Dos organizaciones de derechos humanos de Israel y Palestina pidieron la intervención del Alto Tribunal de Jerusalén para poner fin al asesinato selectivo de militantes palestinos a manos del ejército israelí.
Los asesinatos están «forzando los límites de la autodefensa ante la amenaza inmediata y son la pendiente más peligrosa que una nación puede recorrer hacia el abismo de los crímenes de guerra», advirtió el Comité Público contra la Tortura en Israel y la organización palestina Ley.
La petición se efectuó en medio de un creciente debate sobre prácticas israelíes contra la población palestina que pueden considerarse crímenes de guerra, según la Cuarta Convención de Ginebra.
El Comité de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Israel señaló el año pasado que los soldados que llevan a cabo asesinatos selectivos, los oficiales que ordenan demoler vivviendas palestinas y los pilotos que arrojan bombas o misiles sobre las ciudades palestinas pueden ser acusados y juzgados por crímenes de guerra.
Mientras, la violencia continúa. Este viernes, un atacante suicida hizo estallar las bombas que llevaba en su cuerpo en un centro comercial de Tel Aviv, provocando, además de su muerte, heridas a 22 personas, a dos de ellas de gravedad.
El ataque fue perpetrado un día después del asesinato selectivo de Bakr Hamdan, militante de Hamas-Movimiento de Resistencia Islámica, por parte del ejército de Israel.
De inmediato, Hamas anunció que vengaría la muerte de Hamdan, que se produjo cuando helicópteros israelíes arrojaron misiles hacia el vehículo donde viajaba.
Esta semana, otros cuatro integrantes del brazo militar de Hamas fueron víctimas de asesinatos selectivos, llevados a cabo por fuerzas especiales de Israel.
Abogados y grupos de derechos humanos utilizan la expresión crimen de guerra aun en situaciones en que las vidas no están en peligro inmediato.
Un ejemplo es el intento del gobierno de expulsar de sus tierras a un grupo de palestinos, conocidos como «los cavernícolas», en el sur de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania.
Se trata de 80 familias que habitan cuevas y construcciones precarias, rodeadas de asentamientos judíos de modernas viviendas con jardines, en una zona bajo total control israelí.
«¿Esto es vida?», preguntó Mohammed Abdel Mehsen Rashid, de 72 años, patriarca de su numerosa familia, entre los restos destruidos de su casa y establos, en la cima de una ventosa colina, empapada por la lluvia.
«Construimos estas casuchas de apuro antes de que llegara el invierno, luego que las topadoras israelíes destruyeron nuestros hogares el verano pasado. No son muy buenas», dijo Rashid retirando una piedra de un derruido resto de pared.
Durante años, el ejército ha intentado expulsar a unos 3.000 palestinos que viven fuera de las aldeas ya existentes en la zona. En 1999, algunos fueron trasladados por la fuerza, pero se les permitió regresar un año más tarde, cuando el Supremo Tribunal les otorgó una prórroga temporaria.
Ahora el gobierno intenta modificar ese fallo, pero se enfrenta a un nuevo obstáculo: el creciente debate sobre los crímenes de guerra.
El abogado israelí de los pobladores advirtió a las autoridades que presentará el caso bajo una acusación de crimen de guerra ante los tribunales de España, autorizados a entender en delitos de lesa humanidad cometidos fuera de su territorio y sin participación de ciudadanos españoles.
Esta amenaza hizo posponer, la semana pasada, la expulsión prevista por las autoridades israelíes, según el abogado.
Según este defensor y el Comité de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados la situación de la población palestina está comprendida por la Cuarta Convención de Ginebra, que protege los derechos de los civiles en tiempos de guerra y bajo ocupación.
De hecho, la mayoría de los expertos jurídicos de Israel y del exterior sostienen una opinión similar.
El grupo pacifista israelí Gush Shalom (Bloque de Hebreos por la Paz), publicó en enero un aviso en el influyente diario Ha'retz, con sólo dos oraciones: «Se están cometiendo crímenes de guerra en los territorios (ocupados). Las personas responsables no escaparán de la justicia».
«Intentamos utilizar el concepto para quitar legitimidad a la opción de guerra del (primer ministro) Ariel Sharon», explicó Adam Keller, portavoz de la organización.
La cuestión de los crímenes de guerra y el derecho internacional ganó atención cuando el año pasado sobrevivientes de las masacres de 1982 contra refugiados palestinos en Sabra y Shatilla, Líbano, presentaron una denuncia contra Sharon, entonces ministro de Defensa, ante un tribunal de Bélgica.
El ministro de Justicia, Meir Sheetrit, condenó duramente la campaña de Gush Shalom.
Sheetrit consideró que la discusión sobre crímenes de guerra es una «idea muy peligrosa y perniciosa cuando un país está en tal difícil situación. Si alguien debe ser juzgado son estos lunáticos subversivos izquierdistas, no los oficiales de nuestras fuerzas de defensa», afirmó a Radio Israel.
Tel Aviv no considera que la franja de Gaza y Cisjordania sean territorios ocupados, sino «disputados», por lo cual no se aplica a ellos la Convención de Ginebra, explicó Jonathan Bekder, asesor del ministro.
«Las bombas en Tel Aviv y los disparos en Jerusalén que matan civiles también son crímenes de guerra. Pero en este momento no hay equilibrio. Mientras las cárceles están llenas de palestinos que supuestamente cometieron delitos contra Israel, la conducta de nuestro ejército está virtualmente sin ningún control», dijo Keller, de Gush Shalom.
Los partidos políticos de izquierda y el principal grupo pacifista, Paz Ahora, permenacen de momento fuera de la polémica.
«Temen que la extrema derecha, en el poder, los llame traidores», dijo Shulamit Aloni, ex ministra y ex líder del izquierdista partido Meretz.
Aloni, que respalda la campaña de Gush Shalom, considera que el debate puede afectar la forma en que la opinión pública israelí percibe la ocupación.
«El público está decepcionado y apático, pero si toma conciencia de que se están cometiendo crímenes de guerra en su nombre, y que los responsables pueden ser juzgados, eso ayudará a cambiar su actitud», sostuvo Aloni.
La dirigente coincidió con la idea de preparar acusaciones contra futuros crímenes de guerra, si bien no se mostró favorable a los procesos en tribunales extranjeros.
«Deberíamos llevar los hechos ante la gente, sin plantear aún la cuestión de los juicios», opinó.
«Es inconcebible que cualquier país pueda permitir juicios por actos cometidos en territorios ajenos y que no involucren a sus ciudadanos. Si ese fuera el caso, podría nombrar a muchos candidatos para tales procesos», dijo el asesor del Ministerio de Justicia, Beker.
«Estoy seguro de que los soldados estadounidenses están trabajando en circunstancias muy difíciles en Afganistán, pero nadie en Estados Unidos reclama juzgarlos por crímenes de guerra en tribunales de otros países. Hay personas en Israel que no son tan responsables», concluyó Beker. (FIN/IPS/tra-eng/fb/sm/dc/ip hd/02
