Una red de organizaciones no gubernamentales (ONG) pidió al gobierno de Colombia y a las insurgentes FARC que tomen en cuenta las iniciativas de la sociedad civil en las conversaciones para reducir la intensidad del conflicto armado previstas para este miércoles.
El acuerdo alcanzado el domingo por el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) es «un avance sustancial», afirmó Jorge Rojas, coordinador de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codehes), integrante de la red Paz Colombia.
Pero ahora hay que lograr la «democratización» del proceso de paz, señaló Rojas a IPS. Debe haber «más voces, más participación, más legitimidad y, sobre todo, una veeduría de la sociedad civil para que se cumplan los acuerdos y se fortalezca el proceso» de paz, dijo.
La prioridad de las conversaciones tiene que ser el cumplimiento de la palabra empeñada el domingo en la localidad de Los Pozos, situada en la zona desmilitarizada del sudeste, agregó.
En segundo lugar, es preciso «que se den respuestas a las demandas de la población, cansada de la guerra y de la pobreza, y que (el gobierno y los rebeldes) tengan en cuenta los temas de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario».
El conflicto armado se cobra diariamente unas 20 víctimas, aunque sólo cinco en combate franco, según organizaciones de defensa de los derechos humanos. La mayoría de los muertos son no combatientes.
El ejército informó este martes, dos días después del compromiso de Los Pozos para discutir un acuerdo que reste intensidad al conflicto, que las FARC y otra organización rebelde, el Ejército de Liberación Nacional, derribaron siete torres de transmisión eléctrica.
Los atentados afectaron la prestación el servicio de energía en el sudeste y el centro del país.
La población de San Vicente del Caguán, sede del diálogo entre el gobierno y las FARC, recibió con una mezcla de alegría e incertidumbre la noticia de la reanudación formal de las conversaciones y la prórroga hasta el 10 de abril del decreto que mantiene al ejército fuera de la zona de distensión.
«Al menos no tuvimos que salir corriendo», dijo a IPS una habitante de Los Pozos, localidad situda en San Vicente del Caguán, uno de los cinco municipios englobados en el área desmilitarizada.
Es la undécima vez que el gobierno prorroga la vigencia de zona de distensión, un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados, tan grande como Suiza, y que tiene unos 80.000 habitantes.
Los municipios del área son San Vicente del Caguán, el mayor, que alberga a 40.000 personas, La Macarena, Mesetas, Uribe y Vistahermosa. El primero se halla en el departamento de Caquetá, y los demás municipios, en Meta.
En la zona desmilitarizada hay selva, llano y montaña, y las comunicaciones consisten en una red de ríos y de trochas abiertas por la colonización y ampliadas y mantenidas por los guerrilleros.
Para el mantenimiento de la vía entre San Vicente y La Macarena, las FARC cobran a los camiones un peaje equivalente a 15 dólares, y cinco a los vehículos pequeños. Como mano de obra utilizan a pobladores que transgreden sus leyes.
La prórroga dispuesta es de corto plazo. Lo que muchos esperaban era que la zona de distensión tuviera vigencia hasta el final del mandato de Pastrana, el 7 de agosto.
«Muchas veces le he dicho al Comisionado de Paz que se abusa de la buena voluntad de la población que cedió su región para este experimento de paz. Se le ultraja y se le maltrata con esa manera de prorrogar a cuenta gotas», señaló a IPS el alcalde de San Vicente del Caguán, Néstor Ramírez.
«Este gota a gota exprime y aumenta la violencia, cuando se va a terminar un plazo cada cual quiere demostrar su fuerza», comentó un líder cívico de la zona de distensión, Luis López.
Por su parte, Ramírez se quejó también de la exclusión de la población local del diálogo de paz. «Alquilamos la casa para el baile y no nos dejan entrar», dijo.
«Nadie nos consultó. El gobierno entregó esto (el área desmilitarizada) como si fuera una hacienda: con todo y ganado», señaló a IPS un hombre que participó en una marcha por la paz un día antes de saberse que las negociaciones siguen de momento con vida.
Las dos semanas de crisis que precedieron al acuerdo del domingo, cuando vencía el plazo para el retiro de las FARC de la zona de distensión, se vivieron con angustia en San Vicente del Caguán.
Muchos habitantes del municipio empacaron sus pertenencias, para huir del enemigo, los paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). «Mi mujer alcanzó a empacar todo. Nos faltaba sólo amarrar las gallinas», dijo un campesino.
Y un anciano del caserío de Las Delicias, a hora y media de San Vicente, comentó que el domingo, mientras aguardaba la decisión, rogaba a Dios «que se diera una paz magnifica», porque «con el hambre y con esa tensión se llena uno de nervios y no puede trabajar».
Quien así se expresaba tiene 84 años y vivió la violencia de los años 50, que causó medio millón de muertos. «Yo sí sé lo que es la violencia. Es harto (muy) brava; por encima pasan los aviones y por tierra el ejército».
La certeza en que detrás del ejército entrarían los paramilitares en la zona de distensión determinó a varios pobladores de San Vicente del Caguán a negarse a participar en un plan de pavimentación de calles organizado por las FARC.
«Preferimos pavimentar nosotros mismos, para que después no digan (los paramilitares) que somos guerrilleros», explicó un poblador del lugar. Las ONG de derechos humanos han identificado a las AUC como los principales responsables del asesinato de civiles.
Uno de los más angustiados era Alí, un artista que llegó a San Vicente del Caguán al crearse la zona desmilitarizada.
Tras pintar la fachada de algunos negocios con flores y estrellas, Alí aceptó hacer el retrato del jefe de las FARC, Manuel Marulanda, para los carteles del Movimiento Bolivariano, el partido clandestino de la organización guerrillera .
También talló en una roca un grupo escultórico en el que un «Tirofijo» (como se conoce a Marulanda) de 5,30 metros de altura aparece escoltado por cinco guerreros que avanzan con banderas y armas hacia donde los aguarda el libertador Simón Bolívar.
Se trata de un monumento «a la lucha obrera, campesina guerrera y bolivariana por la justicia». Tiene 39 metros de alto por ocho de ancho y se levanta junto a la carretera que conduce de San Vicente a la localidad de Neiva, capital del departamento de Huila, vecino a la zona desmilitarizada.
El escultor teme por el destino de su obra. Cree que si no se logra la paz, será destruida.
Y una certeza lo atormenta: por su trabajo artístico, los paramilitares lo tienen en la mira. Sabe que si las negociaciones fracasan, los hombres del jefe de las AUC, Carlos Castaño, lo pueden buscar. (FIN/IPS/yf/ff/ip hd/02
