Las autoridades de Japón aplican la pena a muerte en el máximo secreto, incluso ante los propios condenados, que son informados algunas horas antes de su ejecución.
La ejecución en la horca de dos condenados por homicidio despertó dudas en la opinión pública japonesa, que es mayoritariamente favorable a la pena capital. Pero comienzan a levantarse voces contra ese castigo extremo.
Las ejecuciones se realizan en secreto para evitar protestas. El ministro de Justicia es el único que, por ley, tiene derecho a ordenar la aplicación de la pena y su decisión no es revelada a la opinión pública hasta después de la ejecución.
Toshihiko Hasegawa, de 51 años, y Koijiro Asakura, de 61, fueron ahorcados el 27 de diciembre. Hasegawa asesinó entre 1970 y 1983 a tres personas para cobrar el dinero del seguro de vida. El segundo mató a los cinco miembros de una familia (los padres, dos niñas en edad escolar y un niño de un año) en 1983.
Hasegawa se enteró de que iba a morir apenas dos horas antes de la ejecución, poco después de disfrutar su última comida. Los activistas dicen que el gobierno no entrega los cuerpos a los familiares a menos que éstos presenten un pedido oficial antes de la ejecución.
Las autoridades no divulgaron detalles de la ejecución, pero los abolicionistas aseguraron que estudios forenses sobre el cuerpo de Hasegawa, entregados a su familia, evidencian una agonía de 15 minutos antes de morir asfixiado.
Hasegawa y Asakura fueron los primeros ejecutados en los últimos 13 meses. Hay otros 56 presos, entre ellos dos mujeres, esperando el cumplimiento de su condena.
Organizaciones contrarias a la pena de muerte el 28 de este mes una manifestación en Tokio para exigir al gobierno un debate público sobre la pena de muerte y la necesidad de reformar la ley. Días atrás habían realizado otra protesta, también en la capital.
«No hay debate nacional sobre este asunto. Queremos una discusión completa para advertir a la gente», explicó Akira Ishikawa, de la filial japonesa de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
«Es el deber de esta administración aplicar los castigos que establecen los tribunales, y en carácter de ministro, tomé la decisión en conformidad con las leyes existentes», señaló el ministro de Justicia, Mayumi Moriyama, en un comunicado sobre las ejecuciones.
Los activistas afirman que la pena de muerte es inhuamana y no permite corregir errores judiciales en caso de que se ejecute la condena.
En ese sentido, citan el caso de Sakae Mendo, de 76 años, liberado tras demostrar su inocencia del homicidio del que se lo acusaba, luego de esperar 36 años la muerte.
Nobuto Hosaka, del Partido Social Demócrata, sostuvo que la pena de muerte es inhuamana y «contraria a la tradición japonesa de respeto a la vida».
Shizuka Kamei, del gobernante Partido Liberal Democrático, advirtió que el sistema judicial japonés es muy falible, pues depende demasiado de la confesión de los detenidos en dependencias policiales.
Pero los activistas saben que no es fácil acabar con la pena capital. Menos de 10 por ciento de los consultados para una encuesta de la Oficina del Primer Ministro dijeron apoyar la abolición, mientras 80 por ciento la defendieron porque «contribuye a la estabilidad social».
Pero «las encuestas no necesariamente demuestran cómo debe ser la sociedad», replicó Kamei.
Muchos familiares de sentenciados se niegan a manifestarse en público contra la pena capital pues temen ser discriminados, dado que la mayoría de los ciudadanos respaldan el castigo, señalaron activistas.
El hermano de Hasegawa, Masaharu Harada, dejó de lado los temores y envió una carta a las autoridades pidiendo formalmente la abolición de la pena capital y su sustitución por la cadena perpetua.
El respaldo al movimiento contra la pena de muerte disminuyó aun más con la ejecución de responsables de los atentados cometidos en 1995 por la secta Aum Shinrikyo (Verdad Suprema) con gas sarín en el sistema de trenes metropolitanos, dijo Ishikawa.
El caso criminal más inusual entre los que incolucran la pena de muerte fue el de Mamoru Takuma, un hombre de 35 años con serios problemas mentales, acusado en junio de haber matado a puñaladas a ocho escolares y herido a otros 15.
Su padre afirmó en una declaración pública que su hijo merecía la pena de muerte, y solicitaba ser ejecutado con él. «No tengo palabras para pedirle perdón a las familias de las víctimas por los actos de mi hijo», afirmó.
La parlamentaria europea Emma Bonino, ex comisaria de Asistencia Humanitaria de la Unión Europea, visitó Tokio la semana pasada e instó al gobierno japonés a reconsiderar la aplicación de la condena.
Bonino, al reunirse con un grupo legisladores y líderes del Partido Liberal Democrático, informó que el ministro Moriyama le había prohibido dialogar con un condenado a muerte, con el argumento de que la visita podría «perturbar el estado mental del preso» y que el lugar de reclusión es «sagrado».
La europarlamentaria expresó su malestar y dijo a la prensa que había realizado visitas similares en las ciudades estadounidenses de Chicago y Miami sin que las autoridades pusieran impedimento alguno. (FIN/IPS/tra-eng/sk/js/rp/mj/hd/02
