la tradicional costumbre de vender fuegos artificiales en todas las ferias populares y que en las noches de Navidad y año nuevo se lanzaran miles de estos artefactos.
«El municipio de Lima y el Ministerio del Interior no hicieron cumplir la ley», acusó Flores Araos.
En cambio, «las autoridades ministeriales crearon una reglamentación contraria a la norma, para autorizar artículos pirotécnicos supuestamente no detonantes, el municipio no prohibió su comercio y la policía no hizo cumplir la ley», añadió.
Sin embargo, el alcalde limeño, Alberto Andrade, aseguró que se había prohibido la venta de cohetes en el centro de la ciudad.
Andrade sostuvo que los importadores incumplieron el compromiso de venderlos en dos puntos asignados fuera del centro de la capital y que la policía no dio protección a los intentos de requisa.
«Nuestro personal municipal carece de armas, fueron agredidos por multitudes con garrotes que impidieron la requisa de artefactos pirotécnicos, mientras los policías se replegaban negándonos el apoyo», denunció la concejal Gabriela Adrianzen, directora de Fiscalización del Comercio.
Por otro lado, el empresario Ricardo Wong, considerado el mayor importador de elementos pirotécnicos chinos, negó haber utilizado camiones militares para desplazar su mercadería sin obstáculos municipales desde la aduana hasta sus depósitos en el centro de Lima.
Wong fue también es señalado de haber cometido actos de corrupción para que la policía le permitiera depositar los artefactos pirotécnicos, que se acumulaban en las calles frente a las puertas de los comercios mayoristas de Mesa Redonda.
Hasta el momento sólo han podido ser identificado menos de 100 de los 292 cadáveres extraídos por los bomberos, pues la mayoría están irreconocibles por su nivel de incineración. Se calcula que mas de la mitad de los desaparecidos siguen bajo los escombros aún humeantes, convertidos en una informe masas calcinada.
Las autoridades informaron este miércoles que se sepultarán los cuerpos de los fallecidos aunque no sean identificados, «porque la morgue de Lima carece de capacidad de congelamiento para el numero de cadáveres acumulados».
Sin embargo, prometieron realizar posteriormente exámenes de ADN de aquellos cuerpos que sean enterrados sin identificar.
Fuentes oficiales indicaron que desde el martes se vienen reuniendo Andrade, Rospigliossi, un representante del Ministerio de la Presidencia, varios expertos gubernamentales y los propietarios de las siete galerías comerciales siniestradas.
Este miércoles, alrededor de 700 propietarios de tiendas situadas en las seis manzanas que conforman el llamado centro comercial «Mesa Redonda» pugnaban por superar la barrera policial y acceder a sus establecimientos, para proteger lo que queda de su mercadería.
Mientras, mostrando la vitalidad propia del comercio informal, los sobrevivientes de la tragedia, casi la mitad de los 2.000 vendedores ambulantes que pululaban en la zona, se han instalado en calles aledañas, tratando de interesar a un raleado público, que muestra más curiosidad que intención de compra. (FIN/IPS/al/dm/ip/02
