La corrupción y la brutalidad policial propician el «gatillo fácil» en Guyana, donde las ejecuciones a sangre fría son cada vez más frecuentes, advirtieron organizaciones de derechos humanos y medios de prensa.
Ciento cuarenta personas fueron muertas en los últimos ocho años por disparos de la policía en este país de 700.000 habitantes, y en todos los casos se trató de ejecuciones sumarias, según la oposición. Pero la tendencia se agravó en los últimos meses.
El 1 de enero murió en el hospital estatal de Georgetown Brian King, un conductor de autobús de 33 años y padre de cuatro hijos, baleado a quemarropa siete días antes por un policía.
Las autoridades negaron que la muerte de King tuviera relación con un reclamo que éste efectuó sobre prácticas de soborno en la policía de tránsito, y con sus posteriores apariciones en la televisión local, denunciando acoso policial.
King aseguró ante las cámaras que varios policías de tránsito le habían reclamado el pago de soborno por ignorar infracciones de tránsito menores, y agregó que el público debía conocer esas actividades ilegales.
Unos días más tarde, King fue nuevamente entrevistado en la televisión, cuando denunció que un policía joven lo amenazó con colocarle una bala en la boca si reiteraba sus comentarios públicos.
Fue exactamente lo que ocurrió en la víspera de Navidad: King recibió un balazo en la boca, disparado por un policía, y falleció en el hospital pocos días después.
En una posterior conferencia de prensa, el jefe de policía Floyd McDonald aseguró que el conductor había atacado al funcionario policial con un cuchillo, una acusación que familiares y vecinos negaron con vehemencia.
Algunos altos funcionarios, avergonzados por el incidente, se comunicaron con organizaciones de derechos humanos y periodistas para tomar distancia de las declaraciones de McDonald.
Mientras tanto, enfurecidos ciudadanos, algunos de los cuales se encontraban en el país de vacaciones procedentes de América del Norte o el Caribe, donaron ropa, alimentos y 1.000 dólares a la familia de King para costear los gastos de su entierro.
La explicación policial es un insulto a la inteligencia de los guyaneses, sostuvo el opositor Congreso Nacional del Pueblo (PNC).
Cuando el gobierno decidió reemplazar al jefe de policía Laurie Lewis, en octubre, nombrando en su lugar a McDonald, muchos manifestaron la esperanza de que el nuevo jerarca imprimiera su autoridadad en la fuerza de 3.500 efectivos.
Pero a sólo tres meses, la opinión pública está alarmada por la sucesión de muertes injustificadas con participación policial.
La muerte de King se produjo días después que otro policía disparara cinco veces contra un hombre, en el vecindario meridional de Georgetown, por una disputa amorosa que involucraba a una mujer.
En este caso las autoridades también alegaron que el hombre había atacado al funcionario con un arma cortante, pese a que decenas de vecinos presenciaron el hecho.
Unas semanas antes, policías con armas pesadas dispararon a un estudiante de 12 años en el tobillo, causando la amputación de su pie, mientras perseguían a un supuesto delincuente.
Asustado, el adolescente se había ocultado en un guardarropa, cuando vio acercarse al temido escuadrón policial. El gobierno aseguró que investigará el hecho.
«La población debe defender sus derechos», dijo C.N. Sharma, propietario del canal de televisión que entrevistó a King y candidato a la presidencia derrotado en las elecciones de marzo de 2001.
Sharma dirige una campaña pública para la aclaración de la muerte de King y organiza una marcha multitudinaria para su funeral.
Las muertes de 140 personas por disparos policiales en los últimos ocho años fueron ejecuciones extrajudiciales, sostuvo la parlamentaria opositora y abogada Debra Backer.
«No entiendo cómo algunos ciudadanos sienten que los asesinatos extrajudiciales no tienen que ver con ellos. La brutalidad policial no reduce la criminalidad, como hemos visto en Jamaica», dijo Backer.
También en diciembre, efectivos policiales mataron a Toyin Anderson por su supuesta participación en el asalto y robo a una agencia de cambio de monedas.
Anderson, que se encontraba libre bajo fianza por una anterior condena por robo, fue baleado, desarmado, frente a sus parientes y vecinos, por integrantes del Escuadrón Objetivo Policial, minutos después de cometido el asalto.
En julio, la policía de Aduanas mató a cinco residentes de la oriental localidad de Berbice County, en un operativo para incautar mercaderías ingresadas de contrabando desde el vecino Suriname.
El presidente Bharrat Jagdeo se vio obligado a visitar la zona para apaciguar a la población y ordenó una inmediata investigación de los incidentes. Pero, transcurridos seis meses, las autoridades no han revelado una palabra sobre sus hallazgos. (FIN/IPS/tra- eng/bw/aa/dc/hd ip/02
