El sistema judicial de Guatemala, que aún debe lidiar con las secuelas de 36 años de guerra civil, tendrá este año su prueba de fuego frente a procesos por delitos contra la humanidad de interés internacional y al crimen organizado, que va en aumento.
La justicia, a cinco años de la firma de la paz entre el gobierno y la guerrilla izquierdista, está en una encrucijada por las cicatrices que dejó el conflicto armado interno y por la creciente inseguridad pública, coincidieron los analistas consultados por IPS.
«Este año se está jugando el futuro de los acuerdos de paz», pues el proceso podría retroceder y hasta fracasar si no se registran avances sustantivos en materia de justicia, dijo a IPS el sociólogo Orlando Blanco, coordinador de la no gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos de Guatemala (Conadehgua).
Guatemala fue escenario entre 1960 y diciembre de 1996 de una de las más cruentas guerras civiles de América Latina, con un saldo de 150.000 hombres, mujeres y niños muertos y unas 45.000 personas desaparecidas de manera forzosa por fuerzas de seguridad.
La práctica de la desaparición forzada de personas comenzó en los años 60, pero fue a fines de la década del 70 cuando adquirió su mayor dimensión.
La mayoría de las víctimas eran estudiantes, obreros y campesinos, quienes, según denuncias, eran conducidos a cárceles clandestinas, cuarteles, bases o destacamentos militares en distintas partes del país, donde eran interrogados, torturados y posteriormente asesinados.
Así mismo, el conflicto determinó el desplazamiento de sus hogares de un millón de personas y dejó 250.000 huérfanos y 100.000 viudas, según estadísticas oficiales.
A un lustro del acuerdo de paz entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el país ya no está agobiado por las persecuciones y los combates, pero afronta otros graves problemas, como la pobreza, el crimen organizado, las pandillas y la lentitud de la justicia.
Entre las principales cuestiones heredadas de la guerra civil se cuentan una gran cantidad de juicios pendientes por violaciones de los derechos humanos y un crimen organizado que ha puesto en jaque a la seguridad ciudadana.
«El gran problema de la justicia guatemalteca es que su sistema es lento, politizado y cuenta con muy pocos recursos», explicó Blanco, de Conadehgua y uno de los activistas humanitarios de mayor trayectoria en el país.
Expertos detallaron que este año se podrían definir cerca de 15 juicios y 35 posibles sentencias a muerte contra presuntos criminales comunes y acusados de atentar contra los derechos humanos.
Uno de los casos de mayor trascendencia local e internacional es la investigación de la muerte de la antropóloga Myrna Mack, asesinada de 27 puñaladas en septiembre de 1990.
El asesinato de Mack, que trabajaba para la Iglesia Católica con grupos de resistencia a la dictadura y con desplazados de sus hogares por la guerra, es atribuido al Estado Mayor Presidencial, el organismo militar encargado de la seguridad del gobierno.
Helen Mack, directora de la organización no gubernamental que lleva el nombre de su hermana Myrna y que encabeza los esfuerzos para impulsar el juicio, aseguró a IPS que sectores políticos y militares traban el avance de las investigaciones.
«Llevo 12 años tratando de que este caso se analice y hasta ahora ha sido imposible», explicó Helen Mack, tras señalar que los principales sospechosos de planificar y ordenar el asesinato de su hermana son los militares de alto rango Edgar Augusto Godoy, Juan Valencia y Guillermo Oliva.
La activista, debido al estancamiento del juicio, presentó una demanda contra Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que posiblemente iniciará las acciones respectivas este año.
«En Guatemala, la justicia sólo es factible para las personas con dinero y con poder. Esta situación es una secuela del conflicto armado», añadió Mack.
Otro caso judicial que trascendió las fronteras y que recobrará fuerzas este año es el proceso en torno al asesinato en 1998 del obispo Juan José Gerardi, activista de los derechos humanos.
Varios miembros del ejército, por primera vez en este país, fueron declarados culpables de este crimen el año pasado, pero sus abogados defensores presentaron una apelación ante un tribunal de segunda instancia.
También aparecen involucrados oficiales militares en el juicio por la masacre del pueblo de Dos Erres, donde fueron víctimas miembros de una comunidad indígena en 1982, durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt, actual presidente del Congreso unicameral.
La legisladora Nineth Montenegro, de la izquierdista Alianza Nueva Nación (ANN), entiende que la situación judicial en el país está cambiando, «aunque es cierto que todavía los militares mantienen un poder real».
Montenegro comentó a IPS que, pese la existencia de actos de corrupción, «no podemos negar que el sistema judicial ha tratado de depurarse».
Por eso, sostuvo que los procesos en torno a violaciones de los derechos humanos pondrán a prueba al Ministerio Público (fiscalía) y permitirá saber si esa institución goza de una real independencia.
Sin embargo, las expectativas de activistas y parlamentarios de la oposición chocan con el anuncio del gobierno de una fuerte reducción del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, que pasará de 55 millones de dólares en 2001 a 48 millones este año.
Además de los casos por violaciones a derechos humanos, también este año se deben tramitar varios casos de corrupción y presuntas estafas millonarias contra el Estado de parte de funcionarios del gobierno de Alfonso Portillo.
Los analistas coincidieron en la idea de que Guatemala necesita darle un nuevo impulso al avance de sus acuerdos de paz y que un asunto fundamental es probar la eficiencia de su sistema judicial.
«Hay bastantes expectativas para este año, pero a decir verdad, soy poco optimista, lamentablemente creo que no hay señales positivas», concluyó Mack. (FIN/IPS/nms/dm/ip hd/02
