El gobierno de Colombia y las insurgentes FARC anunciaron este lunes su decisión de regresar a la mesa de negociaciones, informaron los mediadores internacionales poco antes de que expirara el último plazo para su gestión.
El grupo de 10 países facilitadores del diálogo de paz y el representante en Colombia del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), James Lemoyne, aseguraron que el gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) reconocieron que hay garantías para reanudar las negociaciones.
La declaración que los mediadores divulgaron en la sudoriental ciudad de San Vicente del Caguán fue aprobada tanto por el presidente Andrés Pastrana como el jefe de las FARC, Manuel Marulanda, dijo el embajador de Francia, Daniel Perfait, portavoz del grupo.
Perfait destacó los esfuerzos de las partes para mantener el proceso de paz y reiteró el apoyo de los países facilitadores – Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela- a la búsqueda a «una salida política negociada al conflicto colombiano».
El gobierno y las FARC manifestaron su decisión de poner en marcha «en breve plazo» el acuerdo de San Francisco, de octubre, que propone el cese al fuego y de hostilidades (secuestros, ataque a poblaciones y hostigamientos a la población civil).
La declaración se produjo cuatro horas antes de vencerse el plazo que Pastrana concedió hasta las 02:30 GMT del martes a las FARC para abandonar la zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros, en el sudeste, que ha sido la sede del diálogo bilateral.
Pastrana suspendió el diálogo el 9 de este mes ante la exigencia de los guerrilleros de levantamiento de los controles que el ejército impuso en la periferia del área desmilitarizada.
Las FARC rechazaban reclamaban también el fin de la prohibición de ingreso de extranjeros en la misma zona y de los sobrevuelos de la fuerza aérea.
El presidente condicionó la reanudación de las negociaciones – que las FARC mantenían congeladas desde el 17 de octubre- al retiro de las exigencias de los rebeldes y al compromiso de éstos de buscar un acuerdo de cese al fuego y de hostilidades.
Este lunes, el mandatario se reunió con representantes de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría del Estado, para considerar medidas de normalización de las actividades en los cinco municipios de la zona de distensión, que estuvieron bajo control de los insurgentes desde la retirada del ejército el 7 de noviembre de 1998.
El diputado Antonio Navarro, líderl del ex guerrillero M-19, señaló que sólo mediante la negociación será posible poner fin al conflicto armado. La ruptura del diálogo entre el gobierno y las FARC habría sido «una mala noticia para todos los colombianos», agregó.
Navarro destacó la mediación de la comunidad internacional, que hizo posible la reactivación de un proceso que parecía moribundo.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, dio a conocer este lunes un comunicado en el que instó nuevamente a las partes a realizar, pese a la profundidad de la crisis, todos los esfuerzos a su alcance para avanzar en las negociaciones.
Annan apuntó que «deben tomarse todas las medidas para proteger a la población civil en la zona desmilitarizada, y demandó «un acuerdo que asegure el respeto del derecho internacional humanitario» en el país.
Carlos Lozano, miembro de la Comisión de Notables, que presentó propuestas a fines de 2001 para revitalizar el diálogo, dijo a IPS que se debe reivindicar el proceso de paz «porque es la única salida que tiene el conflicto» armado interno.
El proceso «ha demostrado que es posible y ha producido acuerdos importantes, como el de la agenda común sobre los temas de la negociación», comentó Lozano, director del semanario Voz, del Partido Comunista.
El gobierno y las FARC iniciaron las conversaciones en enero de 1999, dos meses después de crear la zona desmilitarizada, logrando en su primera etapa acordar una agenda de trabajo de 12 puntos y la realización de audiencias públicas para recoger las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil.
No obstante, el congelamiento del diálogo en distintas oportunidades, la mayoría de las veces por decisión unilateral de la guerrilla, impidió avanzar en las tratativas del primer bloque de cuestiones, que abarca asuntos económicos.
Lozano indicó que en esta nueva etapa el gobierno de Pastrana tendrá que volver a legitimar su relación con la sociedad, ya que hoy existe «un sistema excluyente que retroalimenta la situación de violencia».
Añadió que «el presidente Pastrana no deberá consultar tanto con Washington y retomar el proceso de negociaciones atendiendo directamente las necesidades del pueblo colombiano».
Para las FARC, el primer asunto que debería tratarse a partir de ahora es problema del desempleo en el país, que en diciembre fue de 17 por ciento de la población económicamente activa.
Por su parte, las organizaciones de derechos humanos entienden que la prioridad es alcanzar un acuerdo humanitario y de acatamiento de las normas del derecho internacional en la materia para resguardar a la población civil de las consecuencias de la guerra civil.
El diputado Roberto Camacho, del gobernante Partido Conservador, comentó que las partes deberán revisar «la metodología del proceso, que desde el inicio se llevó de manera equivocada».
La metodología de negociar en medio de la guerra era equivocada y llevó a la profundización de los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y la guerrilla, opinó. (FIN/IPS/yf/ff- dm/ip/02
