El gobierno de Colombia suspendió este miércoles las negociaciones comenzadas hace tres años con las FARC, la mayor organización guerrillera del país, a la que dio 48 horas para retirarse de la zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros en el sudeste donde se realizaban las conversaciones.
El Poder Ejecutivo ha mostrado «el mejor ánimo», y «brindado alternativas que permiten dar perspectivas al proceso (de paz), y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), lamentablemente las han desechado». Sólo insisten en reclamar el fin de los controles de los militares en la zona, dijo el Comisionado presidencial de Paz Camilo Gómez.
El gobierno de Andrés Pastrana tomó su decisión al fracasar una conversación de dos días en la zona de distensión, que está ocupada por las FARC y engloba a cinco municipios. Las dos partes se habían reunido en procura de reanudar las negociaciones de paz, que se imterrumpió hace tres meses.
Gómez, que leyó un breve comunicado en Los Pozos, en la zona desmilitarizada, dijo que «todas las garantías» estaban dadas para la continuación del diálogo de paz.
Las FARC arguyeron que los controles del gobierno, manifestados en vuelos de observación sobre la zona de distensión, la prohibición de ingreso de extranjeros en esa área y el aumento del cordón militar en torno de ella, anulaban las garantías necesarias para el diálogo.
Tras las reuniones en Los Pozos del jueves y el viernes de la semana pasada y del martes y este miércoles, el gobierno concluyó que la organización guerrillera no tenía interés en continuar las negociaciones.
«Después de oír a las FARC en las distintas rondas de discusión en los últimos días, el gobierno entiende que este grupo insurgente no continúa en el proceso de paz y, por lo tanto, han concedido las 48 horas que fueron acordadas desde el principio» para dejar el área neutral.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) había propuesto una mediación internacional para destrabar las negociaciones entre el gobierno y las FARC.
«La presencia de un tercero podría ayudar a impulsar el proceso de paz, que se encuentra en una aguda crisis por la falta de confianza entre las partes», había señalado el nuevo Representante del Secretario General de la ONU para Colombia, el estadounidense James Lemone.
Lemone, que reemplazó el 1 de enero al noruego Jan Egeland, expresó su preocupación por la situación del proceso de paz, tras reunirse este miércoles en Bogotá con Pastrana.
La delegación de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) ha hecho un gran «esfuerzo en los últimos meses, asistiendo a las partes, para encontrar una solución compartida de la crisis actual», añadió el funcionario.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, creó la delegación especial en 1999 para apoyar el esfuerzo de Pastrana de negociar una salida pacífica al conflicto armado con las FARC, iniciados ese mismo año.
Las FARC suspendieron las tratativas de manera unilateral el 17 de octubre, cuando el gobierno intensificó los controles de acceso a la zona desmilitarizada creada para instalar la mesa de diálogo.
El ejército sostiene que la esa área es utilizada por los rebeldes para fortalecerse militarmente, ocultar secuestrados y realizar actividades de narcotráfico.
Por su parte, organizaciones humanitarias indican que en la zona, cuya cabecera es San Vicente del Cagúan, la guerrilla comete violaciones de los derechos humanos contra la población civil.
La propuesta de una mediación internacional para destrabar el proceso de paz también fue planteada por la directora de la Red de Iniciativas para la Paz (Redepaz), Ana Bernal, y por el defensor del pueblo (ombudsman), Eduardo Cifuentes.
«La opinión neutral de un tercero, que pueda hacer aportes muy concretos, puede servir para salvar el proceso», dijo a IPS la directora de Redepaz, una entidad que nuclea a casi 30 organizaciones no gubernamentales impulsoras de una solución negociada del conflicto armado interno.
La guerrilla comunicó el martes, a través de cartas enviadas a varias personalidades, que la ruptura del proceso sería responsabilidad de Pastrana.
Para el comandante de las Fuerzas Armadas, general Fernando Tapias, los controles militares dispuestos por el gobierno «no son negociables con la insurgencia».
Los rebeldes también habían propuesto una conferencia en San Vicente del Cagúan con la participación de militares, la Iglesia Católica, parlamentarios y trabajadores, que se realizaría en San Vicente del Caguán, para evaluar el proceso de paz.
Así mismo, habían sugerido una reunión antes del 20 de este mes, fecha de vecimiento del plazo para la desmilitarización de la zona del diálogo, entre Pastrana y el jefe guerrillero Manuel Marulanda.
Algunos analistas creyeron ver en esas propuestas sólo la intención de las FARC de ganar tiempo y lograr otra prórroga de la zona de distensión. (FIN/IPS/yf/ff/ip/02
