La justicia ordenó este lunes en Chile el arresto y encausamiento penal de un general retirado y de otros nueve ex agentes represivos, como autores de las últimas cinco desapariciones forzadas en la dictadura de Augusto Pinochet (1973- 1990).
El juez Mario Carroza acusó al general retirado Hugo Salas Wenzel, director en 1987 de la Central Nacional de Informaciones (CNI), de ser el autor intelectual del secuestro en 1987 de cinco jóvenes, supuestos militantes del insurgente Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
Carroza dictó igualmente autos de detención y procesamiento contra el mayor Alvaro Corbalán, el coronel Kranz Bauer, el capitán Luis Sanhueza y otros seis ex agentes de la CNI, todos ellos retirados del ejército.
José Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Julio Muñoz Otárola, Manuel Sepúlveda Sánchez y Gonzalo Valenzuela Navarrete fueron detenidos por la CNI entre el 9 y el 10 de septiembre de 1987.
La acción represiva fue ejecutada por una brigada bajo el mando de Corbalán, jefe de operaciones de la CNI, quien mantuvo a los cinco supuestos miembros del FPMR en recintos secretos.
Las autoridades dictatoriales negaron las detenciones, pese a que se presentaron recursos de amparo a favor de los cinco presuntos «frentistas» ante los tribunales.
Según los antecedentes recopilados en el proceso, los cadáveres de Peña, Pinochet, Muñoz, Sepúlveda y Valenzuela habrían sido arrojados al mar frente al puerto de San Antonio, 100 kilómetros al oeste de Santiago.
Las investigaciones del juez Carroza indican que Salas Wenzel ordenó la detención de los cinco jóvenes como represalia por el secuestro del coronel de ejército Carlos Carreño, realizado el 1 de septiembre de 1987 por un grupo del FPMR.
Carreño permaneció en poder de sus captores durante 93 días, hasta que fue liberado el 2 de diciembre en Sao Paulo, hasta donde lo llevó el FPMR, burlando el operativo de búsqueda en Chile y controles fronterizos en este país, Argentina y Brasil.
El auto de procesamiento contra Salas Wenzel, Corbalán y los otros ocho ex agentes aclara que judicialmente no se ha establecido que los cinco desaparecidos hubieran sido canjeados por Carreño.
Los 10 militares retirados están detenidos en diversas reparticiones militares, ya que están comprometidos en otros crímenes contra los derechos humanos, cometidos por la CNI en la última fase del régimen dictatorial del general Pinochet.
Salas Wenzel y Corbalán están también bajo arresto por el asesinato de otros 12 supuestos «frentistas», cometidos por la CNI en junio de 1987 en cuatro operativos en Santiago, conocidos como la «Operación Albania».
Corbalán fue condenado además en primera instancia a presidio perpetuo por el homicidio en 1983 del carpintero Juan Alegría, y arriesga una pena similar por su responsabilidad en el asesinato del sindicalista socialdemócrata Tucapel Jiménez, cometido por agentes represivos en febrero de 1982.
Todos estos delitos no están cubiertos por la ley de amnistía que expidió el propio Pinochet en abril de 1978, que favoreció a los autores de crímenes contra la humanidad cometidos desde abril de 1973 hasta esa fecha.
El abogado Nelson Caucoto, acusador en el caso de los cinco últimos desaparecidos de la dictadura, señaló que la justicia ha logrado aclarar 21 crímenes cometidos por la CNI en un año, entre septiembre de 1986 y el mismo mes de 1987.
Caucoto aludió así a los secuestros y homicidios del periodista José Carrasco y de otros tres izquierdistas, cometidos entre el 7 y el 8 de septiembre de 1986 como represalia por el atentado del FPMR contra Pinochet, en el cual murieron cinco escoltas del entonces dictador.
A este crimen múltiple se sumaron en junio de 1987 las 12 víctimas de la «Operación Albania» y en septiembre del mismo año la desaparición forzada de los cinco supuestos miembros del FPMR.
Caucoto aclaró que hasta el momento el juez Carroza estableció la participación de los 10 inculpados en los secuestros de dos de los cinco jóvenes.
«Uno podría hacer una apuesta y decir que los cinco casos van a ser resueltos. Se podría asegurar que en los cinco casos participan las mismas personas. Lo importante es que el juez está actuando con absoluta responsabilidad», comentó el abogado.
El nuevo encausamiento de ex jerarcas y agentes de la CNI coincidió con la investidura del juez Mario Garrido Montt como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de Hernán Alvarez, quien completó su periodo de dos años en el cargo.
Garrido Montt sostuvo, tras asumir la presidencia del Poder Judicial, que las violaciones de los derechos humanos heredadas de la dictadura de Pinochet son «un problema complejo».
«En lo que atañe al Poder Judicial, se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para cumplir con las aspiraciones de la sociedad», afirmó.
Entre los asuntos pendientes para la magistratura está el de esclarecer la suerte de unos mil desaparecidos durante el régimen dictatorial.
Garrido Montt fue designado miembro de la Corte Suprema de Justicia durante el primer gobierno de la transición democrática por el presidente Patricio Aylwin (1990-1994).
El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia votó en agosto de 2000 a favor del desafuero legislativo del ex dictador Pinochet, para que fuera juzgado por 17 secuestros y 58 homicidios cometidos en 1973 por una misión especial del ejército, conocida como la «caravana de la muerte».
La Corte de Apelaciones ordenó cerrar el proceso a Pinochet en julio pasado, por la supuesta demencia del ex dictador y la Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse sobre dos recursos para reabrir el juicio. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/02
