El empresario Ricardo Maduro, nacido en Panamá, asumirá la presidencia de Honduras el próximo domingo con el reto de luchar contra la pobreza, la corrupción, la violencia ciudadana y una severa crisis económica.
El presidente Carlos Roberto Flores, del Partido Liberal, entregará al economista Maduro, del derechista Partido Nacional, el gobierno de un país agobiado por pandillas juveniles, el crimen organizado, la falta de oportunidades laborales y una abultada deuda externa.
«Las primeras medidas que tomará Maduro, una vez en el poder, serán restaurar el clima de seguridad ciudadana y la confianza para las inversiones», dijo a IPS el futuro ministro del Interior, Jorge Ramón Hernández.
La mayoría de los hondureños esperan con mucha expectativa el nuevo gobierno de Maduro, uno de los inversionistas y hombres de negocios más exitosos de América Central.
El sexto gobernante constitucional desde la restauración de la democracia en 1981, tras dos décadas de dictadura militar, nació en 1946 en Panamá, en el seno de una familia acaudalada y de extensa tradición en la industria privada y en la función pública.
Pero su nacimiento en tierras panameñas no es impedimento para acceder al gobierno, pues sus padres les transmitieron la nacionalidad hondureña, trámite que cumplió en 1982, cuando ya tenía 36 años.
Maduro, a lo largo de 30 años en el sector privado, encabezó varias empresas de mucha rentabilidad, como ocurre en la actualidad con Maximercados, la principal cadena de supermercados de Honduras.
«Sabemos que hay grandes expectativas y que el peso de la responsabilidad es enorme, pero tenemos muchísimo optimismo», indicó Hernández, un abogado que de consejero y brazo derecho de Maduro pasará a ocupar el Ministerio de Interior.
El panorama que espera al nuevo gobierno del Partido Nacional, tras permanecer los últimos ocho años en la oposición, no es muy alentador, ya que 80 por ciento de los seis millones de habitantes vive en condiciones de pobreza.
La ministra de Finanzas, Gabriela Núñez, actualizó esta semana los datos de la deuda externa, al señalar que creció en últimos cuatro años de 3.786 millones de dólares a 4.165 millones, un monto superior al producto interno bruto.
Sin embargo, la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras (Asonog) aseguró a IPS que sus cálculos elevan los adeudos externos a 5.558 millones de dólares.
Pero Maduro también tendrá que lidiar con una complicada situación de inseguridad en las principales ciudades del país, donde operan las llamadas «maras», pandillas juveniles integradas por jóvenes que siguen prácticas de violencia de grupos similares de Estados Unidos.
«Para lograr nuestros objetivos, el presidente Maduro ha decidido invertir en capital humano y emprender esfuerzos de consenso con todos los sectores sociales», explicó Hernández.
La ceremonia de traspaso del gobierno, a la que asistirán unas 60 delegaciones internacionales, se realizará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa entre 10 am hora local (16:00 GMT) y 11:30 am (18:30 GMT).
Entre los visitantes se cuentan los mandatarios de América Central, que se reunirán con Maduro al término del acto de asunción, el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, Marta Sahagún, esposa del gobernante mexicano Vicente Fox, y el príncipe Felipe, de España.
Las personalidades extranjeras serán trasladadas en helicópteros, al finalizar la ceremonia en el Estadio Nacional, hasta Copán Ruinas, uno de los centros arqueológicos de mayor valor de la cultura maya, ubicado a 410 kilómetros al oeste de Tegucigalpa.
Allí, al pie del campo de pelota maya y de una escalinata de jeroglíficos, se realizará la cumbre centroamericana para suscribir una declaración conjunta.
Fuentes allegadas a Maduro confirmaron a IPS que el acuerdo regional contendrá definiciones sobre terrorismo, integración y lucha contra el narcotráfico.
«Los primeros días del gobierno de Maduro serán cruciales para determinar si tendrá éxito», expresó a IPS la analista Julieta Castellanos, profesora de la estatal Universidad Nacional de Honduras.
El futuro presidente ha informado que en el comienzo de su gestión intentará reformar al sistema político para despolitizar el nombramiento de cargos en el Poder Judicial y en los organismos electorales, entre otros.
Sin embargo, los sectores más conservadores de los dos partidos mayoritarios, los derechistas Nacional y Liberal, han manifestado en las últimas semanas que se opondrán a esas modificaciones.
«Los cambios permitirían una mayor democratización del país, pero sólo se podrán hacer si el gobierno cuenta con un respaldo decidido de la sociedad civil», sostuvo Castellanos.
Un ejemplo del desafío que afrontará el nuevo gobierno es el rechazo por parte de legisladores liberales y nacionalistas de una lista de 45 nombres para elegir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia para los próximos siete años, que fuera elaborada por una junta de personalidades independientes.
Castellanos puntualizó que eso se debe a que «todavía hay personas que quieren imponer a sus elegidos en cargos claves», tratando de detener los intentos por erradicar la corrupción. (FIN/IPS/nms/dm/ip/02
