Estados Unidos suspendió este miércoles el traslado de prisioneros desde Afganistán a su base naval en Guantánamo, Cuba, en medio de un debate internacional sobre la condición de los detenidos, militantes de Talibán y de la red Al Qaeda.
Funcionarios del Departamento de Defensa aclararon que la suspensión no se debe a las crecientes críticas por el trato dado a los 158 detenidos que fueron confinados en las últimas dos semanas en Guantánamo, a los que Washington insiste en calificar de «combatientes ilegales».
Los prisioneros pertenecen a la red Al Qaeda, a la que Estados Unidos acusa de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, y al derrocado movimiento afgano Talibán.
La interrupción dispuesta se debió a razones de espacio y a la necesidad de construir más celdas para acomodar a varios cientos de prisioneros que las fuerzas estadounidenses mantienen en Afganistán, aseguraron las autoridades.
Sin embargo, la Casa Blanca, afectada por las críticas internacionales, ingresó este miércoles de lleno en el debate.
El portavoz Ari Fleischer defendió la decisión de mantener a los detenidos en Guantánamo sin otorgarles la condición de «prisioneros de guerra», pues si fueran liberados «volverían a involucrarse en asesinatos».
«Son lo peor de lo peor y han sido detenidos por su voluntad y su entrenamiento para asesinar, destruir, participar en actos suicidas y arrastrar a otros con ellos», dijo a la prensa el funcionario de la Casa Blanca.
El presidente George W. Bush está «completamente satisfecho» con las condiciones de la reclusión, agregó Fleischer.
Tales condiciones son motivo de preocupación dentro y fuera de Estados Unidos. Diversos informes aseguran que los detenidos están recluidos en celdas o «jaulas» individuales de concreto, de 2,5 metros de largo por 2,5 metros de ancho, con paredes laterales de alambre e instaladas al aire libre.
Varias fotografías e imágenes publicadas la semana pasada mostraron a los prisioneros arrodillados frente a sus guardianes, encadenados de pies y manos, con los ojos tapados y las bocas cubiertas por máscaras de cirugía.
Las fotografías encendieron una tormenta de críticas en Europa, donde los diarios acusaron a Washington de abuso e incluso de tortura.
El Comité Internacional de la Cruz Roja sugirió que al divulgar las imágenes, el Pentágono (ministerio de Defensa) podría estar violando las previsiones de la Convención de Ginebra, que impiden la humillación y exposición pública de los detenidos.
En una larga aparición frente a la prensa, el secretario (ministro) de Defensa, Donald Rumsfeld, admitió el martes que la publicación de las imágenes fue «probablemente desafortunada», pero insistió en que fueron tomadas inmediatamente después de la llegada de los prisioneros, tras un vuelo de 20 horas desde Afganistán.
Las cadenas y otras restricciones se utilizan sólo para llevarlos de un lugar a otro, sostuvo Rumsfeld. «No he hallado un solo indicio que sugiera que alguien no fue tratado humanamente», puntualizó.
La situación de los prisioneros de Guantánamo es el último de una serie de hechos que crearon tensiones entre el gobierno de Bush, por un lado, y sus más cercanos aliados europeos, funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y organizaciones de derechos humanos, por otro.
La Cruz Roja Internacional, que envió una misión a la base de Guantánamo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, los gobiernos de Alemania, Holanda y Suiza y Amnistía Internacional reclamaron a Washington que reconozca a los detenidos como «prisioneros de guerra», según las convenciones internacionales vigentes.
Estados Unidos alega que los prisioneros no cumplen con la definición, pues no siguen una cadena de mando, no utilizan «un emblema distintivo reconocible a distancia, ni portan armas abiertamente».
El derecho internacional requiere que los prisioneros sean alojados en condiciones «tan favorables» como las de los soldados estadounidenses, y que sus interrogatorios se limiten a conocer nombre, fecha de nacimiento, rango y número de serie de los combatientes.
Cualquier juicio debe satisfacer las garantías elementales de un proceso justo, y, al concluir las hostilidades, los prisioneros deben ser repatriados.
Si existen dudas acerca de la condición de «prisionero de guerra», el derecho internacional exige que sea tratado como tal hasta que un tribunal competente determine lo contrario.
El decreto de Bush que autorizó la creación de comités militares para juzgar a líderes de Al Qaeda y del Talibán, sin las garantías del debido proceso y sin derecho de apelación, provocó intensas críticas de organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Estados Unidos.
Además, la oposición del Departamento de Defensa al despliegue de tropas de paz para proteger los cargamentos de ayuda humanitaria para la población afgana, mientras continuaba los bombardeos en las montañas orientales, fue denunciada por altos funcionarios de Gran Bretaña, el principal aliado de Washington.
La única «determinación» de Washington fue ganar su guerra «de alta tecnología, al estilo del lejano oeste», sin considerar «los corazones y las mentes» de los afganos, ni del mundo islámico en general, sostuvo el jefe del ejército británico, Michale Boyce.
El destino de los detenidos en Cuba crea problemas similares. La difusión de las imágenes sólo encenderá el resentimiento y la humillación en el mundo árabe, señalaron los críticos.
Washington tiene como pririodad obtener información de los «terroristas convencidos», que permita impedir futuros ataques y desmantelar al red Al Qaeda, dijo Rumsfeld.
Amnistía Internacional, por su parte, pidió a Estados Unidos que le permita enviar una delegación a Guantánamo y advirtió que «mantener a los prisioners incomunicados, y privados de sus sentidos, y otras tácticas humillantes son técnicas clásicas para quebrarlos con miras a los interrogatorios». (FIN/IPS/tra- eng/jl/dc/dv ip/02
