La caída en Argentin del régimen de convertibilidad de la moneda, mantenido durante 11 años con tipo de cambio invariable, puso en debate en Ecuador la dolarización que rige desde enero de 2000 como medio de estabilización de precios.
Mientras los analistas económicos confrontan cifras macroeconómicas en la polémica, la población saca sus conclusiones de acuerdo con el impacto de la dolarización en los productos de primera necesidad.
Aunque para algunos economistas los datos de la macroeconomía son alentadores, muchos ecuatorianos aún no sienten beneficios frente al incremento de la canasta básica.
Los defensores de la dolarización sostienen que el crecimiento económico de 5,3 por ciento logrado por Ecuador en 2001, un año de recesión internacional, es consecuencia de la adopción del dólar como moneda.
Por su parte, los detractores del sistema impuesto afirman que también Argentina tuvo un alto crecimiento en los años siguientes a la aprobación del régimen de convertibilidad del peso, pero finalmente cayó en la bancarrota y en la devaluación.
El analista Alberto Acosta observó que el sistema monetario dispuesta en Ecuador no aportó beneficios concretos a la población, pues no hubo mejora en materia de empleo, se priorizó la importación de bienes de consumo sobre la producción y el poder adquisitivo de la mayoría de los ecuatorianos no aumentó.
Acosta dijo que la reactivación se debió en gran medida al impulso otorgado a la industria de la construcción por los 1.200 millones de dólares enviados por emigrantes ecuatorianos, una suma destinada en gran parte a construir viviendas.
Los partidarios de la dolarización arguyen que la caída de la inflación en 2001 es consecuencia directa de la aplicación del nuevo régimen monetario.
Mauricio Pozo, de la revista económica Gestión, afirmó que la ausencia de devaluación y la imposibilidad de que el Banco Central del Ecuador emita moneda colaboraron con la reducción de la inflación.
Otros economistas señalaron que, si bien la inflación se redujo, al situarse en 22,44 por ciento en 2001, frente a 91 por ciento en 2000, «hay que tener en cuenta que se trata de una inflación en dólares».
«Sigue siendo una inflación muy superior a la de otros países de la región que mantienen su moneda y no tienen un tipo de cambio fijo», dijo Acosta.
Vendedores y consumidores de los mercados de Quito indicaron que el incremento de muchos precios es mayor desde que el dólar reemplazó al sucre como moneda en curso.
Rosa Murillo, una vendedora, explicó que está obligada a trasladar a los precios el aumento de los combustibles, del transporte y la electricidad, para «tener alguna ganancia».
«A partir de la dolarización se están importando papaya, papas y otra verduras que se producen acá. Es un ataque directo a los pequeños productores, que tendrán que vender sus lotes y venirse vivir de desempleados en la ciudad», dijo Murillo.
El costo de la canasta básica familiar es de 313,56 dólares por mes, mientras que el salario mínimo está fijado en 115, dólares, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Pese a su defensa de la dolarización, Pozo reconoció presiones sobre los precios.
«Algunos indicadores demuestran que en determinados meses, el monto de dólares que ha ingresado a la economía no ha podido ser absorbido adecuadamente, generando por lo tanto una suerte de inflación de origen monetario», comentó.
A juicio de Pozo, lo más positivo de la dolarización es que impide al gobierno el manejo de la política monetaria.
No hay posibilidad de financiar déficit fiscales con impresión de moneda provocando inflación, tampoco se puede «pagar a depositantes de bancos quebrados con emisión de dinero sin respaldo en reservas internacionales, y es imposible apoyar artificialmente a los exportadores con devaluaciones», señaló.
«La dolarización también colaboró en configurar un programa económico con el respaldo de los organismos internacionales, sin cuyo concurso habría sido bastante más complicado reducir la deuda Brady a deuda en forma de bonos globales» y aprobar las leyes que permiten las privatizaciones, agregó.
Según Pozo, la dolarización, la convertibilidad, los tipos de cambio fijos, los tipos de cambio flexibles o las bandas cambiarias son buenas o malas recetas en función de lo que se haga en el manejo global de la política económica.
«Si no se arreglan las finanzas públicas, si no se resuelve la crisis financiera, si las reservas internacionales no son suficientes, si no ganamos en productividad, si no independizamos las decisiones económicas de las políticas, ningún régimen cambiario va a tener permanencia en el tiempo», advirtió.
El caso de Argentina, cuyo gobierno anunció el domingo la devaluación del peso en 28,5 por ciento, «es un ejemplo de la importancia de arreglar los problemas de fondo», afirmó Pozo.
En opinión de Acosta, el caso argentino es sólo un ejemplo de las consecuencias de «una camisa de fuerza» como la dolarización o la convertibilidad.
Para otros analistas, el abandono de la convertibilidad es sólo un paso de Argentina hacia la dolarización. Así lo cree Gerard Coffy, del Instituto de Estudios sobre la Globalización.
Coffy afirmó que Argentina se encamina a la «implentación de la dolarización como aspira el Fondo Monetario Internacional (FMI)».
«Tanto Estados Unidos como el FMI buscan que los países de América Latina vayan hacia la dolarización antes de que se implemente el Area de Libre Comercio de las América (ALCA), y Argentina está en ese camino», afirmó.
«Está sucediendo lo que ya ocurrió en Ecuador, donde primero se devaluó y luego se fue a la dolarización», agregó.
Los detractores de la dolarización señalan como otro ejemplo, para sostener su argumentación, que la balanza comercial de Ecuador tuvo el año último un déficit de 508 millones de dólares, debido al incremento en 50 por ciento de la importación de bienes de consumo.
«Es muy semejante a lo que ocurrió en Argentina donde la convertibilidad provocó un aumento de las importaciones en detrimento de la producción nacional y muchas industrias quebraron, provocando un mayor desempleo», dijo Coffy. (FIN/IPS/kl/ff/if/02
