El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, reclamó a los gobiernos que no cedan la protección de los derechos humanos ante el combate al terrorismo.
«Creo que en el largo plazo, descubriremos que los derechos humanos, junto a la democracia y la justicia social, son la mejor profilaxis contra el terrorismo», dijo Annan este viernes al Consejo de Seguridad del foro mundial.
El miércoles, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, pidió a Estados Unidos que respete los derechos de los «prisioneros de guerra» capturados en Afganistán y trasladados a su base de Guantánamo, en Cuba, según el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Ginebra.
Estados Unidos rechazó el carácter de prisioneros de guerra de los 110 detenidos, miembros de la red Al Qaeda y del movimiento fundamentalista islámico Talibán, alegando que se trata de «combatientes ilegales».
Por otra parte, el pronunciamiento de Annan se efectuó tras informes sobre medidas antiterroristas introducidas en varios países luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre, entre ellos, Alemania, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, que violan o permiten la violación de derechos humanos y la vigencia de la ley.
Esas medidas incluyen la detención de ciudadanos extranjeros, el endurecimiento de las leyes migratorias, la vigilancia electrónica sin orden judicial, la deportación de ciudadanos sin visas y el control de la correspondencia y las comunicaciones entre detenidos y abogados defensores.
Annan no se refirió a ningún país en particular, pero sostuvo que las leyes antiterroristas adoptadas por algunos estados «no deben restringir indebidamente los derechos humanos o dar a otros el pretexto para hacerlo».
En su informe mundial publicado la semana pasada, la organización Human Rights Watch (HRW) aseguró que la campaña de Estados Unidos contra el terrorismo «está inspirando ataques oportunistas contra las libertades civiles en todo el mundo».
Países como Rusia, Uzbekistán y Egipto utilizan la guerra como pretexto para justificar campañas militares abusivas o persecuciones a la oposición política interna, afirmó el grupo con sede en Nueva York.
«En Estados Unidos y Europa Occidental, las medidas concebidas para combatir el terrorismo ponen en peligro los principios de derechos humanos abrazados desde hace tiempo», sostuvo HRW.
Hay evidencias de que algunos gobiernos están adoptando medidas que pueden erosionar garantías esenciales, sostuvo el director de la Oficina de Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bacre Ndiaye.
Una resolución unánime del Consejo de Seguridad, adoptada en octubre, instó a los estados miembro a informar al Comité Antiterrorista de la ONU sobre las medidas previstas para iniciar el combate al terrorismo dentro de las fronteras nacionales.
El presidente del Comité, el británico Jeremy Greenstock, informó al Consejo que 133 países ya entregaron sus informes.
«En algunos países se han tomado medidas excesivas para suprimir o restringir garantías individuales, como la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, la protección contra la tortura, los derechos de propiedad, de reunión y de libre expresión, y el de solicitud de asilo», aseveró Ndiaye.
Greenstock afirmó a la prensa que los organismos de la ONU deben controlar la forma en que los estados manejan el proceso en el plano de los derechos humanos.
Todos los países tendrán que realizar reformas legislativas o de otro tipo. Estados Unidos, por ejemplo, debería revisar la autorización a recolectar fondos para el Ejército Republicano Irlandés (IRA), arguyó el diplomático.
Ya que Washington amenazó con represalias a los países que cobijen terroristas y a quienes los financien, el presidente George W. Bush debería bombardear la ciudad estadounidense de Boston, donde reside una numerosa comunidad irlandesa conocida por su respaldo financiero al IRA, sostuvo el mes pasado el intelectual Noam Chomsky.
El embajador de Estados, James Cunningham, afirmó al Consejo que los programas y estructuras antiterroristas inadecuadas no deben ser toleradas.
En su informe, Estados Unidos asegura que cada solicitante de visa, con muy pocas excepciones, es sujeto a una verificación de su nombre en una base de datos que contiene casi seis millones de registros, en su mayoría correspondientes a naciones árabes o islámicas, como Argelia, Egipto, Libia, Jordania, Malasia, Marruecos, Siria y Yemen.
Egipto, por su parte, se presentó en su informe como «pionero en adoptar numerosas restricciones legales y medidas de seguridad para abortar actividades de organizaciones terroristas dentro y fuera del país y destruir sus estructuras».
En los próximos tres meses el Comité revisará los reportes nacionales y entregará comentarios reservados a cada país, aunque puede haber pedidos de aclaraciones o de más información, sostuvo Greenstock.
«El Comité no es un tribunal para juzgar a los estados, y no invadirá áreas de competencia de otras agencias de la ONU. Tampoco va a definir el terrorismo desde el punto de vista legal, si bien tendremos una idea clara del mismo», puntualizó Greenstock.
«Cuando sea necesario decidiremos por consenso si un acto es terrorista. Pero no hay planes de establecer listas de organizaciones terroristas», concluyó. (FIN/IPS/tra- eng/td/aa/dc/hd ip/02
