El gobierno de India deberá responder al discurso conciliador que el sábado pronunció el presidente militar de Pakistán, Pervez Musharraf, y que fue acogido con cauta aprobación por Nueva Delhi.
India, que no ha interrumpido los preparativos de guerra, está obligada a responder sin vacilaciones y con pocas reservas, pero su principal obstáculo son los sectores de extrema derecha dentro del propio gobierno.
Nueva Delhi vivirá en los próximos días una fuerte presión internacional para que retire las tropas que ha concentrado en la frontera con Pakistán.
Si bien India dio la «bienvenida» al discurso de Musharraf, advirtió que espera ver sus promesas convertidas en «acciones efectivas», y adelantó que no retirará aún las fuerzas que ha alistado para entrar en guerra.
En su esperado discurso, Musharraf ilegalizó a organizaciones islámicas extremistas cachemiras que operan desde su territorio y aseguró que pese a creer justa la lucha por la independencia de Cachemira, no tolerará ninguna actividad terrorista en su nombre.
El gobernante militar anunció así mismo un cambio paradigmático en su país al atacar los vínculos entre religión y política y manifestar su voluntad de recorrer el camino de la tolerancia y el secularismo del estado.
En las últimas semanas, Islamabad arrestó a 900 militantes islámicos, en la mayor operación represiva de los últimos tiempos. Sin embargo, el gobernante rechazó enfáticamente la entrega a India de 20 ciudadanos pakistaníes detenidos.
Si India abandona la agresiva postura que asumió tras el ataque suicida del 13 de diciembre contra su parlamento, podría comprometer a Pakistán en negociaciones que preparen el terreno para la resolución pacífica de los conflictos, incluyendo la cuestión de Cachemira.
Si por razones políticas internas y de corto plazo, India insiste en reclamar la entrega de los militantes detenidos en Pakistán, podría perder una oportunidad única de reconciliación o, peor aún, precipitar un conflicto militar largo y desastroso, con una posible escalada nuclear.
India acusó a Pakistán de respaldar y armar a dos organizaciones cachemiras que perpetraron el atentado del 13 de diciembre, y exigió la entrega de 20 detenidos por Islamabad.
Ante la respuesta negativa del gobierno pakistaní, las autoridades indias iniciaron un importante despliegue militar fronterizo y adoptaron medidas diplomáticas y políticas contra Pakistán.
La fuente de este enfrentamiento es el estatuto provisorio de la zona de Cachemira bajo control indio, un territorio que Pakistán reclamó desde la creación de ambos estados, en 1947, tras lograr la independencia del imperio británico.
Si bien la población de Cachemira es musulmana, la ONU otorgó dos tercios del territorio a India, estado laico y de mayoría hindú, y el tercio restante al estado musulmán de Pakistán.
Tres guerras en los últimos 50 años y el surgimiento de un movimiento separatista armado del lado indio mantuvieron siempre vivo el conflicto, cuyas posibles consecuencias se agravaron en 1998, cuando ambos países revelaron su potencial nuclear.
La cuestión más delicada para India es el énfasis que ponga en el reclamo de los detenidos. Ya que no existe tratado de extradición entre ambos vecinos, según el derecho internacional, ninguno está obligado a entregar sospechosos.
Una solución sería que una agencia neutral, como la Interpol, obtuviera la custodia de los sospechosos para interrogarlos, pero si esto es planteado como condición para el retiro de las tropas, las tensiones fronterizas podrían agravarse.
La llegada a la región del secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Colin Powell, prevista apra esta semana, podría facilitar una rápida resolución de este punto, pues será difícil para India resistir la presión estadounidense.
Pakistán se vio obligado a confiscar los activos de dos organizaciones extremistas calificadas como «terroristas» por Estados Unidos en diciembre, y a arrestar al líder de Lashkar-e- Toiba (Ejército de los Justos), Hafiz Mohammad Saeed, cuando India anunció el bloqueo del transporte terrestre y aéreo y redujo su misión diplomática en Pakistán.
Pero esta política de la cuerda floja tiene una peligrosa dimensión nuclear, contraria a la declarada postura de Nueva Delhi contra el uso del «chantaje nuclear» y el intercambio de amenazas.
Por otra parte, esta situación dejó a Nueva Delhi más vulnerable a la presión de Estados Unidos, y le resultará más difícil resistir a Estados Unidos como mediador o facilitador de un eventual proceso de paz sobre Cachemira.
Nueva Delhi continúa declarando que se trata de una cuestión bilateral, pero en la práctica deberá hacer algunas concesiones a la comunidad internacional, o en última instancia a Estados Unidos.
Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, India procuró una alianza estratégica con Estados Unidos, respaldando sin cuestionamientos su equiparación de terroristas y países auspiciantes del terror, impulsada por el presidente George W. Bush.
Nueva Delhi también aceptó sin reservas la guerra en Afganistán y no emitió una sola crítica ante la construcción de una base militar estadounidense en Jacobabad, Pakistán.
Por otra parte, la escalada india también fue motivada por cuestiones internas, como las elecciones del mes próximo en Uttar Pradesh, el estado más grande del país.
El gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP) —expresión política de los sectores hindúes más sectarios y nacionalistas—, hizo de la lucha «antiterrorista» su argumento preferido para perseguir a la minoría musulmana y para obtener los votos hindúes más conservadores.
Por eso la elección en Uttar Pradesh se convertirá en un termómetro sobre el grado de adhesión popular a esta política, y una derrota podría poner fin a la complicada coalición nacional que encabeza el BJP.
El gobierno logró aprobar una draconiana legislación antiterrorista, mientras el BJP impuso una maliciosa propaganda que iguala al terrorismo con el Islam.
Pero las últimas declaraciones del gobernante pakistaní dejaron a Nueva Delhi en una posición difícil. (FIN/IPS/tra- eng/pb/rdr/js/dc/ip/02
