La convocatoria del concurso para asignar 35.000 puestos de maestros en la educación pública de Perú instaló un fuerte debate entre el gobierno y el sindicato, en el cual se pretende contraponer los derechos laborales con la calidad de la educación.
El Sindicato Unico de Trabajadores de la Enseñanza de Perú (Sutep), el más numeroso y combativo del país, rechazó el llamado público del Ministerio de Educación para cubrir 35.000 plazas de las 56.000 ocupadas por personal sin título de maestro y con contrato temporario.
El Sutep planteó, en cambio, que esos cargos sean asignados a quienes obtengan la mejor calificación en un examen en el que participen sólo los maestros que trabajan de manera provisoria.
La educación básica estatal peruana está cubierta con 280.000 maestros, 224.000 de ellos son egresados de institutos pedagógicos de nivel universitario y tienen nombramiento estable.
«Los 56.000 profesores provisorios fueron contratados para cubrir necesidades urgentes y en su momento fueron advertidos de que sus puestos no eran definitivos. La idea es que entre este año y el próximo todo el personal tenga formación pedagógica», explicó Juan Abugattas, viceministro de Educación.
Abugattas aclaró que los profesores que trabajan en condición provisoria no están excluidos de intervenir en el concurso, «pues se reconoce su experiencia, pero, por carecer del grado académico necesario, deben demostrar sus conocimientos mediante un examen».
El gobierno del depuesto Alberto Fujimori (1990-2000) intentó normalizar la situación en 1999 con un concurso de oposición de conocimientos, el cual fue aprobado por sólo 16 por ciento de los 110.000 aspirantes que se presentaron, 55.000 de los cuales eran maestros contratados.
El ministro de Educación, Nicolás Lynch, y el líder del sector estatal del Sutep, Olmedo Auris, aparecen a la cabeza de la polémica que parece enfrentar la calidad educativa con la defensa de los derechos laborales.
Lynch y Auris fueron compañeros de ruta política en la década del 80, cuando ambos eran dirigentes del marxista frente Izquierda Unida.
El responsable de la cartera educativa conforma junto a los ministros Fernando Villarán, de Trabajo, Fernando Rospigliosi, de Interior, y Diego García Sayan, de Relaciones Exteriores, el grupo de izquierdistas del gobierno de Alejandro Toledo, cuya línea económica es definidamente neoliberal.
El funcionario y el líder sindical se acusan recíprocamente de conservadores. Lynch calificó a Auris de anacrónico, «pues defiende el predominio de la mediocridad y frena la modernidad del sistema educativo».
«Pretendemos incorporar a la educación los conceptos y las técnicas de la modernidad y entrar en la era cibernética globalizada, para lo cual necesitamos elevar el nivel de los maestros, pero 20 por ciento de nuestros maestros carecen de la formación necesaria para asumir ese reto», aseguró Lynch.
«Sostener que lo prioritario en la educación es la estabilidad de los empleos de esos profesores deficientes, como pretende el sindicato magisterial, resulta retrógrado», añadió.
Auris respondió señalando que «Lynch se ha convertido en un burócrata al servicio del neoliberalismo económico y ha perdido de vista los intereses de la clase trabajadora».
En cambio, Lynch sostuvo que «el Sutep actúa en la práctica en contra del interés de los sectores más pobres de la población, porque obstaculiza la renovación del sistema de educación pública, lo cual perpetúa la ventaja de los niños cuyos padres pueden pagar escuelas particulares».
Lynch, profesor universitario y sociólogo, se dio maña para convertir en un debate axiológico la discusión sobre la manera de incrementar en la educación pública la proporción de profesores con formación universitaria o con conocimientos pedagógicos calificados.
Auris trató de evadir la definición y finalmente replicó que, «en última instancia, el derecho de los estudiantes de las escuelas públicas a tener los mejores profesores se conseguirá elevando el sueldo de los profesores y proporcionándoles cursos de formación».
La educación pública peruana, que es gratuita en primaria y secundaria, abarca a casi seis millones y medio de alumnos que concurren a 48.000 escuelas distribuidas en todo el país.
Estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura indican que la enseñanza pública de Perú es una de las más deficientes de América Latina, mostrando los peores resultados en comprensión de lenguaje y lógica matemática.
Además, informes del propio Ministerio de Educación señalan que 31 por ciento de los alumnos que cursan actualmente primaria o secundaria no aprobará las materias a estudio.
Esa investigación agrega que 48 por ciento de los alumnos que comenzó la educación básica en 1988 y que debería egresar este año, ya abandonó las aulas a distintos niveles de formación.
Ante esta realidad, Abugattas puntualizó que se debe «hacer una transformación real de la educación pública, pues no podemos seguir emparchando el sistema si pretendemos que el sector pobre de la población tenga la oportunidad de acceder a una enseñanza de calidad».
Sin embargo, Auris pone énfasis en que las deficiencias tienen su explicación en los sueldos que reciben los maestros peruanos, «que son los peor pagados de la región, con un promedio de 200 dólares mensuales.
«Con sueldos semejantes, no se les puede exigir mucho», aseguró.
«Mientras se pague tan poco, los mejores elementos, los más dotados, abandonarán el magisterio para dedicarse a otras actividades. De modo que, si se quiere elevar el nivel del profesorado, en lugar de hacer exámenes exigentes se deben mejorar los sueldos magisteriales», explicó.
Consecuente con estas premisas, Auris pidió que en el concurso convocado ahora por el Ministerio de Educación no se exija nota mínima a los concursantes, sino que los nombramientos se asignen a los 35.000 que obtengan las mejores calificaciones.
Tampoco está de acuerdo con la propuesta de Lynch de incluir a representantes de los padres de familia en los procesos de evaluación de los maestros concursantes.
«Los padres de familia no conocen la metodología pedagógica y no pueden calificar a los profesores», sostuvo Auris. (FIN/IPS/al/dm/ed/02
