Un desolado trozo de tierra queda en el lugar donde murieron, un año atrás, 400 niños y niñas atrapados por un devastador terremoto en los campos de fútbol del barrio antiguo de Anjar, en el occidental estado indio de Gujarat.
Niñas y niños reunidos por las celebraciones del Día de la República en el centro de la occidental ciudad de Anjar, quedaron atrapados por el derrumbe de los edificios vecinos, ocasionado por el terremoto del 26 de enero de 2001, que alcanzó una magnitud de 7,9 en la escala de Richter.
Todo lo que queda del bullicioso centro comercial y los campos de deportes son algunos árboles, un templo destruido y algunos montículos de escombros.
En la víspera de otro Día de la República, la miseria y la destrucción están lejos de pasar al olvido para los residentes de Anjar y de toda la región de Kutch, donde el terremoto mató a más de 15.000 personas.
De hecho, a la catástrofe natural, le siguieron 12 meses de incomptencia e indiferencia gubernamental, que agravaron las secuelas del desastre.
Al atravesar aldeas y poblados destruidos se escuchan las quejas por la discriminación en los trabajos de reconstrucción, la corrupción de los funcionarios que exigen sobornos, el deficiente sistema de salud y las agencias de ayuda, sólo visibles para las cámaras de las cadenas internacionales de televisión.
«Hemos aprendido muy poco de la devastación causada por el terremoto de Gujarat. Si otro temblor golpeara al estado este año, la respuesta del gobierno y de varias agencias no sería diferente a la del año pasado», sostuvo P.V. Unnikrishnan, coordinador de emergencias de la institución Oxfam-India.
Oxfam, con sede en Londres, es una de las tantas organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y locales que aún trabajan en las áreas afectadas por el terremoto.
La opinión de Oxfam es respaldada por los hallazgos de un organismo independiente, conformado por ex jueces, expertos médicos, sociólogos y activistas de derechos humanos, que llevaron a cabo una serie de audiencias públicas, en las que prestaron testimonio más de 3.000 sobrevivientes del desastre.
El informe «Sin previsión, sin seguimiento», redactado por el Tribunal sobre Ambiente y Derechos Humanos del Pueblo Indio (IPT), asegura que la población afectada por el terremoto afronta problemas en tres ámbitos.
En primer lugar, las medidas de rehabilitación y el desembolso de compensaciones son inadecuados, y causan enormes retrasos. Esto se agrava en el caso de indemnizaciones por muertes ocurridas en los días siguientes al terremoto, un penoso proceso por la falta de documentación médico-legal.
«La indiferencia gubernamental es evidente incluso en la entrega de cupones de racionamiento», un documento esencial para que las víctimas obtengan una cantidad de beneficios, afirma el documento del IPT.
Los funcionarios se muestran excépticos ante los reclamos de personas que perdieron sus documentos, e indeferentes a situaciones desesperantes, aseguraron testigos ante el panel del IPT.
Aldeanos entrevistados por IPS también se refirieron a servidores públicos que pedían sobornos a cambio del pago de las indemnizaciones.
«Es muy frustrante afrontar la corrupción cuando al procurar una compensación que nos corresponde y ser humillado por los funcionarios», dijo un aldeano que no quiso dar su nombre, delm poblado de Samikhyali, cerca del epicentro del terremoto.
El gobierno de Gujarat dispuso el pago de compensaciones de 1.770 dólares por la pérdida de un familiar, de 1.040 dólares por secuelas de discapacidad de 40 por ciento, y de 520 dólares por una incapacidad menor a 40 por ciento.
Los sometidos a cirugía mayor tienen derecho a percibir 210 dólares, y las intervenciones menores, 105 dólares, mientras los afectados por heridas pequeñas deben percibir un pago de 40 dólares.
Según el informe del IPT, a quienes no tienen títulos de propiedad o registros de ocupación se les niegan las compensaciones por pérdida de viviendas y los bancos se niegan a otorgarles préstamos para reconstruir su perdida forma de sustento.
Los pobres y las pequeñas comunidades son discriminadas en el proceso de distribución de asistencia. «Las minorías, los dalits (considerados intocables en el sistema de castas), pastores, pescadores y analfabetos en general son los que sufren mayores penurias. Tal discriminación es inconstitucional e inmoral», sostiene el informe.
Las denuncias de discriminación se dirigen contra organizaciones político-religiosas, como la hindú Rastriya Swayamsevak Sangh, vinculada al Partido Bharatiya Janata, que ocupa el gobierno nacional y el del estado de Gujarat.
Las necesidades de asistencia sanitaria y psicosocial para la rehabilitación de los sobrevivientes, en particular aquellos que quedaron con secuelas permanentes, no cuentan con asistencia adecuada.
A un año del terremoto, «aún se practican amputaciones a personas que fueron tratadas por lesiones menores pero no recibieron asistencia médica posterior», explicó Unnikrishnan. La mayor parte de esas amputaciones se deben a la aparición de gangrenas en heridas mal curadas.
Algunas agencias internacionales que realizaron tareas médicas inmediatamente después del terremoto, se fueron sin considerar las consecuencias a largo plazo en materia de rehabilitación, según Unnikrishnan.
Es necesario aprender de otras experiencias similares, como el terremoto ocurrido hace 10 años en Latur, en el estado de Maharashtra, donde personas que quedaron parapléjicas aún lucha por obtener atención médica.
El informe del IPT recomendó al gobierno la creación de un sistema eficiente para la distribución de ayuda, libre de discriminación y parcialidad, y la instalación de una red sanitaria eficaz, con personal entrenado para trabajar en situaciones de emergencia.
El panel también sugirió una mayor coordinación entre gobierno, ONG y otros actores para evitar la duplicación de tareas y asegurar el máximo impacto de las medidas, así como la formulación de una política nacional y local para la prevención de desastres, orientada a la gente.
«Por encima de todo, la asistencia y la rehabilitación debería reconocerse, no como un acto de bondad y caridad, sino como una cuestión de derecho», concluyó el informe. (FIN/IPS/tra- eng/ss/sj/dc/pr hd dv/02
