Los investigadores mexicanos cierran el cerco sobre la empresa petrolera estatal Pemex y su sindicato de trabajadores, por un supuesto desvío de fondos para apoyar al ex gobernante PRI, en la primera acción importante del gobierno contra la corrupción reinante en el pasado.
La Secretaría (ministerio) de Contraloría aseguró que a mediados de 2000, la dirección de Pemex entregó al sindicato más de 110 millones de dólares, que habrían sido utilizados en la campaña electoral de ese año del candidato presidencial del PRI (Partido Revolucionario Institucional), Francisco Labastida.
El caso, calificado por el PRI de «acto persecutorio» y de una «declaración de guerra política» por parte de Fox, está en manos de la Procuraduría General, que mantiene detenidos para investigación a tres colaboradores de Labastida en el área de finanzas de la campaña.
Labastida, el primer postulante del PRI que perdió una elección presidencial, dijo que desconoce el caso, pero que se atendrá a la investigación.
«Parece que los ex directivos y sindicalistas de Pemex serán los primeros peces gordos de la corrupción detrás de los cuales irá el gobierno», comentó Miguel Granados, columnista del diario Reforma.
En cambio, la presidente del PRI, Dulce María Sauri, señaló que el caso no tiene sustento y lo que único que se intenta es desprestigiar y golpear a su partido, que el 24 de febrero elegirá una nueva dirección para un periodo de cuatro años.
México fue señalado en el pasado como un país de alta corrupción y en 2001 ocupó el lugar 51 en la lista de 91 naciones elaborada por la organización Transparencia Internacional en su índice de percepción de esa práctica delictiva.
Los analistas políticos sostenían que para México la corrupción era el aceite que permitía el funcionamiento de la sociedad.
Fox, el primer presidente surgido de la oposición, enarbola como uno de sus estandartes de gobierno la lucha contra la corrupción, mal del que culpa al PRI, que gobernó el país por 71 años hasta el 1 de diciembre de 2000.
Sin embargo, el gobierno de Fox, pese a sus reiteradas promesas de atrapar a los «peces gordos» de la corrupción, sólo esta vez presenta una investigación que podría derivar en acciones judiciales contra líderes sindicales, dirigentes políticos y ex directivos de Pemex.
La empresa petrolera estatal, con más de 130.000 empleados en su plantilla, es la más grande del país y una de las 10 más importantes del mundo en su tipo.
El sindicato de trabajadores de Pemex, tradicionalmente alineado con el PRI, ha dado a este partido varios dirigentes y parlamentarios.
La industria petrolera aporta una tercera parte de los ingresos del estado mexicano, pese a que las ventas de crudo representan alrededor de 10 por ciento de las exportaciones.
El secretario de la Contraloría, Francisco Barrio, dijo el lunes que el país conocerá pronto detalles de nuevos casos de corrupción y que será la Procuraduría la que lleve los procesos judiciales en contra de los culpables.
Barrio indicó que en tiempos de gobierno del PRI la corrupción fue generalizada y permeó «muchos rincones de la vida».
Abocado a investigar cada dependencia del Estado, el funcionario agregó que no es fácil su trabajo debido a que muchas pruebas fueron destruidas, pero coincidió con Fox en que caerán varios «peces gordos».
La Secretaría de Contraloría aplicó en el primer año de gobierno de Fox 6.480 sanciones a 5.326 empleados públicos, en su mayoría multas, pero sólo nueve ex funcionarios de nivel medio fueron encauzados judicialmente.
El Consejo Coordinador Empresarial indicó que, aunque la fama de corrupción de México ha bajado, aún persiste y es uno de los principales escollos para el desarrollo del país.
México es cubierto de manera periódica por avalanchas de información que desnudan nexos entre delincuentes y policías y de casos que revelan la corrupción de empleados del sector público y el privado.
Así, los turistas son advertidos al llegar al país que se enfrentarán al mundo de las «mordidas» (sobornos) y que deberán cuidarse hasta de la policía.
El gobierno, en su intento por eliminar la corrupción, pidió a todos sus funcionarios firmar un código de ética y puso en marcha un plan de transparencia en la administración pública, que facilita denuncias de presuntos actos de corrupción y el acceso a informaciones del gobierno a través de Internet.
Pero el combate no es fácil, pues la corrupción se incrustó entre los mexicanos y tardará en extirparse, apuntó Jesús Reyes Heroles, portavoz de Transparencia Internacional en México. (FIN/IPS/dc/dm/ip/02
