Las discrepancias por el estado de los derechos humanos en Cuba podría marcar por segundo año consecutivo las relaciones del gobierno de Fidel Castro con varios países de América Latina.
Al menos dos de los 11 países latinoamericanos miembros de la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) podrían patrocinar este año una nueva resolución de condena a La Habana, afirmó el canciller cubano Felipe Pérez Roque.
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela estarán representados en la Comisión de la ONU, que se reunirá en Ginebra entre marzo y abril, por primera vez en 50 años sin Estados Unidos entre sus 53 miembros.
Sin embargo, Pérez Roque afirmó a la televisión estatal cubana en la noche del miércoles que está en marcha una «conspiración» organizada desde Estados Unidos para que la Comisión apruebe una nueva condena a Cuba.
República Checa, que en los últimos tres años presentó ante la Comisión de Derechos Humanos la moción de condena a La Habana, desea que sea otro país el que la promueva en la próxima sesión en Ginebra, indicó el canciller cubano.
«Los checos andan desesperados buscando su relevo ante el temor de que, si no aparece, le vuelva a tocar este año presentar» la propuesta, sostuvo.
La «jugarreta» en que según Pérez Roque participarían diplomáticos estadounidenses y checos, tiene la finalidad de que países latinoamericanos se encarguen de introducir la moción.
«Sabemos bien que hay algunos países latinoamericanos, algunas cancillerías, que están entusiasmados, destacándose por sobre los otros en su protagonismo y su deseo de colaborar en esta maniobra», dijo.
El gobierno cubano, aseguró, conoce las gestiones diplomáticas para presionar a los países de América Latina «mucho más de lo que se podría imaginar», pero los detalles de esos contactos serán revelados sólo «si fuera preciso».
Pérez Roque participó durante dos horas en una mesa redonda televisada a la que asistieron como espectadores el presidente Fidel Castro y el vicepresidente Carlos Lage.
El programa, que se transmite diariamente por orientación del gobierno, sucedió a una visita realizada esta semana a Washington por el canciller argentino Carlos Ruckauf.
Según informes de prensa, además de la actual crisis económica que sufre Argentina, el caso de Cuba fue también abordado por Ruckauf en su reunión con el secretario de Estado (canciller) estadounidense Colin Powell.
Ruckauf y Powell hablaron «de la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano, la posición común del gobierno argentino y el gobierno estadounidense, una posición común que vamos a sostener» en la ONU, afirmó el martes el secretario de Relaciones Económicas Internacionales argentino Martín Redrado.
«No creí posible tanta vocación para el ridículo, y realmente no vi nunca una dosis tan elevada de falta de coraje», respondió Pérez Roque, quien afirmó que esta posición no es compartida por el pueblo argentino ni por todos los políticos de ese país.
Las relaciones diplomáticas entre La Habana y Buenos Aires se deterioraron sensiblemente en febrero de 2001, cuando el presidente Castro afirmó que el gobierno argentino «lamería las botas yanquis» si votaba la moción checa en Ginebra.
Las discrepancias por las declaraciones de Castro causaron el retiro del embajador argentino en Cuba y la cancelación de la firma de un acuerdo entre La Habana y Buenos Aires que habría sido un paso hacia un eventual acuerdo marco con el Mercado Común del Sur (Mercosur), bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Las críticas oficiales cubanas a Argentina se extendieron en abril a Costa Rica, Guatemala y Uruguay, los otros tres países latinoamericanos que, según La Habana, se plegaron «a los designios yanquis».
La moción promovida por República Checa fue aprobada en abril por 22 votos a favor, 20 en contra, 10 abstenciones y una ausencia. Cuba fue condenada año tras año en la Comisión de Derechos Humanos desde 1990, con la única excepción de 1998.
La votación en Ginebra generó también un fuerte altercado entre Pérez Roque y su homólogo mexicano Jorge Castañeda. Aunque México se abstuvo, el canciller cubano afirmó que Castañeda hubiera querido apoyar la moción.
La tensión entre México y Cuba aplazó casi un año una anunciada visita del presidente mexicano Vicente Fox a La Habana, que finalmente se realizará este domingo y el lunes.
El gobierno mexicano debió anunciar, como parte de las negociaciones previas a la visita, que Fox se abstendría de reunirse en Cuba con representantes de organizaciones opositoras que actúan en la ilegalidad.
Lo que se dirime en Ginebra no es la situación de los derechos humanos en Cuba sino el derecho de este país a tener «un sistema propio», de corte socialista, sostuvo Juan Antonio Fernández, director de Asuntos Multilaterales de la cancillería.
El gobierno de Castro considera paradójico que la situación de los derechos humanos en Cuba sean el único caso latinoamericano que año tras año considera la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Las autoridades aseguran que en Cuba se garantizan, como en ningún otro país de América Latina y el Caribe, los «derechos más elementales» como la vida, la salud, la alimentación, la educación y el empleo.
La ausencia de determinadas garantías civiles, como la libertad de asociación, reunión y expresión, son atribuidas por el gobierno al conflicto de más de 40 años entre este país y Estados Unidos, acusado de promover la subversión interna contra Castro.
Unas 210 personas están presas en Cuba por razones políticas, según una lista parcial publicada el 17 de este mes por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, organización no reconocida pero tolerada por el gobierno.
Esta comisión, considerada de oposición moderada, afirmó que desde la pasada década se nota una lenta disminución del número de presos políticos, pero que las condiciones de reclusión son deplorables. (FIN/IPS/da/mj/hd ip/02