Los pacifistas de Pakistán caminan en la cuerda floja en un país cuyo gobierno militar está habituado a acallar a los disidentes, y en medio de una situación cercana a la guerra con la vecina India.
Una coalición de organizaciones pacifistas de Pakistán exigió al presidente Pervez Musharraf que aleje la amenaza de una guerra con India, aunque mantiene la prudencia en sus demandas ante el gobierno militar.
«ISI (Servicios de Inteligencia), ocúpense de sus asuntos», se leía en una pancarta levantada por un activista durante una manifestación en Rawalpindi, ciudad contigua a Islamabad.
Unos 200 activistas por la paz manifestaron en Rawalpindi para protestar contra toda forma de extremismo y demandar un acuerdo negociado para terminar el enfrentamiento entre India y Pakistán tras el ataque del 13 de diciembre pasado contra el edificio del parlamento en Nueva Delhi.
India responsabiliza del atentado a organizaciones fundamentalistas pakistaníes que operan en el estado septentrional de Jammu y Cachemira y exigen la autonomía.
Nueva Delhi acusa a Islamabad de ofrecer armas, entrenamiento y protección a grupos extremistas de Cachemira, el único estado indio de mayoría musulmana, que ya fue causa de dos guerras abiertas y una no declarada entre ambos países. Islamabad rechaza las acusaciones.
Ambas potencias nucleares realizaron en las últimas semanas un creciente despliegue de tropas cerca de la frontera, mientras continúan los esfuerzos por reducir la tensión.
El gobierno militar de Pakistán mantiene una prohibición sobre las reuniones políticas, pero las autoridades locales autorizaron la demostración en Rawalpindi, aunque desplegaron numerosos policías y personal de inteligencia vestidos de civil.
Durante la demostración, un funcionario de inteligencia recorrió con su cámara filmadora el rostro de varios de los manifestantes, en una maniobra frecuente que usa el servicio de inteligencia pakistaní para intimidar a los manifestantes.
Otro funcionario se acercó e interrogó, preguntándole su identidad, a un activista con una pancarta en la que se leía «Basta de intervención en Cachemira».
Los activistas intentan no dar la imagen de que favorecen la posición de Nueva Delhi sobre organizaciones de Jammu y Cachemira a las que responsabiliza del ataque de diciembre contra el parlamento, y su vínculo con las agencias de inteligencia pakistaníes, en especial los ISI.
«Es una situación difícil. No podemos denunciar a grupos extremistas en Pakistán sin señalar a las fuerzas que los alentaron y fortalecieron», comentó el pacifista Kaneez Zehra al referirse al respaldo que durante décadas el gobierno de Pakistán dio a organizaciones partidarias de la «Jihad» (guerra santa), algunas integradas por fundamentalistas afganos.
Entre estas organizaciones integristas se incluyen aquellas a las que India acusa de organizar el ataque del 13 de diciembre.
Desde entonces, Nueva Delhi presiona a Islamabad para que dé muestras de una posición firme contra el terrorismo y detenga a los militantes musulmanes fundamentalistas de Jammu y Cachemira.
Las relaciones entre los dos países vecinos, ambos portadores de armas nucleares, volvieron a complicarse en los últimos días. India clausuró la comunicación vial con Pakistán y prohibió a las compañías aéreas pakistaníes el uso de su espacio aéreo.
Ambos países redujeron su personal diplomático en Nueva Delhi e Islamabad.
Además, tanto India como Pakistán desplegaron destacamentos del ejército a uno y otro lado de su frontera en común. Esta semana hubo intercambios de fuego en Jammu y Cachemira, en los que murieron 15 personas.
En los últimos días de 2001, el gobierno de Pakistán detuvo a más de 30 dirigentes religiosos, en un operativo al que calificó como un ataque contra organizaciones extremistas y «jihadistas» o promotoras de la guerra santa.
Entre los arrestados figuran los líderes de las organizaciones Laskhar-e-Toiba (Soldados de Dios) y Jaish-e-Mohammed (Ejército de Mahoma), a las que India acusa de planificar y llevar a cabo el ataque del 13 de diciembre.
Los detenidos premanecen en prisión bajo cargos de haber hecho declaraciones provocativas contra el ejército pakistaní y de oponerse a la cooperación del gobierno con Estados Unidos en su campaña antiterrorista.
En este escenario y para evitar cualquier reacción del gobierno militar, los activistas se mantienen alejados de la polémica y tratan de tomar posiciones que sólo propongan la paz para las crecientes tensiones entre India y Pakistán.
Sin embargo, aunque se oponen al extremismo en todas sus formas y demandan la prohibición de las organizaciones fundamentalistas, los activistas responsabilizan a India por fomentar actitudes extremistas con sus acciones frente a Jammu y Cachemira.
«Las continuas violaciones de los derechos humanos en Jammu y Cachemira cometidas por el ejército indio provocan más frustración y aumentan la retórica y las respuestas extremistas», sostuvo una declaración de la Coalición por la Paz de Pakistán (PPC, su sigla en inglés).
La coalición integra a varias agrupaciones pacifistas que surgieron después que India y Pakistán hicieran pruebas nucleares en 1998.
A la vez, los pacifistas intentan evitar la confrontación directa con los partidos político-religiosos, y utilizan su mismo argumento al señalar el paralelismo entre las situaciones de Jammu y Cachemira y Palestina.
«La situación es similar en los territorios ocupados de Palestina, donde miembros del ejército israelí están matando e intimidando a gente inocente. La violencia del Estado contra la población oprimida debe detenerse de una vez», se dijo en la declaración de la PPC.
«Exigimos que el problema de Cachemira sea resuelto de modo pacífico y que la futura administración de Cachemira incluya una genuina representación», se agregó en la declaración.
Pero algunos analistas creen que el movimiento pacifista se confunde al condenar el extremismo y a la vez justificarlo como el resultado lógico de las acciones de India en Jammu y Cachemira.
El comentarista político Najum Mushtaq dijo que «grupos como Lashkar y Jaish son un ramal de la jihad afgana y tienen poco que ver con la opresión en Cachemira. Sus acciones extremistas no necesitan ser justificadas como resultado de las acciones militares indias en Jammu y Cachemira, en especial cuando la mayoría de sus reclutas no son originarios de ese estado».
No obstante, los activistas sostienen que sus llamados a la paz deben ser cautos. Muchos de ellos han sido amenazados y atacados por individuos conservadores y criticados por el gobierno por su rechazo al plan nuclear de Pakistán.
Aún está fresco el recuerdo de la golpiza que recibió el profesor y reconocido pacifista A. H. Nayyar hace dos años, cuando integrantes de una organización religiosa interrumpieron una conferencia de prensa en Islamabad.
El reciente asesinato del hermano del ministro del Interior de Pakistán, Moinuddin Haider, del cual las autoridades acusan a extremistas, también es un motivo para permanecer alerta. (FIN/IPS/tra-en/mr/js/lp/mlm/ip/02
