Campesinos y expertos agrícolas de Perú reclaman al gobierno créditos y medidas proteccionistas, para sacar de la pobreza extrema y del atraso a la población rural, que aún utiliza herramientas prehispánicas.
La agricultura es el sector más deprimido de la economía, a la que aportó el año pasado sólo nueve por ciento de los 54.000 millones de dólares de producto interno bruto, y 65 por ciento de los habitantes del campo son pobres.
Sin embargo, pese a la escasa rentabilidad actual de la actividad agropecuaria, los especialistas consideran que es el sector más propicio del país para recibir inversiones que impulsen el crecimiento productivo y el desarrollo social.
«La miseria en la que viven los campesinos, en especial de la región andina, es por falta de financiamiento, pues sin dinero no hay tecnología ni modernización», explicó Elio Quispe, frustrado estudiante universitario y ahora productor de papas en la pequeña parcela de su familia en Huancavelica, en la sierra sur.
«Todo lo hacemos manualmente, mientras que en otros países trabajan en forma mecanizada y utilizan semillas mejoradas», añadió Quispe, quién visitó Lima para averiguar cuándo iniciará sus actividades el Banco Agropecuario, creado por el gobierno de Alejandro Toledo a fines de diciembre.
Por su parte, la agrónoma Matilde Berrios comentó que el acceso al crédito es una ilusión para los campesinos, que hasta ahora sólo les importa que haya mercados para vender su producción.
La empresa de Berrios, que comercia espárragos en la ciudad de Trujillo, sobre la costa norte del océano Pacífico, está al borde del colapso por falta de mercado interno y las dificultades para competir en el exterior frente a las exportaciones chinas.
El consultor José Hernández explicó que «las tierras cultivadas abarcan hoy sólo 2,7 por ciento del territorio de Perú y su ampliación demandaría ingentes inversiones en riego y para superar el atraso técnico».
Hernández fue uno de los expositores en el foro internacional denominado Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, realizado en noviembre en Lima, donde reclamó poner en práctica un nuevo modelo, orientado al desarrollo competitivo y sustentable.
Al respecto, el experto pidió al gobierno adoptar un esquema de descentralización, con participación campesina, «en base a la gestión de cuencas de riego, una estructura que permitiría la participación dinámica de las 'juntas de regantes', las autoridades locales y los técnicos gubernamentales».
Las «juntas de regantes» son entidades tradicionales del sector rural, constituidas por los propietarios y usufructuarios de tierras en cada valle para discutir y concertar la distribución del agua de regadío.
El gobierno de Toledo, instalado el 28 de julio, aún no diseñó una política agropecuaria, pero ya dispuso la creación del Banco Agrario, proyecto para el que espera financiamiento de la cooperación internacional.
El ex parlamentario izquierdista Ricardo Lets, ahora empresario del sector aceitero, también pidió a Toledo adoptar una «política de protección frente a los países industrializados, que destinan en conjunto 366.000 millones de dólares en subsidio a sus agricultores».
«Toledo no dijo ni una palabra de poner fin a la desprotección agrícola» que dejó Alberto Fujimori (1990-2000), «que al ingresar a la Organización Mundial de Comercio se destacó por su tremenda liberalidad, pues renunció a la posibilidad de acogerse a mecanismos de protección comercial frente a subsidios», añadió.
La falta de capacidad de compra de los peruanos a causa de la recesión económica se manifestó el año pasado en una inflación menor a 0,13 por ciento.
La depresión económica agravó el tradicional problema de desempleo en este país de 25 millones de habitantes, llevando la desocupación abierta y el subempleo a 56 por ciento de la población económicamente activa.
Estudios del Banco Mundial indican que 65 por ciento de la población rural peruana vive en la pobreza y 25 por ciento de ella está debajo de la línea de extrema pobreza.
En 1969, el entonces gobierno izquierdista del general Juan Velasco Alvarado diseñó una reforma agraria que liquidó la estructura semifeudal de propiedad rural y auspició la creación de cooperativas agrícolas.
Sin embargo, ese proceso no se completó con el apoyo técnico necesario, lo cual provocó la caída de la producción y aceleró la emigración de los campesinos a las ciudades.
El fracaso en la gestión de la mayoría de las cooperativas creadas entonces llevó a la fragmentación excesiva de la tenencia de la tierra y, por consiguiente, una gran dispersión de la oferta agrícola, situación que impide un planeamiento en base a economías de escala.
Los posteriores gobiernos del centrista Fernando Belaunde Terry (1980-1985) y del socialdemócrata Alan García (1985-1990) promovieron el crédito privado y estatal para impulsar la agricultura, pero con escasos resultados.
Por su parte, el depuesto presidente Fujimori, de línea económica neoliberal, impulsó la mejora de la infraestructura vial para que la concurrencia a los mercados de las ciudades impulsara el crecimiento del campo.
Pero el fracaso del modelo económico recomendado por el Fondo Monetario Internacional y acatado disciplinadamente por Fujimori devino en una severa crisis económica y una consecuente reducción de la capacidad de compra de los peruanos, que llevó a los precios agrícolas por debajo de los costos de producción.
Por otro lado, la reducida productividad de la agricultura, incluso de productos originarios del país, como la papa y el maíz, y los subsidios agrícolas de los países del Norte impidieron que los campesinos peruanos encontraran alivio en los mercados Internacionales.
«En Perú puede considerarse dentro del sector agrícola moderno únicamente a los 53 valles de la costa del océano Pacífico, cuya extensión representa menos de 10 por ciento del territorio cultivado del país, mientras que el resto revela un increíble atraso», indicó Berrios.
La experta agregó que en 58,2 por ciento de las tierras cultivadas del país se utiliza todavía la «taclla», un arado prehispánico, que abre los surcos mediante la fuerza de los pies del campesino.
«Al lado de la taclla, hasta los arados con bueyes empleados en 26,4 por ciento de las tierras cultivadas resultan una modernidad. En cuanto al empleo de tractores, éstos se utilizan únicamente en 5,2 por ciento de la agricultura», puntualizó Berrios. (FIN/IPS/al/dm/dv/02
