La pena de muerte, aprobada por la mayoría de la población, volverá a ejecutarse en Swazilandia después de 19 años de interrupción, aunque no en la horca, como antes, sino mediante la inyección de sustancias letales.
Las autoridades suspendieron las ejecuciones en 1983 porque, según las autoridades, no había verdugo. Desde entonces, 13 condenados aguardaron un destino incierto, y el rey Mswati le conmutó la pena a cuatro de ellos.
La comisión real de revisión constitucional presentó el año pasado al rey Mswati un informe según el cual la mayoría de los 1,1 millones de habitantes de Swazilandia respaldan la pena capital, abolida en Sudáfrica y Mozambique, los dos países que rodean este reino sin salida al mar.
En 1998, el Ministerio de Justicia colocó anuncios en publicaciones internacionales solicitando aspirantes al puesto de verdugo. Docenas de interesados enviaron sus datos, pero ninguno tenía experiencia en ejecuciones.
Las autoridades no aceptaron ningún candidato y comenzaron a manejar la posibilidad de sustituir el ahorcamiento por la inyección de sustancias letales. «Posiblemente introduzcamos el sistema el año próximo», dijo el ministro de Justicia Maweni Simelane.
La Asociación de Derechos Humanos de Swazilandia, opositora a la pena capital, sugirió que el gobierno prefirió no ejecutar condenados durante 19 años para no llamar la atención sobre la situación general de los derechos humanos en el país.
El gobierno swazi recibe críticas por la vigencia de normas que prohíben la existencia de oposición política y restringen las libertades de expresión y reunión.
«La pena de muerte no resuelve nada. Sólo es una venganza», dijo el presidente de la Asociación de Derechos Humanos, Joshua Mzizi, teólogo y profesor de la Universidad de Swazilandia, cuyo recinto se encuentra a dos kilómetros de la prisión de máxima seguridad Matsapha, donde los condenados están alojados.
Swazilandia, de 17.360 kilómetros cuadrados, tiene un gobierno monárquico basado en un sistema tradicional.
«Somos una sociedad conservadora, y creemos en el castigo bíblico de ojo por ojo y diente por diente», dijo el clérigo evangelista Alpehus Dlaminia.
El rey Mswati conmutó en noviembre a cadena perpetua la sentencia de cuatro condenados a muerte que esperaban la ejecución desde 1982 y que, según las leyes, serán liberados al cumplir 75 años.
Si se cumplen los anuncios del ministro Simelane y las ejecuciones se reanudan el año próximo, cuando la cuerda del verdugo sea reemplazada por la jeringa, comenzará la cuenta regresiva para nueve condenados.
La Asociación de Enfermeros de Swazilandia exhortó a sus miembros a negarse a participar en ejecuciones.
«Los funcionarios que trabajan en hospitales y clínicas del gobierno son empleados del Ministerio de Salud y no del Departamento de Penitenciaría, de modo que nadie puede ordenarles administrar inyecciones letales», sostuvo la declaración.
Muchos se preparan para protestar si se reanudan las ejecuciones. El obispo Ncamiso Ndlovu, que encabeza la Iglesia Católica, religión que profesan cinco por ciento de los swazi, anunció que liderará las protestas.
«Es prerrogativa de Dios tomar una vida humana que sólo El ha dado. No puede hacerlo el hombre», dijo el Ndlovu.
La Sociedad de Leyes de Swazilandia advirtió que las imperfecciones del sistema de investigación policial no garantiza que los condenados a muerte sean culpables.
«No tenemos tecnología de (identificación mediante) ADN en Swazilandia para determinar la culpabilidad o inocencia, pero parece que sí tenemos acceso a la útima tecnología en ejecuciones», dijo un abogado. (FIN/IPS/tra-en/jh/mn/lp/mj/hd/02
