El gobierno de Rusia intentará este año liberalizar el mercado de tierras, extendiendo el proceso privatizador a una frontera intocada desde la revolución bolchevique de 1917, que colectivizó las propiedades rurales.
Las autoridades procurarán capitalizar el sector agrícola con la aplicación del nuevo Código de Tierras, aprobado en octubre por el parlamento y aún en proceso de implementación, luego de años de polémica entre el Kremlin y la oposición de izquierda.
El nuevo instrumento establece el derecho a la propiedad de predios urbanos e industriales, reafirma la posesión de las fincas agrícolas familiares y otorga a los propietarios autoridad para decidir sobre el uso y transferencia de sus tierras.
Autoridades federales y locales están redactando normas y reglamentos para la completa implementación del código.
Durante el debate parlamentario, los opositores a la reforma arguyeron que la liberalización de la compra y venta de tierras propiciará la acumulación especulativa de una enorme cantidad de predios actualmente en manos de agricultores empobrecidos.
De hecho, antes de que la Duma, cámara baja del parlamento, aprobara la nueva legislación, ya se efectuaban ventas limitadas de tierras, autorizadas por leyes locales vigentes en los distritos de Moscú, San Petersburgo, Samara, Saratov y Nizhny Novgorod.
Sin embargo, el código difiere la cuestión clave de las transacciones en el agro a una futura «ley sobre el volumen de tierras con calificación agrícola».
La reforma permite la venta de apenas dos por ciento de 1.700 millones de hectáreas de tierras nacionales, predios comerciales, urbanos y de antiguas industrias, para impulsar la inversión local y extranjera. Así mismo, legaliza la propiedad de casi 40 millones de parcelas familiares.
El código equipara el derecho de propiedad de rusos y extranjeros, excepto para la compra de predios cercanos a las fronteras federales o en áreas de seguridad nacional, cuya delimitación está en proceso de elaboración.
Si bien la propiedad privada está garantizada por la Constitución y la mayor parte de la tierra agrícola ya no pertenece al Estado, la dificultad se presenta en la compra y venta de esa tierra.
En la última década, 120 millones de hectáreas agrícolas fueron entregadas a 12 millones de trabajadores agrícolas y pensionistas rurales, bajo la modalidad de «tierras compartidas», es decir derechos sobre un área específica dentro de las antiguas granjas colectivas de la era soviética.
En teoría, el terreno compartido puede ser demarcado y separado como una granja individual, y transferido a discreción por su propietario. Pero en la práctica, las trabas burocráticas actuaron como barreras para estos derechos.
Esta situación obstaculiza el desarrollo agropecuario, pues los bancos se niegan a tomar los predios como garantía de préstamos, cuando el instrumento hipotecario es vital para la agricultura rusa, devastada por muchos años sin inversiones.
La imposibilidad de ejercer el derecho de propiedad desalentó los préstamos imprescindibles para elevar la producción.
Si bien el nuevo Código legaliza la venta de tierra, la falta de legislación clara sobre las ventas aún hace casi imposible la compra en la mayoría de las regiones del país, lo cual afecta a 40 millones de habitantes rurales, en una población total de 146 millones.
El sistema de granjas colectivas, impuesto en la disuelta Unión Soviética, fue enormemente improductivo e ineficiente. Pero, por otra parte, el valor de mercado de las tierras nacionales se estima en 5 billones de dólares por el Comité Estatal de Tierras.
El gobierno ordenó al servicio federal de tierras el registro y tasación de todas las parcelas existentes, con el fin de mejorar la recaudación de impuestos, pues el Estado podría obtener enormes recursos aplicando un impuesto a las propiedades de dos por ciento del valor del terreno.
Por otra parte, la cantidad de inspectores estatales en las áreas agrícolas se redujo de 20.000 en 1992 a sólo 7.000. En algunas regiones, un inspector debe cubrir un área de hasta 200.000 hectáreas, a cambio de un salario de 50 dólares mensuales, una situación que propicia la corrupción generalizada.
Este año las autoridades destinarán 60 millones de dólares para poner en marcha un programa federal de computarización de los sistemas de registro de tierras y bienes raíces.
Los avances privatizadores en Rusia superan los de la vecina Ucrania, la segunda mayor república ex soviética.
Aunque también Ucrania, el granero de la antigua Unión Soviética, empezó el año con un nuevo Código de Tierras, éste es mucho más restrictivo, pues establece una suspensión para la venta de tierras agrícolas hasta 2005 y prohíbe la venta a extranjeros.
Las transaciones de tierras son consideradas esenciales para impulsar las economías rurales de las repúblicas ex soviéticas, aunque algunos temen que la compra de predios a bajo precio por ricos y extranjeros deje otra vez a los campesinos como siervos sin tierra. (FIN/IPS/tra-eng/sb/ss/dc/if dv/02
