Activistas y medios de prensa de Venezuela destacaron este miércoles la anunciada visita del secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que examinará la situación de la libertad de expresión en el país.
«Nosotros lo valoramos como un hecho positivo, porque le va a permitir a la CIDH hacerse un panorama directo, en el propio lugar de los hechos, y sobre esa base ver qué acciones toma en el futuro», dijo a IPS José Gregorio Guarenas, coordinador de la Vicaría de los Derechos Humanos, ligada a la Iglesia Católica.
Guarenas, que viajó dos veces en 2001 a la sede de la CIDH, en Washington, para presentar casos relacionados con Venezuela, dijo que acciones como la anunciada visita de Santiago Cantón a Caracas «es una muestra que la defensa de los derechos humanos no tiene frontera».
La CIDH dictó medidas cautelares el 9 de este mes, después de recibir una denuncia del diario El Nacional, cuya sede fue bloqueada por más de una hora el día 7 por unos 40 simpatizantes del presidente Hugo Chávez.
Los manifestantes acusaron al periódico de «decir mentiras» y participar de «una campaña mediática» en contra del proceso político «revolucionario» que desde febrero de 1999 encabeza Chávez, quien el día anterior a la protesta también criticó duramente, como en los últimos meses, a El Nacional.
El presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, expresó su beneplácito este miércoles por el anuncio de la visita a principios de febrero de Cantón y por las medidas cautelares de la CIDH.
La CIDH solicitó a las autoridades protección para los periodistas e instalaciones de El Nacional, la investigación de los hechos, la determinación de responsabilidades y garantías para el libre ejercicio de la libertad de expresión.
«El respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión son incuestionables y están garantizados en la Constitución de la República», aseguró el ministro de Relaciones Exteriores Luis Alfonso Dávila desde Washington, que comversó en esa ciudad con Cantón.
Dávila realizó un viaje no previsto a Washington para fijar posición ante la CIDH y debido a la sorpresiva renuncia del embajador venezolano ante Estados Unidos, Ignacio Arcaya, presentada presuntamente por diferencias políticas con el gobierno.
El canciller afirmó que el derecho a la disidencia, la crítica y la protesta están garantizados en Venezuela, «al extremo de que durante el ejercicio de nuestro gobierno ningún ciudadano ha sido agredido, reprimido o sometido a prisión por ejercer esos derechos».
Por su parte, Otero dijo que la libertad de expresión está amenazada por el clima «de intimidación», que el 7 de enero se «pasó de las palabras a la acción». Chávez critica frecuentemente en sus alocuciones públicas a los medios de prensa y a sus directores.
«El diario El Nacional lo que da es lástima», dijo el presidente un día antes de la manifestación ante El Nacional. En esa oportunidad dedicó más de 15 minutos a criticar a los medios de comunicación social.
Otero señaló este miércoles que su diario no forma parte de ninguna campaña contra el gobierno y que no se reconoce como «un periódico de oposición».
Mientras, Dávila declaró desde Washington, al referirse específicamente al caso de El Nacional, que el Ministerio del Interior y la Fiscalía General han aplicado las medidas cautelares solicitadas por la CIDH.
Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH y relator saliente para la libertad de expresión en América, confirmó haber acordado con el gobierno una visita a Caracas en los primeros días de febrero que estará relacionada con el caso de El Nacional y con la situación de la libertad de expresión.
Guarenas precisó a IPS que el Foro por la Vida, que reúne a 20 organizaciones no gubernamentales del área de derechos humanos, ha solicitado una evaluación «in situ» de ese tipo y que sólo se espera fijar la fecha conjuntamente con las autoridades.
Agregó que la prevista evaluación se justifica tanto por la situación de la libertad de expresión, como por decisiones del Tribunal Supremo que limitan la actuación de las organizaciones no gubernamentales.
Cantón, después de entrevistarse con Dávila, destacó la disposición del gobierno venezolano a facilitar su visita.
Así mismo, puntualizó que la rápida reacción de la CIDH, que dictó sus medidas cautelares sólo 72 horas después de la anifestación contra El Nacional, no debe interpretarse como «un prejuzgamiento» sobre la situación de la libertad de expresión.
Cantón, en su condición de relator sobre la libertad de expresión, alertó en su informe de 2000 sobre el clima no favorable al pleno ejercicio de ese derecho que fomentaba Chávez con sus intervenciones públicas contra la prensa.
«Las expresiones del presidente Chávez (…) contra comunicadores sociales y medios de comunicación, emitidas desde la posición de autoridad que ocupa el primer mandatario, podrían tener un efecto intimadatorio sobre la prensa y la sociedad», señaló entonces.
El Comité para la Protección de Periodistas, de Nueva York, y la organización Reporteros Sin Fronteras, de París, advirtieron el año pasado que el discurso presidencial podía estimular a partidarios del gobiernos a atacar a los medios de comunicación y a periodistas.
«Yo soy chavista y no creo en lo que dice El Nacional, porque no le dejan pasar una al gobierno, pero también creo que Chávez no debe meterse tanto con esa gente y dedicarse a los problemas que en verdad afectan al pueblo», comentó a IPS José Martínez, un taxista caraqueño de 60 años.
El director del vespertino El Mundo, Rafael del Naranjo, opinó este miércoles que el discurso pronunciado por el martes por Chávez en el parlamento marca «el camino» que debe seguir el propio presidente.
Chávez habló en la víspera «de forma coherente, sin ofender a nadie, ni atacar a los medios», y «comenzó a dejar atrás la diatriba callejera».
Para algunos analistas, el gobierno de Chávez «tiene la piel sensible» a las críticas internacionales y sigue con atención cualquier pronunciamiento de entidades como la CIDH. (FIN/IPS/ac/ff/hd ic/02
